El
blindaje judicial y mediático que avaló los aberrantes sucesos que
rodearon a la orden de detención de la titular de Madres de Plaza de
Mayo Hebe de Bonafini.
Era
jueves y era la marcha 1999. Podría haber sido cualquier otro día,
cualquier otro número, pero era jueves y era la marcha 1999, y no
era necesario entorpecer, ensuciar, avasallar, romper la memoria
histórica de un país que, según dicen desde el Poder Ejecutivo,
debe restañar sus heridas dialogando para terminar de una vez para
todas con la grieta que, proclaman sonrientes, “tanto daño nos
hizo a los argentinos”.
Pero
ocurre que de un lado de la grieta está la titular de Madres de
Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Y los jueves, todos los jueves. Y
las marchas, todas las marchas. Y del otro lado de la grieta están,
por ejemplo, un Poder Judicial que cada vez asume más tajantemente
su rol de partido político, las operaciones conjuntas con los medios
de comunicación (ese otro partido), el fundamentalismo legal a
rajatabla cuando se trata de unos o se trata de otros, la vergüenza,
para decirlo todo.
El
jueves, durante la marcha 1999 de las Madres de Plaza de Mayo, el
juez Marcelo Martínez de Giorgi libró orden de detención contra
Hebe de Bonafini por el “delito” de no presentarse a indagatoria
en la causa Sueños Compartidos. Había otras cuarenta personas
involucradas en la causa y pasibles de ser llamadas a indagatoria,
pero el juez prefirió citar por segunda vez a la titular de Madres
de Plaza de Mayo, a la memoria. Y Hebe dijo, por segunda vez, “no”.
Entonces, Martínez de Giorgi, amparado por los medios hegemónicos y
el “periodismo independiente”, vio la oportunidad de desatar la
operación política enmarcada en el mentiroso “todos somos iguales
ante la ley”.
Una
igualdad que no contempló en ningún momento la detención (ni
siquiera la orden de detención) del por entonces jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y ahora presidente Mauricio Macri cuando
esquivó cuatro veces la indagatoria en la causa por al menos 17
casos de violencia contra gente en situación de calle durante los
operativos de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP,
organismo creado en la administración porteña para mantener libres
los espacios públicos). Una igualdad que tampoco libró orden alguna
de detención contra el ex presidente Fernando De la Rúa cuando se
negó a comparecer cinco veces a la indagatoria judicial por la causa
de la represión desatada bajo su mandato (bajo sus órdenes) durante
diciembre de 2001. Una igualdad que también hizo la vista gorda
cuando el banquero norteamericano y ex secretario del Tesoro de
Estados Unidos David Mulford desacató las cuatro indagatorias a las
que fue llamado para declarar en el caso del Megacanje, operación
financiera fraudulenta realizada en 2001, bajo el gobierno de De la
Rúa y la intervención de los entonces ministro de Economía Domingo
Cavallo y secretario de Política Económica Federico Sturzenegger
(el mismo, el mismísimo de hoy presidente del Banco central de la
República Argentina).
La
igualdad ante la ley es zarandeada, esgrimida, vociferada con dedito
admonitorio cuando del otro lado de la ley hay figuras como, por
ejemplo, Hebe de Bonafini.
Allí,
el Partido Judicial hace el picnic de la igualdad, despliega el
mantel donde el Partido Mediático aporta todos los platos y todas
las vituallas, y, juntos, se sientan a esperar que la sociedad
consuma sin protestar cada una de sus grandes verdades.
Pero
era jueves, pero era la marcha 1999. Y allí estaba Hebe de Bonafini
diciendo “no”.
Al
Sr. Juez de la Nación Marcelo Martínez de Giorgi.
Me
dirijo a usted para manifestarle el motivo de la respuesta a su
citación.
