Por
Raúl Kollmann
La política económica y de
seguridad de Cambiemos derivó en una inocultable oleada de
secuestros extorsivos, inédita desde 2005. No hay grandes bandas
ni movimientos sofisticados: entraron en juego bandas elementales,
que retienen a sus víctimas en los autos y hasta llegaron a liberar
a los secuestrados por 1500 pesos. En alguna medida, es un
síntoma del quiebre social que se produce en las crisis económicas.
Pero además juega la política de seguridad. La fuerza que lidera
el PRO se tiró de cabeza a delegar el mando de la seguridad en las
fuerzas policiales y se volvió al viejo adagio de “ahora los
hombres de uniforme se sienten respaldados y no cuestionados”. Las
manos libres y el autogobierno policial se convirtieron
rápidamente en corredores liberados nunca vistos: al ex
legislador Osvaldo Mercuri lo secuestraron en una calle céntrica de
Lomas de Zamora y lo llevaron a Ezeiza, Bernal, Quilmes, Morón,
cruzaron a la Capital Federal y lo dejaron al lado del Autódromo.
Semejante impunidad para moverse no se vio ni siquiera en la época
del asesinato de Axel Blumberg.
La subordinación a las políticas
seguridad de Estados Unidos creó, además, un factor que incide en
la multiplicación de secuestros. Con la imposición de que el gran
problema es el narcotráfico, se tomó la decisión de sacar a la
Gendarmería del cordón sur de la capital y del conurbano bonaerense
para enviarlos, supuestamente, a custodiar las fronteras. Jueces,
fiscales, jefes de las fuerzas de seguridad coinciden en que los
efectivos de la Gendarmería eran un obstáculo gigantesco para los
arreglos policiales: las dos fuerzas se desconfiaban y controlaban.
Política
La seguidilla de casos se fueron
filtrando en los medios de comunicación. La ministra Patricia
Bullrich trató de disolver el problema diciendo “no hay una oleada
de secuestros”, aunque no tuvo más remedio que admitir que “es
una situación compleja”. Hay un desesperado ocultamiento de un
diagnóstico que va aflorando por todos lados: existe un grave
empeoramiento de la situación de seguridad comparada con la gestión
kirchnerista, tan criticada por el PRO.
Hasta diciembre de 2015, en lo que
era la Dirección de Comunicaciones, la ex Ojota de la SIDE, se
intervenían aproximadamente diez teléfonos por mes por casos de
secuestros, con un pico de 16 en diciembre, el mes en el que
siempre se registran la mayor cantidad de delitos. Hoy en día, la
Dirección de Captación de Comunicaciones (DCC), que es el mismo
organismo pero ahora bajo la órbita de la Corte Suprema, realiza
más de una intervención por día por los secuestros, es decir más
de 30 por mes. La cifra se triplicó respecto de 2015, pero no
refleja ni de lejos el nivel de secuestros, porque en la mayoría de
los casos el rescate o la liberación se concretan antes de la
intervención telefónica. Es más, hay fuertes quejas por las
demoras en concretar las escuchas. El fiscal Carlos Stornelli lo hizo
público a raíz del secuestro de un niño de diez años en
Constitución. Y corre el rumor de que incluso Bullrich le dijo a
Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, que se iba a
tener que hacer responsable de alguna muerte si las escuchas de la
DCC no se concretaban más rápido.
Un fiscal federal que habló con
este diario contó que “era raro que tuviéramos algún
secuestro en un turno de la fiscalía. Hoy tenemos más de uno por
día. No hay dudas que estamos ante una oleada”.
Suerte
Todos los jueces, fiscales y jefes
de las fuerzas de seguridad consultados por este diario coinciden en
que las bandas que hoy secuestran no son organizaciones
sofisticadas. Se trata de grupos que provienen de delitos como las
entraderas o los robos más comunes. Un ejemplo es la banda que
se llevo a Guido y Micaela de Campos Salles y Cabildo, en Belgrano.
El grupo los abordó al boleo, porque iban en una Audi A3. Cuando los
secuestradores pidieron que los comunicaran con sus familiares para
exigirles dinero se encontraron con que no tenían batería en el
celular. Por el camino, los individuos decidieron meter a la pareja
en el baúl y procedieron a secuestrar a otro joven.
El recorrido impune fue de
Belgrano a José C. Paz, unos 35 kilómetros, sin que nadie los
molestara. Llegados a destino, los secuestradores liberaron a la
pareja porque sin celular no había forma de conseguir más dinero.
Lo que obtuvieron del otro secuestrado, no se sabe. El desgobierno en
materia de seguridad se completó con el hecho de que Guido y
Micaela fueron a hacer la denuncia en José C. Paz y no se las
aceptaron porque allí no los secuestraron. Tampoco en Belgrano la
comisaría estuvo muy receptiva, según declararon.
