LAVACA.ORG
- 13/10/2017 -
La
Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional sesionó en
Esquel, a 72 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
También se reunieron con el juez Gustavo Lleral, quien les aseguró
que la principal hipótesis en la investigación apunta a Gendarmería
y que decidió que los abogados de la fuerza nacional ya no tengan
vista de la causa. Una comitiva de la Comisión visitó en prisión
al lonko Facundo Jones Huala y también escuchó a las querellas y a
representantes de las comunidades mapuche, en una reunión abierta a
la comunidad. Las primeras conclusiones de las y los representantes
de todos los bloques parlamentarios fueron expresadas en un
comunicado consensuado, que resalta la necesidad de que “las
instituciones del Estado construyan un vínculo de confianza” con
la comunidad mapuche y que la paz se alcanzará “con una
resolución definitiva sobre el tema de las tierras”. Las
impresiones que dejó este viaje en las y los legisladores y la
comunidad Pu Lof en Resistencia.
“Le
pregunté al juez si la hipótesis principal era la de desaparición
forzada y dijo que sí: esa es la hipótesis que ellos están
investigando”, dijo a lavaca la diputada y presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la Nación, Victoria Donda (Libres
del Sur), tras la reunión de los representantes de todos los bloques
parlamentarios con el juez Gustavo Lleral, que instruye la
investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Precisó Donda: “La hipótesis del juez es que Santiago fue
visto por última vez durante la represión de Gendarmería”.
La Comisión de DDHH sesionó en Esquel a 72 días de la
desaparición forzada del joven de 28 años y recibió los
testimonios de integrantes de la Pu Lof en Resistencia del
Departamento de Cushamen, de la abogada de la familia Maldonado,
Verónica Heredia, de organismos de derechos humanos y también de
Noelia, una amiga de Santiago, quien advirtió: “Caerán
gendarmes, pero no los verdaderos responsables”.
De
esta sesión extraordinaria de la Comisión participaron además de
su presidenta, Victoria Donde, los diputados Daniel Lipovetzky
(Cambiemos), Facundo Moyano y Horacio Alonso (Frente Renovador), Juan
Carlos Giordano y Nathalia González Seligra (FIT), Silvia Horne
(Movimiento Evita) y Santiago Igon, Walter Santillán y Oscar
Martínez (FpV). Algunxs diputadxs visitaron al lonko Facundo Jones
Huala en la Unidad 14 de Esquel, preso desde el 27 de junio a la
espera de un juicio de extradición a Chile, causa por la que fue
juzgado el año pasado. Las primeras conclusiones de este viaje
fueron sintetizadas en un comunicado consensuado por todos los
legisladores que participaron:
“Los
miembros de la comisión de Derechos Humanos aquí presentes queremos
expresar la necesidad de construir un vínculo de confianza entre las
distintas expresiones del Estado y la comunidad mapuche. Es la única
manera de lograr el esclarecimiento sobre las circunstancias que
lamentablemente terminaron con la desaparición de Santiago
Maldonado, así como lo que permitirá arribar prontamente a una
solución de fondo. No obstante, la síntesis de ese encuentro es
que la resolución definitiva sobre el tema de la tierra es lo que va
a traer paz a los sectores hoy en conflicto, comunidades que se
encuentran desde hace tiempo en evidente vulneración de sus derechos
humanos más básicos.”
Sobre
la visita Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Pu Lof en
Resistencia, sintentizó en una entrevista realizada por Radio
Kalewche: “La Comisión realizó dos hechos concretos y, en ese
sentido, importantes. El primero, visitar en prisión al lonko
Jones Huala, poniéndose al tanto de la persecución política hacia
el pueblo mapuche en general y hacia él en particular. Nos
pareció interesante e importante que lo hayan escuchado y hayan
observado la situación. Y luego, en la reunión que se realizó
después, también pudieron escuchar a todos los hermanos mapuche
presentes, denunciando sus problemáticas, que para todos es la
misma, y que plantearon la situación con claridad y con precisión.
Duró casi tres horas, con gran cantidad de público. Ahora lo que
esperamos es que no quede en la nada, sino seguir trabajando con
compromiso. Creo que pudieron entender lo fundamental: a Santiago
Maldonado lo desaparecieron en el contexto de un reclamo concreto, no
sólo en cuanto al reclamo de la tierra, sino de la criminalización
y judicialización de ese reclamo por nuestros derechos que el Estado
incumple”.
¿Cuál
es la importancia que la Comisión viajara y sesionara en Esquel?
Victoria
Donda: Es importante haber tomado contacto con la comunidad. Los
abogados defensores en la ciudad de Esquel tienen que ver que hay un
respaldo político. Y, también, involucrarnos y esforzarnos para
obtener una solución de fondo, que es la tenencia de la tierra. Eso
también se está discutiendo: la desaparición de Santiago
Maldonado y la detención de Facundo Jones Huala tienen que ver con
la discusión sobre la propiedad de la tierra. Eso es lo que no
resuelve el Estado: al dejar el problema latente, cada vez se va
agravando más.
