La
posibilidad de que el Estado argentino comience a utilizar los
servicios de Facebook at Work (FaW) –tal como circuló luego de la
reunión entre Mauricio Macri y la Jefa Operativa de Facebook, Sheryl
Sandberg– genera una gran preocupación.
La principal señal de alarma está relacionada con la seguridad y
privacidad de los datos que, a partir de esta decisión, serían
gestionados por Facebook. Sabemos, por las revelaciones de Edward
Snowden, el involucramiento que esta empresa ha tenido en las
acciones de espionaje internacional de la Agencia de Seguridad
Nacional de los EE.UU. (NSA), entregándole datos privados para crear
el sistema clandestino de vigilancia PRISM.
Otra alerta refiere al uso de los datos. Facebook no cobra por sus
servicios al usuario final. Hay una máxima que resume fielmente esta
situación: si algo es gratis, el producto sos vos. El negocio de
Facebook es analizar la información subida por los usuarios para
venderles a terceros publicidad orientada. En este caso, estamos
hablando de que se analizaría la información producida por los
funcionarios públicos argentinos. Esta información es sensible
aún cuando lo que se analice sean sólo los metadatos y no los datos
(entre quiénes se desarrolló una conversación y no el contenido de
la misma). Además, dicha información se encuentra protegida por la
ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, donde se explicita
que “El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar
las medidas (...) que resulten necesarias para garantizar la
seguridad y confidencialidad de los datos (...)” y “es prohibida
la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u
organismos internacionales (…)”
Cabe destacar también la desprotección ante la quedaría el
Estado argentino frente al espionaje internacional al dejar la
gestión de su información en servidores que se encuentran bajo la
legislación de otro país. En Brasil, los documentos de Snowden
revelaron que Dilma Rousseff fue espiada y sus datos utilizados para
favorecer a empresas norteamericanas en licitaciones públicas. La
respuesta fue comenzar a reemplazar sus servicios de correo
electrónico por el sistema libre Expresso, desarrollado por una
agencia estatal, mientras se evalúa exigir a empresas como Facebook
y Google que instalen sus servidores en territorio brasileño. Otros
países tienen iniciativas similares. ¿Por qué Argentina iría en
sentido contrario, siendo el primer país en entregar
voluntariamente sus datos a otra nación? Por extensión se daría
una situación única: nuestra propia Agencia de Inteligencia,
responsable de detectar en forma anticipada posibles peligros para la
Nación en el seno de su estructura, quedaría totalmente a ciegas ya
que las comunicaciones a intervenir estarán en servidores bajo la
eventual intervención de la CIA ó la NSA, pero no de la AFI.
También como ciudadanos debemos alertarnos ante decisiones que
parecen ser tomadas tecnocráticamente, bajo la premisa de que la
tecnología es neutral. Nada más lejos de la realidad, especialmente
en el ámbito público, donde las definiciones sobre qué tipo de
software se utiliza y cómo se establecen mecanismos de seguridad
sobre los datos, son parte de una decisión tan política como
técnica. Entonces, ¿cuál sería la decisión política de
elegir un producto que no ha sido probado nunca a esta escala ni en
este sector, cuando existen sólidas plataformas de redes sociales
realizadas en Software Libre? Un ejemplo: la plataforma ELGG es
utilizada por el gobierno australiano, el británico, el de Canadá y
la Unesco entre otros organismos gubernamentales. Por otra parte,
si hablamos de eficiencia en el gasto público, el Estado ya
cuenta con herramientas (propias y ya pagas) que cumplen las mismas
funciones. Por ejemplo, el sistema CLIC (http://clic.gob.ar) <>,
desarrollado en convenio con la Universidad Nacional de La Plata.
También se han comprado herramientas privativas de comunicación
a otras empresas, como Microsoft. En el caso de FaW que, hasta donde
trascendió, sería gratuita durante el primer año ¿no deberíamos
al menos preguntarnos por qué “la limosna es grande”?
Introducir cualquier herramienta privativa, es decir, una
herramienta sobre la cual no conocemos el código es aceptar que
pueda hacer “cualquier cosa”: es una caja cerrada sobre la que el
Estado no tiene ningún control. Es por esto que SoLAr reclama y
defiende desde sus inicios hace doce años el uso de Software Libre
en todos los ámbitos y, especialmente, en el ámbito público. La
incorporación de Software Libre en el Estado no se trata únicamente
de costos, sino fundamentalmente de protección, confidencialidad,
accesibilidad, interoperabilidad, compatibilidad de la información,
seguridad y soberanía tecnológica.
* Licenciada en Sociología, presidenta SoLAr (Software Libre
Argentina).
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