La misma modalidad de secuestros sin
gran organización se ve en casi todos los casos. Y, según coinciden
la mayoría de los expertos, hasta ahora hubo suerte: las bandas
de cachivaches, como se les dice en el argot, estuvieron cerca de
cometer un homicidio, pero afortunadamente no ocurrió. Un joven,
Lucas Coronado, secuestrado en Belgrano, terminó también en José
C. Paz. Como no se pudo cobrar el rescate, los captores le pegaron un
tiro en un glúteo. Esta semana, el comerciante Leonardo Velázquez
se tiró del vehículo de los secuestradores antes del cruce de la
avenida General Paz. Terminó en el Hospital Pirovano. Otra pareja,
también secuestrada en Capital, recibió dos balazos. Hechos de
esta naturaleza, con bandas de poca monta, pueden terminar en
tragedia en cualquier momento.
Crisis
Una lectura inevitable del rebrote
de secuestros es la crisis social producida por el ajuste. Es que la
oleada anterior tuvo su pico en 2001 y 2002. Luego aparecieron
bandas de mayor envergadura y produjeron los secuestros de varios
días con durísimas negociaciones por los rescates. Las crisis
producen más delito y la modalidad del secuestro encaja con la nueva
oleada. “Es un delito que le viene bien a los inexpertos
–señala un ex alto jefe de la Bonaerense– y diría también a
los que tienen problemas de drogas. Es dinero en efectivo, que es la
clave de todo. Hay poco riesgo en el momento del abordaje, porque no
es lo mismo que entrar en una vivienda. El momento delicado es el del
cobro del rescate, pero como lo hacen rápido y con plata que no hay
que sacar de bancos, terminan arreglando en algo así como 5000
pesos, lo que lleva a que tampoco se expongan mucho. El peligro
es que algún padre vaya a pagar y saque un arma y se produzca una
muerte. Estamos ante tipos muy desequilibrados. No es gente que
provenga de bandas que asaltan camiones blindados o bancos. Diría
que tienen hasta 25 años”.
Según fiscales del Gran Buenos
Aires, el aumento no sólo viene por el lado de los secuestros
sino que también por las entraderas a viviendas. Un comisario de
la Federal confirma que hay secuestros en Mataderos que se resuelven
con pagos de 1500 pesos.
Corredores
Uno de los hechos más llamativos de
la nueva oleada de secuestros es el uso de insólitos corredores
donde los captores circulan con sus víctimas de forma impune. “Están
levantando gente en lugares muy céntricos del Gran Buenos Aires, en
calles con comercios. Eso no ocurrió nunca antes. El secuestro de
gente en Belgrano, Núñez, Saavedra y el paso sin problemas por la
General Paz y la Panamericana es también un fenómeno sin
antecedentes. Y ni hablar de un caso como el de Mércuri, que lo
entraron a la Capital después de que, con los secuestradores a
bordo, se haya recorrido medio conurbano en un Mercedes Benz. Eso era
impensable antes”.
En general, los jefes policiales
argumentan que es por falta de efectivos, falta de saturación como
lo llaman ellos. Los jueces y fiscales creen que los
secuestradores tienen claro dónde hay controles y dónde no. Por
supuesto que no faltan los que sostienen que en las bandas
directamente hay efectivos en actividad o retirados. El caso del
policía metropolitano muerto en un operativo en Monte Grande sigue
planteando dudas. Cristian Silva era considerado sospechoso por la
fiscalía de guardar armas de secuestradores en su casa. La
familia lo niega terminantemente. Desde la estructura judicial
afirman que en su casa se encontró un arma 9 milímetros con la
numeración limada. Su familia también lo niega. El brutal operativo
del Grupo Halcón llama la atención: no pareció adecuado para
irrumpir en una vivienda donde sólo había un joven y su esposa.
Autogobierno
Una de las características de
Cambiemos es que se delega el mando y la confianza en las fuerzas de
seguridad. Se vio desde el principio cuando el ministro
bonaerense Cristian Ritondo, siguiendo lo que le decían los de
uniforme, aseguró en la triple fuga que los hermanos Lanatta y
Schilacci estaban rodeados en Ranchos; luego Bullrich dijo que
todos fueron detenidos y resultó falso, los procedimientos de
Gendarmería estuvieron mal planificados y los prófugos se
escabulleron por 15 días y 700 kilómetros.
