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- MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017 -
A
48 horas de su triunfo electoral el Gobierno empezará hoy mismo a
facturarlo con la CGT: el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibirá
al triunvirato de líderes para encaminar las negociaciones por un
proyecto de ley consensuado de blanqueo laboral, tal como
anticipó ayer este diario, que incluirá un amplio perdón de deudas
para empleadores y un recorte en las indemnizaciones por despido para
los trabajadores no registrados.
Será
el eje de un acuerdo que ya estaba en discusión con la central, que
a partir del resultado electoral cobrará mayor velocidad y que
contendrá también un relanzamiento de las pasantías, así como
la creación de un organismo para frenar los juicios contra las obras
sociales sindicales y de un observatorio para el seguimiento de
las intervenciones a gremios, ambos a pedido de la cúpula de la CGT.
El paquete había sido adelantado por Ámbito Financiero en diciembre
de 2016 como parte de los planes del equipo de Mauricio Macri para
este año.
Hasta
anoche sólo estaba resuelto que Triaca recibiría a los triunviros
Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña a las 18.
Inicialmente se preveía que fuese en la sede central de la cartera
laboral, en Alem al 600. En cambio no estaba claro si habría más
convocados por los gremios. La cúpula del sindicalismo
tradicional ya descontaba un llamado del Ejecutivo para acelerar los
cambios.
Tomados
de la promesa del propio Triaca de que no habrá una reforma "a
la brasileña", los dirigentes irán hoy a la reunión con la
expectativa de validar el blanqueo y un nuevo sistema de prácticas
formativas (el término que se utilizará para no ligarlas con las
pasantías de los 90) a cambio de sostener otras prerrogativas
centrales para el poder de la CGT: el monopolio de representación,
la preeminencia de las leyes nacionales por sobre los acuerdos de
menor grado (para evitar la generalización de concesiones como
hubo en Vaca Muerta con los petroleros), la continuidad de las
paritarias y el sostén del sistema de obras sociales.
Respecto
del blanqueo, este diario pudo confirmar que contendrá una total
exención de multas para los empleadores que aceptaran inscribir a su
personal no registrado. Pero también se avanzará sobre la idea
original de los ideólogos del plan, entre ellos el secretario de
Empleo, el ex Techint Miguel Ponte, de anular los adicionales
indemnizatorios para los trabajadores informales.
En
la ley de empleo 24.013 y en la de régimen indemnizatorio 25.323 se
establecen punitorios que llegan a duplicar los pagos por despido en
caso de constatarse modalidades irregulares de contratación. Con los
cambios que serán objeto de un proyecto de ley facilitado por la
CGT, esos extras dejarán de formar parte del pago a los
trabajadores para recaer en la Anses. Creen los funcionarios que,
así, se desalentarán los juicios laborales contra empleadores al
reducirse drásticamente los montos reclamados.
Hay
otros rubros que el Gobierno espera apurar desde hoy. Uno de ellos es
la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de salud,
que reclamaban tanto los sindicalistas para sus obras sociales como
los dueños de las prepagas. Se trata de un organismo que intercederá
ante los planteos de los afiliados para la obtención de coberturas
costosas (tratamientos o remedios) antes de habilitar juicios. Una
suerte de sistema de ART sanitario.
En
cuanto a las "prácticas formativas" el Gobierno y la CGT
también alcanzaron un principio de acuerdo para despegarlas de
los vínculos laborales formales y encuadrarlas como mecanismos
educativos. La dirigencia sindical, de todos modos, pactó con
los funcionarios incluirlas en los convenios colectivos de trabajo
para mantener un margen de control y el aporte para cada gremio.
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