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- Lunes 9 de Octubre de 2017 -
Mientras
se multiplican los indicios y pruebas sobre la presunta participación
de efectivos de Gendarmería Nacional en la investigación por
desaparición forzada del joven Santiago Maldonado, el ministerio
de Seguridad redobló su plan de reducción de daños para deslindar
responsabilidades penales y políticas en el caso, que desde hace
dos semanas está en manos del juez federal Gustavo Lleral. Esta
semana, luego de sesenta días, la cartera que conduce Patricia
Bullrich finalmente le remitió a la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas (PIA) todos los sumarios internos que instruyó el
ministerio sobre los uniformados. La llamativa demora, según
pudo saber este diario, estuvo acompañada por un recaudo interno
que firmó Bullrich el 26 de septiembre (cuando el magistrado Guido
Otranto fue subrogado) para intervenir en los sumarios internos que
se realicen dentro de las fuerzas de seguridad que dependen de ese
ministerio, pero especialmente Gendarmería.
Según
la resolución 984-E/2017, la cartera de Seguridad “podrá tomar
intervención en la tramitación de los sumarios internos en los
casos de violencia institucional o violencia de género -ya sea
contra personas pertenecientes o ajenas a las Fuerzas Policiales o de
Seguridad-, así como en los que se substanciaren por graves
actos de corrupción, presunta participación o encubrimiento de
miembros de las Fuerzas en relación con el tráfico ilícito de
estupefacientes, trata de personas, secuestros, terrorismo” entre
otros delitos. Sin embargo, aclara que “cuando (…) el caso
revistiere gravedad institucional, la máxima autoridad ministerial
podrá disponer la conformación de un comité de investigación, el
que estará compuesto por dos o más directores de las áreas
competentes del ministerio o por las personas que ellos designen”.
Fuentes
judiciales, que analizan la resolución, explicaron que se trata de
una decisión administrativa que busca revertir errores cometidos,
especialmente en el Caso Maldonado, a la hora de investigar a los
internos. “Es difícil creer que Bullrich no estuviera al tanto
de los sumarios internos realizados dentro de las fuerzas. Lleva dos
años como titular de la cartera, si no supiera sobre estos sumarios,
habría firmado esta resolución mucho antes”, analizó el
funcionario consultado. Una fuente del Ejecutivo que pidió reserva
de su identidad, argumentó en diálogo con este diario: "Antes
el Ministerio podía hacer una investigación independiente y no
regular el sumario interno de la fuerza. Ahora el ministerio podrá
participar mientras se lleva adelante la investigación interna y
también hacer la propia. Ante un caso la fuerza hacía su
investigación y el Ministerio la suya, pero ahora también podremos
intervenir en el expediente de la fuerza. Antes sólo recibíamos
informes sin poder participar”, aclaró el funcionario consultado,
luego de reconocer las falencias internas en los sumarios. “Uno
ve las actas, y son las actas argentinas, no hay videos, están
escritas a mano, sin documentación. Cuando vos ves las actas de
cualquier fuerza, ves que los efectivos están escribiendo papeles en
medio de episodios de violencia. Por eso tomamos estas acciones,
porque cuando ocurre algo como el caso Maldonado, y ves cómo y lo
que escriben es razonable que las miradas se pongan en los puntos y
las comas. Ahora tenemos que reacionar, porque la Justicia puede
meter preso a un gendarme, pero lo que esta claro es que es muy
difícil que haya pasado un cuerpo delante de todos, es decir que no
hay una responsabilidad institucional, sino individual”, se
defendió el funcionario, ante los interrogantes que desató la
resolución que firmó la ministra.
La
cuestionada resolución del 26 de septiembre recién se conoció esta
semana, un día antes que la Oficina Regional del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de la ONU, conducida
por Amérigo Incalcaterra, le reclamara al Gobierno la
necesidad de esclarecer la responsabilidad de Gendarmería en la
desaparición del joven de 27 años, que fue visto por última vez el
1º de agosto. Un vocero de la jefatura de Gabinete negó que la
decisión tuviera que ver con el pronunciamiento del ACNUDH. “No
creemos ni dejamos de creer en nada y damos la mayor cantidad de
herramientas a la justicia. Si hay algún responsable los jefes de
Gendarmería lo entregan con moñito”, espetó la fuente
consultada.
Sin
embargo, hay funcionarios de la cartera de Seguridad seriamente
comprometidos en los sumarios que ahora buscan ser corregidos y
tutelados por Bullrich, como Daniel Barberis, a cargo del área de
Violencia Institucional, sospechado de influir en las investigaciones
internas para deslindar la responsabilidad de Gendarmería. Todo
bajo la dirección del jefe de asesores de la Ministra, Pablo
Noceti, acusado por encubrimiento junto a Bullrich y al jefe de
Gabinete Marcos Peña, en una investigación penal a cargo del fiscal
Federico Delgado, que el próximo martes tendrá una audiencia en
la Cámara de Apelaciones para resolver si el caso debe quedar en
Comodoro Py o ser remitido a Esquel. Los planes de reducción de
daños del Gobierno ya están en marcha, pero en la Justicia dudan de
su eficacia para evitar consecuencias peores. «
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