La
denuncia presentada por ATE, que recae sobre el ministro de Trabajo
provincial, Marcelo Villegas y el subsecretario de Negociación
Colectiva, Carlos Di Paolo, surge a raíz de una serie de
irregularidades por adulteración cometidas desde el gobierno al
cerrar la paritaria de los trabajadores estatales de manera ilegal y
arbitraria en marzo pasado.
Dichas
alteraciones, que van desde el fraguado de actas hasta la
interpretación tergiversada de notas presentadas por distintos
gremios, llevaron a que ATE elevara el tema a la justicia penal,
máxime cuando en el día de ayer y una vez reabierta la
paritaria desde la entidad gremial observaron nuevamente maniobras
irregulares por parte de los mismos funcionarios involucrados en la
causa penal para cerrar la paritaria, en un intento de ratificar el
15% de aumento.
“Entendemos
que los hechos que se han dado en el marco de la
negociación paritaria están plagados de irregularidades y muestran
cierto desprecio del gobierno para con los trabajadores del Estado,
además de un grado de impunidad para cerrar un aumento salarial
miserable y condenar a las familias de los estatales a penurias”,
señaló el secretario General de ATE provincia de Buenos Aires,
Oscar de Isasi.
El
equipo jurídico de ATE, encabezado por el doctor Marcelo Ponce
Núñez, denunció ante el fuero penal la adulteración de
las actas paritarias de los días 3 y 11 de marzo en las que se
pueden observar cambios de nombres, ausencia de firmas y otras
incongruencias.
Debido
a ello, el sindicato pidió la remoción de las autoridades
de la cartera laboral y la apertura de una investigación penal.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 293 del Código Penal
la falsificación de documentos públicos puede ser penada con
prisión de entre uno y seis años.
“Están
dispuestos a cualquier cosa para descargar la crisis sobre los
trabajadores y los sectores más vulnerables. Por esto, fueron
capaces de violentar la Ley Paritaria para imponer un 15% de hambre y
con esto intentar aplacar el conflicto con los estatales”,
apuntó de Isasi.
Los
tres fallos judiciales que ordenaban al gobierno provincial reabrir
la paritaria moldearon la decisión de la provincia de convocar a
otra instancia de negociación para el pasado 5 de mayo.
Para
De Isasi “se reabrió la paritaria más porque el
gobierno no tenía otra oportunidad que por la propia convicción de
hacerlo. Volvieron a instalar claramente un operativo para cerrarla
con el 15%, queriendo que firmemos un acta sin contemplar las
mayorías de afiliaciones y además con los mismos funcionarios que
hoy están denunciados penalmente”.
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