Sep 30, 2016 El juez que condenó a
Miguel Etchecolatz presentó un escrito en el Consejo de la
Magistratura como defensa en el juicio con el que buscan destituirlo.
Resaltó la intención de frenar los juicios por crímenes de la
dictadura.
En defensa por las acusaciones del
gremialista Julio Piumato que datan de seis años atrás y que se
reactivaron tras la presión mediática, el juez federal Carlos
Rozanski presentó ayer un escrito al Consejo de la Magistratura de
la Nación exponiendo la operación organizada entre los medios
corporativos, sectores del Poder Judicial orgánicos al macrismo y el
sindicato de judiciales. En ese texto explicitó el motivo del
reflote de la avanzada del gremialista después de tantos años: la
intención de sabotear los juicios de lesa humanidad en los que están
implicados civiles y empresarios.
El puntapié para la reaparición de
la causa por supuesto “acoso laboral” de Rozanski a los empleados
judiciales lo dieron los periodistas Jorge Lanata y Romina Manguel en
el programa Periodismo para Todos, el 24 de julio. Ese punto de
partida luego fue articulado entre “el Sr. Julio Piumato y el
Representante del PEN en la CDA, Consejero Dr. Juan Bautista
Mahiques”, dijo Rozanski, y agregó: “en obediencia debida al
Presidente de la Nación. Antes de ese programa, los expedientes
tramitados estaban archivados”.
“¿Cómo puede resucitarse un
expediente administrativo/disciplinario respecto del que el propio
Presidente de la CDA frustra su tramitación y deja abandonado?”,
se preguntó Rozanski.
En el programa, Lanata y Manguel
difundieron que el Poder Ejecutivo planeaba echar antes de fin de año
a tres jueces federales: además de él, a Daniel Rafecas y a Eduardo
Freiler. El punto que une a los tres jueces es que participaron de la
causa por Papel Prensa, que apunta directamente al multimedia Clarín.
“Esta vez debo enfrentar una
situación nunca antes vivida. Periodistas inescrupulosos al servicio
de intereses espurios de medios de comunicación hegemónicos han
anunciado públicamente el 24 de julio del corriente año que el
Poder Ejecutivo Nacional había ‘decidido echar’ a tres jueces
antes de fin de año y que tenía los nueve votos necesarios en el
Consejo de la Magistratura”, escribió Rozanski.
Dos semanas después, el
representante del Poder Ejecutivo de la Nación en el Consejo de la
Magistratura, Juan Bautista Mahiques, impulsó la denuncia de
Piumato. Esas acusaciones no tienen hechos nuevos, “son un
‘refrito’ de las denuncias previas intentadas por Piumato. Lo
único novedoso que tienen las presentes actuaciones es su estrecha
correspondencia, temporal y de objeto, con el anuncio del periodista
Lanata”, refirió Rozanski.
En su defensa, el titular del
Tribunal Oral Nº 1 de La Plata, que condenó al represor Miguel
Etchecolatz, al cura Christian Von Wernich, y que realizó los
juicios de La Cacha, Circuito Camps y la Unidad 9, consideró
que su defensa “radica en que la Comisión de Disciplina y
Acusación (del CM), con nueva integración a los efectos de resolver
el presente, en función de los planteos de excusación y recusación,
dicte la providencia de nulidad total, absoluta, insanable
y manifiesta, disponiendo el archivo de estas actuaciones, mal
iniciadas y peor tramitadas, con grave lesión a los derechos y
garantías, constitucionales y convencionales, esgrimidas por mi
parte”.
Los intentos de “saboteo” de
Piumato en el desarrollo de los juicios por crímenes de lesa
humanidad realizados por Rozanski ocupan un buen tramo del texto
presentado. El líder de la Unión de Empleados Judiciales de la
Nación se presentó personalmente en las puertas del tribunal
platense, el 2 de diciembre de 2010, y mediante amedrentamientos y
acompañado por patotas buscó entorpecer los debates en la causa de
la Unidad 9, que despertó su particular resistencia.
Rozanski denunció que Piumato haya
empapelado los alrededores del tribunal con leyendas que agraviaban
su nombre. Lo mismo hacía con los empleados y funcionarios
judiciales. “No es casual que cada vez que se iniciaba uno de
los juicios aparecían sus secuaces con ataques feroces para
desestabilizar y afectar la tranquilidad necesaria para este tipo de
actividad”. Uno de sus secuaces, señala Rozanski, es
Gregorio Spina, militante del movimiento de Luis Abelardo Patti,
actualmente condenado a prisión perpetua por delitos de lesa
humanidad.
Desde un comienzo de las
actividades de desestabilización, el impacto sobre el personal,
tanto funcionarios como empleados, ha sido muy fuerte.”
“
Rozanski también apuntó a las
reiteradas amenazas recibidas en su tribunal, que generaron la
intervención de la Relatora Especial sobre la Independencia de
Magistrados y Abogados (Gabriela Knaul), y la Relatora Especial sobre
la situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (Margaret Sekaggya).
Por último, el juez federal
transcribió una carta de empleados y funcionarios de su tribunal
dirigida a la agencia Telam, de mayo de 2011, en la que dicen: “nos
encontramos en condiciones de afirmar que no compartimos ninguno de
los agravios incluidos en la denuncia –de la que no formamos parte
y estimamos falsa–, introducida por la Unión de Empleados. De
contrario, podemos dar fe de una actividad laboral comprometida y
desarrollada cordialmente en la cual jamás hemos sido acosados o
maltratados laboralmente por parte del Dr. Rozanski, ni hemos
presenciado situaciones semejantes”.
Hola damas y caballeros.
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