Que
desde el año 1977, más precisamente el día 8 de febrero de ese
año, vengo padeciendo las agresiones de la mal llamada “justicia”,
implementada por jueces de la Nación. En ese momento empezó mi
calvario, hice 168 presentaciones por mi hijo Jorge. Luego, en
conjunto, reclamé por mi otro hijo, Raúl, que fue desaparecido en
diciembre del mismo año, en una constante peregrinación por los
juzgados. Siempre padecí las mismas injusticias, las mismas
agresiones. Luego, en mayo de 1978, desapareció también mi nuera
María Elena, nada cambió.
Siempre
la misma ignominia, la misma indiferencia. Yo sentía cómo la
denominada “justicia” era cómplice de los asesinos militares y
marinos. Una justicia sin solidaridad, sin sentir por los otros, sin
sufrir por ellos.
Después
de un tiempo, en el año 2001, más precisamente un 25 de mayo, a mi
hija María Alejandra –que se encontraba sola en mi casa mientras
yo estaba de viaje– la torturaron casi hasta matarla. Y allí otra
vez mi peregrinación para ver si encontraba algún juez que nos
mostrara el valor de la Justicia, y que ésta existía. Pero, otra
vez, la burla y la sinrazón.
Y
llegó el caso Schoklender. Allí, las Madres, con gran esfuerzo,
aportamos voluntariamente 60 cajas con pruebas, junto con 40 backup y
otros elementos más, primero a Oyarbide y después a usted, que ni
siquiera leyeron algo de lo aportado.
Asistimos
cuantas veces nos llamaron a declarar, hicimos pericias de las firmas
que constataron que no eran mías, siempre a disposición por la
verdad. Incluso hace unos meses asistí voluntariamente a su despacho
para informarme ante la indigna marcha de la causa.
Y
otra vez sufrimos en carne propia la burla, que nos castiga a todas,
ancianas de 85 a 90 años, y nos condena a pagar las deudas, injustas
y ajenas.
Las
Madres siempre vamos a defender los valores de solidaridad social,
extender las manos a los vulnerados, por sus sueños, en este tiempo
y en los que vendrán. Y vamos a luchar para que alguna vez nos
enfrentemos con jueces probos que nos ayuden a sentir en nuestros
cuerpos el valor de la Justicia.
Hebe
de Bonafini. Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Un
“no” rotundo y fundamentado. Un “no” que no se escapa, que no
se fuga, que no delinque. Un “no” que no se somete.
Entonces,
comenzó el fogoneo de las declaraciones. Declaraciones que, a tono
que las varas de medición de la igualdad judicial, eran
mediáticamente silenciadas o gritadas a todo pulmón.
Miradas
irónicas y sonrisas burlonas ante las palabras del abogado Eduardo
Barcesat: “Me parece repugnante que haya sido convocada cuando la
trayectoria, entrega e identidad de las Madres fue ejemplar a lo
largo de los 40 años de vida de la entidad. No se puede pensar que
las Madres tuvieron un ápice de enriquecimiento. Esto indigna a
Hebe, que tiene percepciones claras y obra en función de ellas. Las
Madres se sintieron defraudadas porque entregaron la confianza de la
administración a Sergio Schoklender, no sabían lo que él hacía,
por eso no lo controlaban. Lo que hacían las Madres era inaugurar
las obras cuando se entregaban las casas. Era una obra de bien, pero
no las pongamos a estudiar el metro cuadrado de cemento armado o la
compra de loza o cualquier elemento edilicio que refiriera a la
construcción”.
Gestos
adustos y seriedad a ultranza ante las del abogado constitucionalista
Daniel Sabsay: “Ningún ciudadano puede negarse a cumplir la orden
de un juez, sea cual fuera la situación personal que la rodee. Hay
un incumplimiento de una orden de un juez competente en una causa
donde se investiga la eventual comisión de ilícitos que son
delitos. En ese marco, normalmente el juez ordena que esa persona que
se niega a declarar sea traída a los estados judiciales por la
fuerza pública. Nadie quiere que las cosas se desarrollen de manera
violenta, pero en la Argentina llegó el momento donde todos seamos
iguales ante la ley. Tenemos que pensar qué país queremos para no
ser ciudadanos de diferentes categorías”.
