THE
NEW YORK TIMES - 27 DE OCTUBRE DE 2017 -
ESQUEL,
Argentina — El martes 17 de octubre, 79 días después de la
última vez que Santiago Maldonado fue visto con vida, bomberos,
prefectos y perros llegaron al predio que ocupa la comunidad mapuche
Pu Lof en Cushamen, un departamento al pie de los Andes en la
Patagonia argentina, para hacer el cuarto rastrillaje en busca del
joven desaparecido.
Faltaban
cuatro días para las elecciones legislativas en Argentina y el
deshielo fluía fuerte sobre el río Chubut. El prefecto Leandro
Ruata, quien había coordinado las búsquedas anteriores, le había
sugerido al juez de la causa —caratulada como “Desaparición
forzada”— hacer un rastrillaje más “debido a las
características que presenta el curso de agua”. Antes de las
13:30 horas, en un codo del río, a unos cincuenta metros de donde
habría sido visto por última vez, un buzo se topó con un cuerpo
que no se avistaba desde la orilla: estaba en posición fetal
atascado entre las ramas. Cuando lo revisaron tenía una cachiporra
en un bolsillo y el documento de identidad de Santiago Maldonado en
el otro. Sergio Maldonado —hermano de Santiago— y su mujer,
Andrea Antico, permanecieron en el lugar mientras duró el trabajo de
los peritos. Velaron el cuerpo desde la orilla durante siete horas:
“No confiamos en nadie”, diría más tarde Antico en la
conferencia de prensa.
En
la autopsia, que se hizo dos días después en la morgue judicial de
la ciudad de Buenos Aires, Sergio Maldonado reconoció el cuerpo:
identificó a Santiago por los tatuajes. El juez federal a cargo de
la causa, Guillermo Lleral, aseguró más tarde que el cadáver no
mostraba lesiones. El cuerpo se encontraba relativamente bien
conservado pese a los más de dos meses desaparecido.
La
noticia respondía a la pregunta que movilizó dos veces a miles de
argentinos hacia la Plaza de Mayo: “¿Dónde está Santiago
Maldonado?”. Sin embargo, las circunstancias de la aparición
del cuerpo abrieron nuevas interrogantes. La hipótesis de que
se ahogó, en vez de librar de responsabilidad a las fuerzas de
seguridad, potenciaba la incertidumbre: ¿por qué se lanzaría a un
río correntoso una persona que le temía al agua y no sabía nadar?
‘Queremos
tierras productivas’
Santiago
Maldonado era muy alto y muy flaco, tenía 28 años, la barba a la
deriva y el pelo crespo del que salían cuatro rastas. Era muralista
y tatuador. Desde abril dormía en una biblioteca comunitaria de El
Bolsón, un pueblo patagónico emblema de los artesanos y los
neorrurales... Había nacido en la ciudad de 25 de Mayo, en la
provincia de Buenos Aires, y hacía meses peregrinaba de un lado a
otro de la cordillera.
“Estaba
ahorrando para viajar a España”, dijo Marcos Ampuero, un tatuador
chileno que trabajó con él, en una entrevista radial. Ampuero
recordó que Maldonado “defendía causas que le parecían
justas: en Chile, por ejemplo, hubo una protesta de pesqueros y él
se sumó”.
En
El Bolsón se hizo amigo de algunos mapuches y les prometió ir a
apoyarlos en el reclamo por la liberación de su lonko —cacique—,
Facundo Jones Huala, quien está en prisión preventiva desde el 27
de junio, el mismo día en que los presidentes Mauricio Macri y
Michelle Bachelet se reunieron en Santiago de Chile. Huala, de 31
años, no tenía ninguna causa en su contra en Argentina, sino un
pedido de extradición de Chile tras el incendio de una finca en
enero de 2013. El pedido, sin embargo, fue declarado nulo por la
Corte Suprema Argentina, tras comprobarse que un testigo declaró
bajo tortura en contra de Huala.
La
comunidad Pu Lof nació en marzo de 2015... Allí habitan unas cien
personas, casi todas menores de 40 años. Algunos viven de lo que
producen, otros salen a trabajar y estudiar en las ciudades cercanas,
donde se criaron.
La
Argentina es mestiza de nacimiento: la mitad de la población
tiene ancestros indígenas de diferentes etnias. Unos 200.000
argentinos se reconocen mapuches y
algunos ocupan lotes pequeños de la Patagonia norte.
Quedaron en medio de estancias gigantes tras el reparto de
tierras que hizo el Estado cuando colonizó la región en el siglo
XIX. La mayoría de los mapuches emigró hacia las ciudades. Desde
1994, la Constitución reconoce el derecho de tierras “aptas y
suficientes para el desarrollo humano” a los pueblos indígenas,
pero hay más de 200 comunidades nativas que mantienen conflictos
territoriales con el Estado.
