La
jueza Marta Yánez, magistrada subrogante del Juzgado Federal de Río
Gallegos, suspendió la aplicación del aumento en las tarifas de gas
en todo el territorio provincial, al hacer lugar a una presentación
realizada por un senador nacional y concejales de esa ciudad.
El dictamen había sido firmado por el fiscal de Primera Instancia
Gonzalo Miranda, ante una acción de amparo presentada por el senador
Alfredo Anselmo Martínez y los ediles Daniel Alberto Roquel y Fabián
Leguizamón.
Yáñez
declaró admisible la acción de amparo, al considerar que la
resolución del Ministerio de Energía que fijó las nuevas tarifas a
cobrar por la empresa Camuzzi Gas del Sur, y que incrementó el
precio del servicio de provisión de gas en casi un 500%, es
"violatoria de los derechos de los vecinos".
La jueza solicitó a la cartera nacional que notifique por sus
canales internos a todas y cada una de las entidades, así como
también a todas aquellas personas que pudieran tener un interés en
el resultado del litigio, para que puedan tomar participación en
estos actuados.
El
jueves el fiscal de Estado de Chubut, Diego Martínez Zapata, realizó
también una presentación ante la Justicia Federal, por instrucción
del gobernador Mario Das Neves, para frenar la suba en la tarifa de
gas y su impacto en los usuarios de la provincia.
La demanda se formalizó en el Juzgado Federal de Rawson, alegando la
supuesta inconstitucionalidad de la decisión del Estado nacional.
El funcionario explicó que "formalizamos la presentación de
esta demanda con dos medidas cautelares a los efectos no solo de
tutelar los bienes y servicios del Estado provincial, sino también
se solicita que se haga extensiva esta medida a toda la ciudadanía
del pueblo del Chubut y obviamente también a las pequeñas y
medianas empresas".
La presentación apuntó a mantener la matriz productiva y las
fuentes laborales de la provincia, y señaló que uno de los
fundamentos centrales es "la arbitrariedad y la ilegalidad
manifiesta, por cuanto se ha violado la audiencia pública que
prescribe en materia de servicios públicos la normativa específica,
obviamente teniendo en cuenta el alto impacto que tiene en el poder
adquisitivo y en el bolsillo de todo usuario y consumidor de este
esencial servicio público".
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