RADIO
CANADÁ INTERNACIONAL - MARTES 26 SEPTIEMBRE, 2017 -
Este
1 de octubre se cumplirán dos meses de la desaparición forzada de
Santiago Maldonado un joven de 28 años, ocurrida durante la
represión de una protesta de indígenas mapuche en el sur de
Argentina.
Durante
esa represión, testigos aseguran haberlo visto quedarse agazapado
entre los arbustos hasta que efectivos de gendarmería lo
encontraron. Ellos aseguran que vieron a miembros de la fuerza
golpearlo y cargarlo luego en una camioneta.
Políticos,
organizaciones de derechos humanos, periodistas y académicos han
liderado una campaña de presión al Estado pidiendo por Maldonado.
También organismos internacionales, como la ONU, OEA y Amnistía
Internacional.
Si
bien las investigaciones judiciales determinaron que se trata de
una “desaparición forzada”, el gobierno argentino desde el
inicio del hecho se dedicó a exonerar a la gendarmería. Muchos
argentinos identificados con la defensa por los derechos humanos
creen que el presidente actual, Mauricio Macri, un empresario de
derecha, no ve los derechos humanos como una prioridad y que, con
su llegada al poder, sectores conservadores tratar de frenar los
juicios y sentencias por las violaciones cometidas por la junta
militar...
Es
en este contexto que se cumplirán los dos meses de la desaparición
forzada de Santiago Maldonado.
Jorge
Nallim es profesor de historia en la Universidad de Manitoba, es
argentino de origen y vivió en su país en los tiempos de la última
dictadura.
40
años atrás, la “desaparición forzada de una persona”
involucraba directamente al Estado. ¿Es el mismo caso con la
desaparición del joven Santiago Maldonado?
Hay
paralelos. Hay una persona sobre la cual no se sabe su paradero, que
remite a los peores momentos de la historia argentina del siglo 20.
Es el paralelo obvio. La diferencia está en los contextos. No
estamos en un período donde hay una política sistemática de
desaparición de personas. Pero sí, el hecho que rodea la
desaparición de Santiago Maldonado tiene que ver con la
supervivencia de prácticas represivas en la Argentina, por parte de
las fuerzas de seguridad y un contexto político que hoy no está
siendo fácil de determinar lo que ha sucedido. Si bien es cierto
que hay elementos que lo ponen en contacto con aquel período, por
otra parte creo que también hay que tener en cuenta el contexto. Es
distinto, y eso es lo que ha permitido movilizaciones, peticiones,
por parte de la familia de Santiago Maldonado, de organismo de
derechos humanos y las mismas comunidades mapuches que están en el
sur de Argentina.
¿Cómo
explica ese afán de parte del gobierno de respaldar a la
Gendarmería?
Creo
que el gobierno se dejó estar, trató de ningunear de que algo
había pasado, un poco que corrieron desde atrás. Creo que tiene
que ver con el cambio de política a partir de la inauguración de
esta nueva administración de Mauricio Macri donde hay un apoyo más
explícito acerca de contener por la fuerza a este tipo de protestas
en la calle. Y en este caso se vio que inmediatamente la primera
reacción del gobierno ante las acusaciones fue un apoyo irrestricto
a la gendarmería. Y un poco basaron este apoyo en culpar quizás
a los grupos más radicalizados de las comunidades mapuches del
sur de Argentina, justificando como si se lo hubieran buscado.
¿Cuál
es la dificultad que tiene el presidente Macri para enfrentar esta
situación de flagrante violación a los derechos humanos?
Es
difícil separar este caso del contexto político de Argentina. Hay
un problema de hacerse cargo, en cierta manera, o de reconocer
incluso que se trata de un caso de desaparición. Y eso tiene que
ver con el contexto de cambio de gobierno donde ha habido no una
detención por la causa de derechos humanos, pero sí el gobierno
ha mostrado un menor compromiso, ha retirado recursos de las áreas
de derechos humanos. Si bien no se ha detenido totalmente, en
gran parte porque han sido conquistas que la sociedad argentina en su
conjunto ha ganado en los años desde la dictadura, no ha habido un
compromiso con las políticas de derechos humanos más claro.
En
el caso de Santiago Maldonado, inicialmente hay una política de mano
dura, de ley y orden, que es la política de un gobierno de centro
derecha o de derecha como es el de Macri sumado con estas actitudes
hacia temas de derechos humanos. Por eso la reacción inicial ha
ido por ese lado.
Al
mismo tiempo hay que reconocer que la situación es muy compleja.
Porque dentro de la comunidad mapuche hay distintos grupos y hay un
conflicto que tiene que ver con la tierra. Y que se da también en
Chile, y que el mismo gobierno de Michele Bachelet y los gobiernos
anteriores han tenido que enfrentar. En el caso chileno los han
enfrentado en muchos casos con leyes de la dictadura de Pinochet. Y
hay grupos radicales tanto en Chile como en Argentina que creen en la
acción directa, en la violencia. No son la mayoría, pero ese
tipo de grupos son los que hacen que el gobierno los use para
justificar una actitud represiva.
Primero
fue la ONU y luego la OEA, a través de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, que dictó una medida cautelar para que el
Estado argentino “adopte las medidas necesarias para determinar la
situación y paradero del señor Santiago Maldonado.
¿Esta
presión internacional, puede tener algún efecto sobre el gobierno
argentino?
La
presión es efectiva. Ha obligado al gobierno a modificar su
posición. Han tenido que reconocer y hacerse cargo y poner más
energía en ver lo que ha pasado. Toda esta movilización es muy
importante. Ahora bien, ¿va a llevar esto a resolver el caso?
Esto
y más en la entrevista con Jorge Nallim, profesor de historia en la
Universidad de Manitoba.
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