La
ley para devolverle el IVA a jubilados y a beneficiarios de planes
sociales fue aprobada en Diputados con un sinfín de cambios,
destinados a facilitar la aplicación de un beneficio promocionado
por el Gobierno, pero que tendrá un tope mensual de sólo 300 pesos.
“Un IVA progresivo es una nueva herramienta tributaria y un ataque
estructural a la pobreza en Argentina”, celebró Luciano Laspina,
diputado de Cambiemos y miembro informante del proyecto. Pero a Laspina no le alcanzó el debate en la comisión de
presupuesto para convencer a sus pares de otros bloques y cuando la
ley se discutió en particular no tuvo más opción que ceder a los
cambios pedidos por la oposición. Es que Cambiemos no tiene mayoría y ante cualquier rebelión,
coordinada o no, del Frente para la Victoria y el Frente Renovador,
lo obliga a bajar los brazos.
El más atento es Axel Kicillof, quien en la comisión ya había
denunciado que el proyecto es una propuesta de los Bancos para
multiplicar las cuentas en el país.
Para enterrar ese enfoque, real o no, el ex ministro impuso una serie
de cambios, como subsidiar la colocación de posnet y sumar a
comercios mayoristas entre los sujetos obligados.
El posnet gratis quiso evitarse desde el Gobierno pero no hubo caso
ante tanta insistencia. No alcanzó con un compromiso de ayudas
generales: hubo que poner sin costo.
“Recordemos que los comercios minoristas tienen que saber que hay
ley y luego ver como la cumplen”, intentó calmar a sus pares
Laspina, ante tanto pedido de cambios.
Más curioso fue cuando Kicillof logró quitar las facultades
delegadas al Ejecutivo para modificar la ley, con la ayuda clave de
Elisa Carrió. "No hay facultad de delegación en materia
impositiva. Lamento que Kicillof se acuerde ahora", se
despegó.
"Disculpen, estoy mareado, cansado", admitió Laspina,
cuando la democraprogresista Ana Copes le impuso incluir a los
beneficiarios de pensiones de fallecimiento. El diputado del PRO
aceptó.
"Dice calor agregado y no valor agregado", llegó a
corregir Kicillof. Y siguió imponiendo cambios, como un margen de
4 meses para sancionar a los comercios que no coloquen posnet. Ya
nadie lo contradecía.
Alicia Ciciliani, del socialismo y la massista Graciela Camaño
incorporaron el debate sobre qué localidades tomar en cuenta para
exigir tarjeta. Kicillof pidió 5000 habitantes y terminó aceptando
que sea de mil.
“Nos parece un número tan arbitrario como adecuado”, aceptó
Laspina, que quería que la ley se aprobara de una buena vez. Aceptó
escribir que Anses y Afip deberán comprometerse a acercar la
devolución de IVA en lugares donde no haya Bancos y los jubilados
cobran por correo.
Hubo hasta cuestionamientos de forma, como el del massista Raúl
Pérez, quien corrigió un artículo que hablaba de medida en vez de
ley. “Esto lo hicieron economistas”, bromeó.
El debate en general también había girado en torno a la posibilidad
real de aplicación de un beneficio tan escaso.
“Hay 277 mil familias que hoy no cobran con tarjeta de débito,
tenemos que solucionarle el problema porque son los más
discriminados. Estos 300 pesos hay que pagarlo de manera directa”,
sugirió Diego Bossio.
Mauricio Closs, del FpV, habló por primera vez y para quejarse. “El
esfuerzo fiscal es compartido con las provincias, que están
atravesando un tiempo fiscal bastante complejo”, dijo y pidió que
se implemente “en forma directa de las rentas del Estado nacional,
sin afectar a los 24 distritos”.
El massista Marco Lavagna pidió sumar a los beneficiarios de
Progresar, uno de los últimos planes sociales de Cristina Kirchner.
Laspina se negó.
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