Hoy se escucha hablar muy poco de
Asuntos Internos, exoneraciones, sanciones o destituciones de jefes y
en cambio hay un proceso de concentración de poder: sólo
quedaron 22 Departamentales de Investigaciones (DDI) en la Provincia
de Buenos Aires, algunas de ellas con jefes que registran
antecedentes llamativos. El proceso de desconcentración iniciado en
su momento por León Arslanian, buscando restarle poder a la cúpula,
fue totalmente revertido y los jefes tienen cada vez más
omnipresencia. Cambiemos cree en la autoridad que imponen los
uniformes y argumenta que “los policías estaban con las manos
atadas. Ahora se los respalda”.
En su momento, cuando la Dicom, la
ex Ojota, era conducida por la fiscal Cristina Caamaño, las
escuchas telefónicas derivaron en 18 denuncias a integrantes de las
fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, por su vinculación
con secuestros. Aquellas imputaciones surgieron en los pocos
meses en que el Ministerio Público estuvo a cargo de las
intervenciones telefónicas y cuando los secuestros eran mucho menos
que ahora. Todos los jueces, fiscales y jefes de las fuerzas de
seguridad consultados por este diario coinciden que los larguísimos
corredores que ahora usan los secuestradores exhiben complicidad
policial o ineficiencia, pero se cree más en lo primero que en
lo segundo.
Gendarmes
“Mire, la saturación de efectivos
en la calle es la clave. Sí, es cierto, que eso se debilitó
mucho cuando sacaron a los gendarmes”, admite uno de los más
altos jefes de la Bonaerense. En sintonía con los mandatos de
Estados Unidos, que le da prioridad a la lucha contra el
narcotráfico, el Ministerio de Seguridad sacó a los gendarmes de
dos áreas claves: el cordón sur de la Ciudad de Buenos Aires y los
puntos calientes del conurbano. El despliegue fue dispuesto en su
momento por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, que
produjo aquella saturación de la que habla el jefe bonaerense. Los
efectivos de verde fueron enviados a las fronteras, supuestamente,
para frenar el narcotráfico, y eso dejó todo el territorio en
manos de las respectivas policías, con menos patrullajes y probados
vasos comunicantes con las bandas.
Los gendarmes y los policías se
desconfiaban mutuamente y eso llevaba a que se vigilen entre sí. Los
de uniforme azul conocen al detalle el territorio y los negocios que
ofrece: juego clandestino, prostitución, kioskos de drogas,
repuestos robados, sanadores fraudulentos, comercios truchos,
piratería del asfalto y tantas otras variantes. Los de uniforme
verde tal vez ni conocían las calles ni los barrios, pero eran un
cuerpo extraño que constituía un obstáculo para los policías.
Entre los de azul, no deja de haber
conflictos o desacoples. Es pública la interna entre federales,
federales traspasados a la Metropolitana y metropolitanos. Todos se
desconfían, disputan territorio y negocios y la cantidad inusitada
de secuestros en Belgrano, por ejemplo, hacen pensar en
zancadillas de unos a otros. Con el territorio sin gendarmes y con
conflictos policiales, el tránsito de un lado al otro de la General
Paz se convirtió en algo habitual. Lo que antes era
impensable, se hizo casi rutina.
Pitufos
En forma despectiva, entre los
policías se llama pitufos a los policías comunales, es decir a los
efectivos que circulan por los municipios del Gran Buenos Aires y
dependen del intendente.
Por lo que se percibe hasta ahora
–según la explicación de jueces y fiscales–, la efectividad de
los pitufos varía de un municipio a otro. Esto explica, junto con el
cuadro social, por qué hay secuestros más habituales en algunas
zonas –Lomas de Zamora o José C. Paz o Morón– y los números
bajan mucho en otros territorios.
Se agregó otro elemento en este
aspecto. En la reforma introducida por Cambiemos se redujeron
muchísimo los Comandos de Prevención Comunitaria (CPC), efectivos
bajo la disciplina de la Bonaerense pero con incidencia decisiva de
los intendentes. Un elemento clave de los CPC eran los
patrulleros y los recorridos decididos por los mandatarios
municipales. Esa estructura no ha sido reemplazada por nuevos
patrullajes reales.
Cobertura
La histeria político-mediática por
la inseguridad tendió a desaparecer ni bien asumió Mauricio Macri.
El tema fue borrado de las tapas de los diarios y pasó del primer
lugar al tercero o cuarto de las preocupaciones de los argentinos. En
materia de delitos, casi no hay estadísticas y, menos aún
estadísticas confiables. Sin embargo, parece evidente que los
delitos más peligrosos de los últimos tiempos –entraderas y
secuestros– crecieron en forma notoria.
La paradoja es que a la fuerza que
llegó blindada con consignas supuestamente orientadas a combatir la
inseguridad le terminó explotando esta oleada que no se sabe
adónde llegará, producto de una combinación de sus políticas de
otorgarle el poder a los de uniforme, responder a las demandas de
Washington y con los coletazos de la complicación social.
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