Las
órdenes emanadas desde el Partido Judicial con el probo Martínez de
Giorgi a la cabeza hacían blanco en las altisonancias del Partido
Mediático que informaba en vivo y en directo. Y mucho más en los
análisis nocturnos de los militantes de ese mismo partido que
borraban de un “comentariazo”, cuarenta años de lucha contra la
barbarie y por la restitución de Memoria, Verdad y Justicia. Todo,
claro, en nombre de la “igualdad ante la ley”.
Hablaron,
desde el olimpo mediático del tándem Grupo Clarín-La Nación, de
respeto a las instituciones. Desde la infantería (léase, canal
América), se largaron al trabajo sucio que les fue destinado, con
los ínclitos Fernando Iglesias, Julio Bárbaro y otros “sabedores
de todo”, apañados por los periodistas todo terreno de Intratables
que se rasgaban las vestiduras por los “desvíos de la señora De
Bonafini” y hasta se dignaban a aconsejarla –casi Liliana Franco–
para que no tergiversara la lucha por los Derechos Humanos.
Dijo
el juez Martínez de Giorgi: “La definición sobre una eventual
detención escapa de mis manos. Ayer dispuse el allanamiento en la
sede de Madres de Plaza de Mayo para efectivizar la detención, pero
consideré que tuvo un resultado negativo a través de los
acontecimientos que son de público conocimiento”.
Es
necesario aclarar que el eufemismo “acontecimientos de público
conocimiento”, en consonancia con los dictámenes de Cambiemos
(“sinceramiento” por “tarifazo”; “alegría” por “hambre”;
“reconversión” por “cierre”; “diálogo” por “DNU”),
quería decir “orden de detención en la vía pública contra una
señora de 87 años, titular de Madres de Plaza de Mayo”.
Y
siguió diciendo Martínez de Giorgi el jueves y el viernes: “Esto
fue para evitar la generación de males mayores y preservar la
integridad física de las personas que estaban en la sede de Madres.
En simultáneo con esa orden, dispuse dos medidas más, el
libramiento de la orden de captura y la prohibición de salir del
país. La orden está vigente y puede ser ejecutada por las fuerzas
de seguridad en el momento que lo consideren más oportuno. Si fuese
detenida hoy, mañana mismo estaríamos disponiendo el traslado al
juzgado y pasaría la noche detenida en alguna dependencia policial
para prestar declaración al día siguiente”.
Nuevamente
parece necesario aclarar eso de “pasaría la noche detenida en
alguna dependencia policial”. El juez habla, aunque parece no darse
cuenta, de una señora de 87 años, no de una delincuente de 87 años.
Según los diccionarios, una indagatoria tiene lugar durante una
causa judicial: “Se llama a indagatoria a una persona sobre cual
existe alguna sospecha de que haya estado implicada en un caso
judicial bajo investigación. En la indagatoria se informa a la
persona de qué se la acusa, se le hacen preguntas relacionadas con
el caso, y se le da la oportunidad de defenderse o brindar pruebas”.
Se repite, por si no quedó claro: “Se informa a la persona de qué
se la acusa”. Para informar a la sociedad de qué se la acusa allí
estaba la infantería periodística presta: “casas proclamadas y no
entregadas”, “desvío de 206 millones de pesos”, “estafa”,
“corrupción”.
Seguía
Martínez de Giorgi: “Para seguir adelante con el proceso necesito
su declaración o su silencio como indica la Constitución. La
indagatoria hacia Hebe tiene que ver con la atribución de
responsabilidad y la firma de dos convenios con el ministerio de
Trabajo por la cual ya declaró Carlos Tomada y tienen que ver con
unos subsidios que el Ministerio se obligó a aportar a la Fundación
para que le paguen a los trabajadores, pero nunca llegó a los
mismos”.
