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- 10 DE OCTUBRE DE 2017
Los
11.068 afiliados al PAMI que por sus condiciones de salud deben tener
entre 12 y 18 horas semanales de diálisis, corren peligro de
quedar sin esa prestación vital por la “decisión unilateral”
del organismo de suspender el convenio vigente y establecer otro que
supone “reducir un presupuesto que ya era insuficiente”. La
advertencia fue formulada, en diálogo con PáginaI12, por Alfredo
Casaliba, titular de la Asociación Regional de Diálisis y
Trasplantes Renales de la Capital Federal y provincia de Buenos
Aires. Los prestadores tienen un plazo de quince días para aceptar
las condiciones del nuevo convenio, que “cambian para peor las
condiciones de contratación, lo que pone en riesgo la calidad y la
continuidad misma de la prestación, poniendo en riesgo a los
afiliados del PAMI de todo el país”.
Casaliba
sostuvo que “la reducción injustificada del presupuesto
destinado a estas prestaciones generará graves dificultades a los
Centros Prestadores que se ocupan del tratamiento de los más de
11.000 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica afiliados al
Instituto” de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
El
presidente de la Asociación recalcó que “es bien sabido que la
prestación de diálisis debe cumplirse indefectiblemente, dado que
de ella depende la calidad de vida y la supervivencia de los
pacientes”. La situación planteada “en forma intempestiva
por el PAMI puso en estado de alerta a la población de pacientes
afectados y a los equipos interdisciplinarios abocados a su
atención”.
Casaliba
insistió en que el nuevo convenio impuesto por las autoridades del
PAMI “modifica de manera irrazonable un convenio previo que ya
era insuficiente. Lo que se trata de imponer es irrazonable desde el
punto de vista jurídico, médico y administrativo”. Agregó
que la resolución hace naufragar “las negociaciones que se
venían manteniendo para mejorar el convenio vigente, que ahora
intenta ser reemplazado por otro menos favorable todavía”. Las
autoridades “ataron el futuro de la prestación a firmar un
convenio en el término de 15 días, sin posibilidad de discutirlo a
fondo”. El panorama empeora porque “se venía discutiendo el
convenio vigente, que nunca se corrigió para bien y que siempre fijó
recursos por debajo del costo real de la prestación”.
Casaliba
precisó que “el aumento real de la prestación es el doble de
lo que el PAMI está proponiendo en el nuevo convenio y esto pone en
riesgo la continuidad de los servicios por parte de muchos de los
proveedores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque el 40
por ciento de los pacientes son afiliados al PAMI”. El titular
de la Asociación puntualizó que “uno de los problemas
centrales del bajo presupuesto, es que eso determina que baje también
la calidad de las prestaciones y de ahora en más, con el nuevo
contrato que propone el PAMI, las dificultades aumentarán”. El
titular de la entidad dijo que se trata de “una prestación de
salud de alta complejidad y alto consumo que viene con problemas que
no son de hoy ni de ayer, sino que viene pasando desde siempre, lo
que lleva a pensar que con las nuevas condiciones que se quieren
imponer, muchos centros de atención van a quedar en el camino”.
Por esas razones “la preocupación alcanza en primer lugar a los
pacientes, pero también preocupa a todo el mundo, a los médicos y
paramédicos, y al personal interdisciplianrio que trabaja en los
centros y que podría perder su empleo”. Afirmó que “en
algunos de los centros, el personal no ha cobrado su sueldo todavía”.
“Muchos
centros han tenido que recurrir a préstamos bancarios y eso podría
provocar quebrantos progresivos”, alertó Casaliba. Algunos de
los problemas que se daban antes de la propuesta del nuevo convenio
eran “la baja en el flujo de fondos y la demora en la
acreditación de esos flujos presupuestarios”. Ante el nuevo
convenio “los centros de todo el país se han manifestado en
contra, de manera tal que sería necesario abrir una mesa de
negociación, a la que hasta ahora las autoridades del PAMI se vienen
negando”. Casaliba aclaró que la entidad que preside es “una
organización sin fines de lucro cuyos objetivos son promover la
protección de los servicios de nefrología, diálisis y/o trasplante
renal”. El riesgo para los pacientes se debe a que la
hemodiálisis es una modalidad de tratamiento de los casos de
insuficiencia renal más avanzados y en razón de lo delicado del
diagnóstico, no puede interrumpirse bajo ningún punto de vista.
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