¿Cuál
es el rol del Poder Legislativo, en tanto uno de los tres poderes del
Estado, en el marco de una desaparición forzada en democracia?
Victoria
Donda: Primero, evaluar si la legislación que tenemos hoy es acorde
a las necesidades. La evidencia es que no. Hay que modificar
el artículo N° 142 ter del Código Penal (el que tipifica la
desaparición forzada de personas) para que el tipo penal incluya
a los funcionarios que, por acción u omisión, permiten que se
continúe cometiendo el delito de desaparición forzada. Eso fue
lo que expuso en la sesión la abogada de la familia Maldonado,
Verónica Heredia. En segundo lugar, también, evaluar la
importancia de contar con un protocolo de actuación para fijar
cuáles son las acciones que tiene que llevar adelante el Estado ante
un caso de desaparición forzada. Como no lo tenemos, cada actor
termina haciendo lo que quiere.
La
diputada Donda contó que efectivos de civil siguieron a su
comitiva hasta un bar y les sacaron fotos. Consultado al
respecto, el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, dijo a lavaca:
“Hay un clima de preocupación, y eso lo transmitieron las
comunidades: desde hace mucho tiempo hay cuestiones vinculadas a
investigaciones e inteligencia ilegal...
¿Qué
importancia tuvo para usted la sesión en Esquel?
Daniel
Lipovetzky: Luego de la primera reunión que tuvimos después de la
desaparición de Santiago, yo fui uno de los que dijo que me parecía
importante reunirnos en Esquel para darle mayor seguridad a muchos
testigos que tenían miedo de declarar... y ahora estamos aquí
para darle apoyo al nuevo juez: lamentablemente se perdieron
muchos días valiosos con Otranto, que no estuvo a la altura de las
circunstancias.
¿Qué
hipótesis tiene más fortaleza que otras?
Daniel
Lipovetzky: No lo dijo, pero creo que son las que tienen que ver con
las cosas que van surgiendo: una de las posibilidades es que sea
una posible intervención de algún miembro de Gendarmería. Otra
que va a investigar: va a pedirle información a Chile sobre si hay
posibilidad de que Santiago esté allí. También adelantó que va
profundizar la búsqueda de Santiago en los lugares donde
posiblemente haya desaparecido, que es en el lugar del corte y del
río.
Usted
¿qué evaluación hace del caso?
Daniel
Lipovetzky: Hay que investigar todas las hipótesis, incluida la
más alta calificación que se le ha puesto a la causa, que es la de
desaparición forzada... cuando la Justicia investiga, tiene que
investigar hasta la hipótesis más grave, en este caso la
desaparición forzada, para ir descartando cualquiera de ellas hasta
llegar a la verdad. Desde ahí, me parece que está bien encaminado
todo lo que se está haciendo hoy desde la Justicia.
Ante
una hipótesis de desaparición forzada, sí hay una participación
del Estado: la Gendarmería es una fuerza nacional y quienes
participaron son agentes del Estado.
Daniel
Lipovetzky: Sí, pero no es una participación institucional
orgánica. Todo esto tiene que probarse de manera fáctica, pero lo
que yo creo que se va a terminar acreditando, si se certifica la
intervención Gendarmería, es la de un miembro que pudo haber
cometido un hecho ilícito. Y por ese hecho ilícito tiene que ser
juzgado y, si se comprueba, condenado... si hubo un miembro de
Gendarmería que cometió un delito tiene que ser juzgado y
condenado...
El
Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sí puntualizó en
el accionar posterior del Estado, en particular sobre el Ministerio
de Seguridad, y manifestó su alta preocupación. Un ejemplo:
aseguró que el Ministerio introdujo falsas hipótesis dentro del
expediente.
Daniel
Lipovetzky: El Comité tiene que expresar su preocupación, es
lógico. Por eso también como Comisión de Derechos Humanos estamos
acá. Habrán hecho algunas consignaciones que le generan
preocupación...
La
propia ministra de Seguridad ubicó a su jefe de Gabinete, Pablo
Noceti, en el lugar de los hechos que culminaron con la desaparición
de Maldonado. Él también lo reconoció en diversas entrevistas e
incluso Gendarmería confirmó en documentos internos que estuvo
coordinando las acciones en la Patagonia.
Daniel
Lipovetzky: Él vino a una reunión vinculada con la seguridad
regional en Bariloche, luego se trasladó a Esquel, pero no por el
proceso de desalojo del 1 de agosto que hubo en el corte. Pareciera
que ese argumento tiene sentido teniendo en cuenta que si bien era
una orden dada por el juez, no parecía tan importante como para que
el jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad esté acá. De todas
maneras, otro miembro de la Comisión le preguntó al juez sobre
esto: dijo que lo va a investigar, no en esta causa, sino en la de
desaparición forzada. Ahí es donde deberá determinarse si tuvo
o no algún tipo de participación. Está bien que haya una hipótesis
a investigar: la causa por desaparición forzada tendrá que seguir
esta línea.