Acordes,
las imágenes de los noticieros y señales de noticias televisivas
mostraban una y otra y otra vez cómo la combi que trasladaba a Hebe
de Bonafini y otras Madres de Plaza de Mayo, circulaba por la vereda
de Hipólito Yrigoyen (calle sobre la cual está la sede de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo). Poco importaba que las imágenes
mostraran el paso lento de la combi, precedida por una veintena de
personas que abrían a marcha para que nada resultara dañado, para
que nadie resultara herido. Las voces superpuestas a esas imágenes
no paraban de mencionar “el riesgo para la vida de las personas que
circulaban libremente por la arteria”. Casi casi como si se tratara
de una escena de Rápido y furioso.
Nada
decían de otras declaraciones que ocurrían casi en simultáneo. Por
ejemplo, las del ex secretario general de la Presidencia Oscar
Parrilli: “La única lucha que se pierde es la que se resigna y
Hebe y las Madres nos demuestran que no aflojan. Este atropello
empezó con Milagro Sala, siguió con la persecución mediática y
judicial a Cristina y hoy le toca a Hebe. Este es un plan para
encarcelar a los militantes populares y poder llevar adelante un
perverso plan económico y social”. Por ejemplo, las del diputado
Andrés Larroque: “Vivimos escenas vergonzosas, situaciones que
creíamos que no íbamos a vivir más en la Argentina. Es una
vergüenza que estos jueces truchos quieran detener a quienes tanto
pelearon para que haya justicia. Hebe y las Madres dieron un ejemplo
de dignidad”. Ni las de la diputada nacional Alicia Ciciliani
(Partido Socialista): “Fue absolutamente innecesario pretender
llevar con la fuerza pública a Hebe de Bonafini a declarar. Fue un
error de la Justicia. No creo que una causa como Sueños Compartidos
tenga un avance llevando a Hebe de Bonafini a declarar por la fuerza.
Hay cientos de actores involucrados que pueden ayudar a esclarecer la
causa. Defiendo que somos todos iguales ante la Justicia, pero los
mismos procedimientos para todos no resultan eficaces. Esto agranda
la grieta y no ayuda a esclarecer las cosas con racionalidad. Hebe no
es cualquier persona, tiene un enorme capital simbólico y hay que
respetarlo y cuidarlo”. Ni siquiera las del premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel: “Me parece malo el comportamiento del juez
de detenerla de forma aparatosa cuando estaba en la sede de Plaza de
Mayo. Podría haber hecho otra cosa, no este escándalo con
Gendarmería como si fuese una delincuente”.
Sí,
claro, tuvieron su gloriosa repercusión las del ministro de
Seguridad bonaerense Cristian Ritondo: “Nuestra constitución nos
pone a todos en igualdad de condiciones, eso es la democracia. Eso
hace que todos tengamos que responder, más allá del respeto que se
le pueda tener a una persona como Hebe de Bonafini. Si ella se
presentaba no hubiese habido mucho problema”. Y las del abogado
constitucionalista Felix Loñ: “Ella tiene obligación legal de
presentarse, podrían detenerla en cualquier momento. El juez tiene
prohibido seguir con la investigación hasta que ella, ciudadana
común, declare y ejerza su defensa”.
Y
siguieron. Unidos, el Partido Judicial y el Partido Mediático,
acordes con el calendario, hacían su agosto. Lo continúan haciendo.
Y continuarán.
Poco
les importa que, una vez subsanado el desatino, cuando se informó
que la declaración a indagatoria se llevará a cabo el lunes 8 de
agosto, siguieran sonando las palabras de Hebe. Ellos están
dispuestos a acallarlas o a desautorizarlas o a retorcerlas para
transformarlas en irreconocibles. Sin embargo, las palabras, siguen
allí, resonando: “Las Madres queremos un pueblo en la calle, un
pueblo movilizado, un pueblo feliz. No estemos tristes, no estemos
afligidos, no estemos callados, no estemos quietos. La movilización
de los pueblos es lo que libera”.
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