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- Por Fabio Ferrer - 17 de septiembre de 2017
Desde
el principio, la investigación tendiente a averiguar qué pasó y
dónde está Santiago Maldonado estuvo marcada por una serie de
errores y desaciertos del juez federal de Esquel Guido Otranto, que
generaron una lentitud en la pesquisa que puede ser determinante para
conocer qué ocurrió y dónde puede estar el joven tatuador
desaparecido.
Infobae
pudo reconstruir algunas de esas circunstancias. Apenas comenzada la
investigación, el defensor oficial de Esquel Fernando Machado le
pidió a Otranto que ordene la intervención de los teléfonos de los
40 gendarmes que habían entrado al territorio mapuche el día que
desapareció Maldonado. El magistrado respondió "téngase
presente", una especie de acuse de recibo pero sin tomar ninguna
decisión sobre el pedido. Machado interviene en el expediente
que se abrió como consecuencia del hábeas corpus presentado pocas
horas después del desalojo de la ruta 40.
En
lugar de ordenar allanamientos a los escuadrones de Gendarmería y
secuestrar elementos que podrían haber servido para la causa,
Otranto prefirió hacer una simple inspección. En el escuadrón
de El Bolsón, el defensor oficial Machado le pidió que secuestre
todos los elementos que -sometidos
a pericias- pudieran servir para determinar qué conducta
tuvieron los efectivos antes y después del operativo en la ruta 40,
y si ésta tuvo alguna vinculación con la desaparición de Santiago
Maldonado. El juez se negó a hacerlo. En el lugar había, entre
otros elementos que se podrían haber peritado, computadoras y
cámaras de fotos.
Fuera
del escuadrón de El Bolsón hay tres lugares -casino de
oficiales, casino de suboficiales y enfermería- que Otranto no quiso
inspeccionar. El 6 de septiembre prestó declaración testimonial
el defensor oficial de Esquel y le pidieron que haga un croquis de
la Lof (comunidad) mapuche porque hasta ese momento ni el juez Guido
Otranto ni la fiscal Silvina Avila habían ingresado a ese predio.
Cuando
uno de los perros rastreadores siguió una huella de olor hasta la
orilla del río Chubut y el juez no quiso seguir el rastrillaje del
otro lado del curso de agua, el magistrado dijo que fue por la
negativa de los mapuches porque se trataba de territorio sagrado.
No fue así, según pudo saber Infobae tras consultar a varias
fuentes con acceso a la investigación. Al momento de plantearse
la posibilidad de continuar con el rastrillaje con perros del otro
lado del río Chubut, Soraya Maicoño -una especie de vocera de la
comunidad mapuche- señaló que la decisión de permitir el ingreso
de los investigadores tenían que tratarla en asamblea. Fue más una
aclaración sobre las costumbres de la comunidad que una oposición
férrea de los mapuches.
El
juez Otranto no ordenó que se haga ninguna pericia a un gorro de
Santiago Maldonado que había sido encontrado. Tampoco le llamó
la atención cuando estuvo en los escuadrones de Gendarmería que
habían lavado los vehículos que habían participado del
operativo de desalojo de la ruta 40. El magistrado se negó a
un pedido para que las muestras de material genético recogido sean
analizadas no solamente por la Facultad de Farmacia sino en paralelo
y en forma simultánea por el Equipo Argentino de Antropología
Forense.
Pero
hay otro aspecto de la investigación que Otranto parece haber
descuidado y es el que está relacionado con los teléfonos celulares
que usaba Santiago Maldonado. El juez federal de Esquel ordenó que
le informen el listado de llamadas entrantes y salientes únicamente
del día en que habría ocurrido la desaparición de Santiago
Maldonado, es decir el primero de agosto. Evitó requerir toda la
abundante información que intercambian los aparatos de telefonía
celular con las torres o celdas lo que habría permitido establecer
el recorrido que hicieron los dos teléfonos que usaba Santiago
Maldonado. Y no sólo la información del día que desapareció
sino de los días previos y de los posteriores.
Para
comprender la importancia de estos datos hay que entender cómo
funciona la red de telefonía celular. Cada aparato tiene lo que se
llama IMEI, que es un número que lo identifica, puesto por el
fabricante y que no se puede alterar. Cuando un equipo se enciende o
se produce una llamada, envía a la torre o celda más cercana una
enorme cantidad de información, entre la que está incluida el IMEI
y la identificación del chip, además de la hora y otros datos de
interés para la investigación. Si se cambia el chip esto también
lo informa el aparato cuando se enciende o cuando intenta establecer
una comunicación. Por eso, aunque se cambie el chip siempre se
puede rastrear la ubicación y el recorrido que hizo el equipo. Toda
esta información es de suma importancia para la investigación a fin
de establecer qué pudo haber pasado con Maldonado. Sin embargo,
el juez Otranto no la requirió a las compañías de telefonía
celular.
El
jueves pasado, el defensor oficial de Esquel, Fernando Machado,
presentó un escrito solicitándole a Otranto que pida toda esa
información a las empresas telefónicas. El juez respondió que
eso ya se había ordenado cuando en realidad lo único que pidió fue
el listado de llamadas entrantes y salientes del 1º de agosto.
En
materia de investigación criminal son relevantes para determinar
el éxito de la pesquisa las medidas que se dispongan en las primeras
horas de ocurrido el hecho por lo que esta serie de desaciertos de
Otranto está poniendo en jaque la posibilidad de saber dónde está
Santiago Maldonado.
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