Una
movilización de los principales referentes de la industria
maderera y mueblera de Cañada de Gómez durante
la pasada tarde del lunes puso de relieve el regreso, tras
muchos años, de una grave problemática de esa rama de la
producción, amenazada por el fuerte tarifazo en los servicios, una
grave baja en las ventas que supera el 40 por ciento y una posible
apertura indiscriminada de la importación de muebles desde Brasil
que, como en los años 90, significaría la posible desaparición de
numerosos establecimientos y puestos de trabajo.
Como resultado de la movilización surgió un documento que,
entregado próximamente a Miguel Lifschitz, será elevado por el
mandatario santafesino a la consideración de los gobernadores de la
Región Centro, integrada por las provincias de Santa Fe, Córdoba y
Entre Ríos.
En diálogo con LaCapital, un referente de la Cámara de la Industria
Maderera y Afines (Cima) de Cañada como el secretario de la entidad,
Miguel Caon, indicó que "todo lo discutido y los textos
elaborados en el marco de la movilización del lunes fue remitido a
la sede de Buenos Aires de la Federación Argentina de la Industria
Maderera y Afines (Faima), entidad madre, y estamos esperando una
respuesta, por lo que se determinó un cuarto intermedio hasta el
viernes", señaló Caon.
Sobre la situación del sector y el panorama a futuro, el dirigente
gremial e industrial maderero indicó que "efectivamente estamos
un 40 por ciento abajo en las ventas en comparación con igual
período del año pasado. No tenemos posibilidad de aumentar el
precio de lo que fabricamos porque la gente se quedó sin poder
adquisitivo y no se vende. Pero si no se aumenta no se tiene
rentabilidad".
Con respecto a dónde residen los costos más altos, el industrial
señaló que en Cañada de Gómez la mayor parte de la producción se
basa en el uso de aglomerado y melanina como materia prima y no en la
madera. Existe un monopolio de la fabricación de esa materia prima
en manos de dos empresas chilenas —Maciza y Faplac—; a eso se
deben sumar los herrajes que vienen de China —bisagras, correderas
— a precio dólar y que acá no se fabrican porque los costos no
dan. Tampoco se fabrica el filo melanínico, que se usa para las
terminaciones y también viene todo de Brasil. A eso súmele la
presión tributaria y los problemas con los bancos y sus tasas de
interés"...
Pese a las dificultades planteadas, el dirigente gremial señaló que
"el resto de los industriales madereros de Cañada adhieren
sin miramientos a los reclamos y se han sumado a la entidad
fabricantes de localidades de los departamentos San Martín,
Belgrano, Iriondo, Caseros y San Lorenzo; de localidades como
Esperanza, Elortondo, y hasta ciudades cordobesas como Río Cuarto y
Villa María.
Por último Caon destacó que hasta el momento el ingreso de muebles
importado no está excedido pero con preocupación advirtió que
"dentro de 90 días se dejaran de exigir las Declaraciones
Juradas Anticipadas de Importaciones impuso el gobierno anterior para
frenar las importaciones indiscriminadas y debemos estar preparados".
Documento.La reunión de los mandatarios de la Región Centro tendrá
como finalidad principal la confección de un documento definitivo
que exprese la grave coyuntura por la que atraviesa la industria de
Santa Fe y que será elevado a las autoridades nacionales,
peticionando una revisión integral de las políticas industriales
del Gobierno central.
El documento elaborado por Cima señala entre otros conceptos que "la
industria del mueble en la provincia está integrada es su totalidad
por pymes y enfrenta una dedicada situación basada fundamentalmente
en la caída de ventas en el mercado interno". En su
caracterización de la situación consideran que "la baja en las
ventas comparadas con igual período del 2015 fueron de entre un 40 y
un 50 por ciento.
Destacan luego que desde enero se eliminaron todas las horas extra,
se redujo la jornada laboral y que algunas empresas han comunicado su
intención de iniciar el procedimiento preventivo de crisis para
suspender o reducir personal.
También, sobre el ingreso de muebles desde Brasil indicaron que
"esto significaría —dada las diferencias de costos
estructurales entre los dos países— el cese y cierre definitivo de
todo el sector, algo ya sufrido en la década del 90; eliminando del
mapa productivo de la provincia más de 400 pymes y más de 5000
puestos de trabajo directo.
"Por todo esto reclamamos la adopción de medidas tendientes
a reactivar el mercado interno, reducir los efectos del tarifazo en
las servicios esenciales a la producción y solicitar al gobierno
nacional la urgente instrumentación de herramientas de protección
del mercado interno para evitar la desaparición de nuestra
industria, con los efectos sociales que ello implicaría"
señala finalmente el documento que firman Luis R. Izquierdo,
presidente de la entidad y Miguel A. Caon, secretario.

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