Hace unos 8 meses el nombre y la
firma de Lucía Martín aparecieron en una carta junto a los de otros
radicales. La nota llegó a los domicilios de los afiliados a ese
partido, convocándolos a reflexionar el voto por Mauricio Macri y
por Carlos Arroyo.
En
el texto se expresaba una postura crítica sobre la alianza política
entre el PRO y la UCR...
El 12 de
febrero de este año la funcionaria recibió una desagradable
sorpresa. El Ejecutivo había dispuesto removerla del cargo de
directora en el que venía desempeñándose, sin ninguna
fundamentación y dejando sin efecto su nombramiento, el cual por
razones burocráticas había quedado resuelto en el mes de diciembre.
“No tuve la menor duda que la
baja de mi cargo respondió y responde a una persecución política,
o sea a una ‘venganza’ por mis opiniones”, aseguró Martín
en una carta dirigida a los medios.
El puesto que ocupaba era el de
directora de Programas Socioculturales. Su baja provocó que
regresara a su función anterior como jefa de división.
Desde entonces la empleada inició
una serie de reclamos administrativos para exigir que la decisión
sea revertida y también intentó dialogar con todos sus superiores.
“Varios jerárquicos de la Municipalidad, con una gran
experiencia administrativa, me dijeron que el decreto de mi baja era
‘un disparate’ y ‘una vergüenza'”, sostuvo.
Eso la animó a presentar una
demanda que ahora se tramita en los Tribunales. “Confío en que el
Poder Judicial hará justicia, pero necesito hacer pública esta
denuncia”, sostuvo.
“En al año 1976 fui secuestrada y
pasé los peores días de mi vida en el centro clandestino de
detención ‘La Cueva’, en la Base Aérea. Durante muchos años
pensé y sentí que ‘eso’ que ‘me había pasado’, era ‘mi
problema’. Tardé muchos años en darme cuenta de que cuando el
Estado realiza actos de ‘venganza’ y/o ‘persecución’ contra
el ciudadano que piensa distinto, el problema no es de ese ciudadano
sino de toda la comunidad”, señaló Martín.
“La comunidad naturaliza las
actitudes arbitrarias y persecutorias o las repudia. Creo que no hay
medias tintas en temas de esta gravedad. Yo personalmente las repudio
y no sólo cuando me afectan en forma directa. Las repudio
siempre porque es grave que, salvando las distancias del horror, hoy
pasen las mismas cosas que hace 40 años. Aquello fue atroz, pero el
hecho persecutorio en sí mismo tiene la misma lógica: “Detentar
el poder por sobre los derechos del ciudadano, vengarse del ciudadano
-en este caso la empleada- que piensa distinto”, son decisiones de
una enorme gravedad institucional. Repudio esta ilegal, arbitraria y
discriminatoria decisión que me perjudica en el final de mi carrera
municipal después de haber tenido una impecable trayectoria y atenta
contra la eficiencia del área que estaba a mi cargo”, indicó.
Las
razones del desplazamiento
Martín cree tener en claro cuáles
fueron las circunstancias que generaron malestar en las autoridades
que asumieron el 10 de diciembre, algunas de las cuales ya ni
siquiera están en el gobierno...
En su denuncia pública, la
funcionaria se ocupó de aclarar un hecho no menor. Dijo que si bien
el decreto con su designación como directora fue fechado en
diciembre pasado, en realidad la decisión de promoverla no había
sido reciente, sino que había sido adoptada en 2014 y a partir de
una propuesta presentada por las dos jefas de áreas sociales, a las
autoridades en 2013 con el fin de unificar las áreas y así
optimizar los recursos humanos y económicos de ambas.
Martín, quien trabajó como
empleada municipal durante gobiernos de distinto color político, es
ampliamente conocida en el ámbito de la cultura local. Es actriz
-nominada varias veces como Mejor Actriz en el Estrella de Mar,
galardón que obtuvo en 1990, jurado de los Premios Estrella de Mar y
Vilches tres años consecutivos, docente durante más de 20 años y
una de las fundadoras de “Teatro por la Identidad”.
Desde hace casi 9 años bajo su
órbita están los programas “Usinas Artísticas” en 65
barrios y “LiberArte” que trabaja con las personas detenidas en
las Unidades Penitenciarias de Batán.
“Hoy yo debería ser directora
de Programas Socio Culturales hasta llamado a concurso y en cambio
soy discriminada, degradada, humillada y dada de baja de manera
ilegal”, sostuvo.
Pero en su denuncia, no sólo
reclamó por ella. “Los 49 capacitadores que dependerían de mí
no han sido reincorporados perdiendo sus fuentes de trabajo. El
Ejecutivo aduce falta de dinero para recontratarlos lo que no es real
ya que la planta política de 7 miembros que hay en Cultura cuesta
exactamente lo mismo que los 49 capacitadores”, señaló.
“Además, la ausencia de los
capacitadores afecta a más de 10 mil niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores de los barrios más vulnerables que dejaron de
recibir los esenciales servicios que los artistas proponían y
compartían.
“Por todo lo expuesto resulta
imprescindible y urgente que el Ejecutivo municipal revea cada una de
sus decisiones”, sostuvo.
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