¿Qué
evaluación hace del accionar de la ministra Bullrich?
… “Vinimos
con muchas expectativas de poder hablar con las comunidades. Es
difícil conocer la realidad que viven sin venir al territorio”,
dijo a lavaca la diputada Nathalia González, del Frente de Izquierda
y los Trabajadores (FIT). “Por otro lado, la expectativa era
también política: queríamos poder impactar en la región y poder
generar un hecho político para conmover al Poder Judicial y al poder
político. Eso significaba, también, darle fortaleza a la
comunidad para avanzar en encontrar la verdad en la investigación de
la desaparición de Maldonado y determinar la responsabilidad de los
efectivos de Gendarmería, de los máximos responsables de esa fuerza
y de los responsables políticos. Hablando con los vecinos aquí
en Esquel la desaparición es una cuestión que a todos angustia,
preocupa: han recibido la visita de innumerable cantidad de
fuerzas. Es muy intimidatorio y, lo que notamos, es una situación de
alerta permanente”.
La
diputada González subrayó la dificultad que contó la Comisión
para trasladarse a Esquel. “No contábamos con el aval
institucional, pero vinimos. Fue gratificante: estuvimos con los
organismos que desde el día 1 han denunciado toda la situación de
represión y lo que ocurrió con Santiago. También hablaron decenas
de referentes de las comunidades de las zonas: no sólo plantearon la
urgencia por la aparición con vida de Santiago, sino también las
denuncias por el hostigamiento brutal que sufren, incluso estos días.
Hubo testimonios de referentes de la comunidad Vuelta del Río, a
quienes les quemaron las viviendas después de denunciar el
allanamiento del 18 de septiembre. Viven una situación de
amedrentamiento y faltas de garantías permanente”.
¿Le
comunicaron ese amedrentamiento al juez Lleral?
Nathalia
González:Es una cuestión preocupante que le llevamos.
Lamentablemente no nos dio respuesta. Preguntamos qué medidas
iba a tomar para garantizar la integridad tanto de los testigos como
de la familia de Santiago. El juez planteó que él mismo
considera que no tiene todas las garantías, que no las puede dar y
que está tratando de instruirse en la causa. Es un sabor
amargo: no planteaba herramientas para que la comunidad se sienta
protegida y poder seguir denunciando. Dijo que tendió un diálogo
con la comunidad: él mismo dijo que tenía que hacer toda una
serie de maniobras para llegar sin las fuerzas de seguridad, lo que
habla de la militarización de la zona. También le preguntamos
si tenía una línea de investigación alrededor del principal
responsable del operativo donde desaparece Santiago, que es Noceti:
se reservó a contestarme. Lo que sí hay que rescatar es que dio
lugar a una demanda concreta de la familia: apartó a Gendarmería
del acceso de la causa. El juez accedió a ese planteo.
¿Qué
dijo sobre la hipótesis de desaparición forzada?
Nathalia
González: Se lo preguntamos explícitamente: dijo que desde el
día en que asumió la causa hasta el momento no tiene probatoria de
otra hipótesis.
“Pudimos
oír los testimonios y el conflicto que subyace y atraviesa todo:
el problema de la tierra de las comunidades originarias”, dijo
a lavaca Silvia Horne, diputada por Río Negro del Movimiento Evita.
“También pudimos reunirnos con el juez, a quien le transmitimos
algunas de las preocupaciones que recogimos el día anterior, sobre
todo la situación de temor que hay en la población por el nivel de
militarización que tiene la zona. Nuestra preocupación era la
presencia de Gendarmería en la investigación, pero aclaró que
resolvió que no interviniera más ni tomara vista en el
expediente. También hicimos hincapié en investigar las
comunicaciones del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad,
Pablo Noceti, y de la ministra Bullrich, ya que está absolutamente
constatado la presencia de Noceti en el lugar, confirmada no sólo
por él sino por el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, en
su interpelación en la Legislatura”.
Horne
dejó en claro que el juez Lleral debe actuar de “forma
independiente”. Y agregó: “Nos confirmó que la hipótesis
principal es que Santiago Maldonado fue visto con vida por última
vez en el operativo que hizo Gendarmería en la zona”.
La
diputada fue una de las que visitó al lonko Jones Huala en la Unidad
14. “Nos queda la preocupación de que no corresponde que esté
sometido por segunda vez al mismo proceso. Tampoco creemos que
corresponda la extradición”.
Horne
resaltó que la Comisión estuvo “muy completa”, ya que contó
con los bloques con representación en el Congreso. “Estamos muy
conformes con haber ido. La comunidad de Esquel también esperaba una
respuesta, un espacio donde poder expresarse. Es muy grave que a
muchos años de recuperada la democracia hoy estemos viendo estos
hechos con una persona desaparecida en un operativo de seguridad. Y
ocultando el conflicto de tierras. Argentina tiene una deuda
constitucional, ya que el Estado asumió el reconocimiento a la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, mientras
que el Código Civil reconoce los títulos comunitarios”.
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