19.10.2017
Luego
de conocerse la aparición de un cuerpo sin vida en el río Chubut,
la familia de Santiago Maldonado eligió como su perito para la
autopsia a Alejandro Inchaurregui. El antropólogo cuenta con un
intachable currículum y fue despedido por el gobierno de María
Eugenia Vidal.
Inchaurregui
cuenta en su historial con importantes resultados: encontrar los
restos del "Che" Guevara en Bolivia, hallar la identidad de
más de 150 desaparecidos por dictaduras y matanzas en Irak, ex
Yugoslavia, Filipinas, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil,
Colombia y Panamá. Hasta 2016
ocupaba el cargo de Director Provincial de Registro de
Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, pero
fue despedido por el ministro Cristian Ritondo.
En
ese momento, Inchaurregui contó: "Hubo un embate de la Policía
para que la Dirección Provincial, que depende de la Subsecretaría
de Planificación, gestión y Evaluación a cargo del contador
Patricio Lombilla, pasara a ser una dependencia más de la Policía
bonaerense (como muchas otras). La coyuntura se zanjó cuando las
autoridades de la gestión Ritondo advirtieron que, entre otras, la
Dirección Provincial a mi cargo se ocupaba de otros temas además de
registrar los desaparecidos, como búsqueda de identidad de origen,
recompensas, registro de NN, etcétera. Fue precisamente el caso de
una recompensa lo que generó un entredicho que sirvió de excusa al
Ministro para que decidiera mi cese".
El
caso
El
juez federal Sergio Gabriel Torres remitió el 12 de enero un oficio
al ministro Ritondo señalando que un testigo de identidad reservada
había aportado datos fehacientes que permitieron dar con el paradero
de los prófugos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. La
Unidad Ministro remitió a la Dirección Provincial el oficio ya
caratulado como expediente, por lo que se le requirió a Torres que
informara si se le había tomado declaración al testigo en los
términos del art. 8, Decreto 2052/98 (es decir, si el testigo es o
fue miembro de las Fuerzas Armadas o de seguridad, en cuyo caso no
puede cobrar la recompensa) y otros detalles. Inchaurregui le hizo
saber de este requerimiento al juez Torres el 3 de febrero y, ante la
falta de respuesta, se lo reiteró el 10 de marzo y el 4 de abril. El
silencio de Torres continuó.
Ante
la paralización del expediente debido a la falta de respuesta del
juez a los tres requerimientos, Inchaurregui solicitó al presidente
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de Capital, Martín Irurzún, que arbitrara los mecanismos
necesarios para que el juez Torres respondiera. Una práctica usual,
común en este tipo de procedimientos.
Sin
embargo, y según lo expresado por el subsecretario Patricio
Lombilla, Torres llamó por teléfono al ministro Ritondo para
quejarse por el reclamo de Inchaurregui. El ahora ex director
provincial del Registro de Personas Desaparecidas desconoce los
términos en que Irurzún se dirigió a Torres, así como tampoco
sabe qué cosas le refirió Torres a Ritondo. Lo único que sabe, por
intermedio de Lombilla, quien aparentemente no estaba de acuerdo con
la medida, es que esa llamada generó "un gran quilombo y que
el Ministro ordenó el cese en la función porque no querían
indisponerse con un juez federal".
Al
respecto de esta situación, Alejandro Inchaurregui relató: "Un
detalle a tener en cuenta es que me enteré que otro funcionario, el
subsecretario Legal y Técnico Ignacio Grecco se había apersonado
ante el Juzgado de Torres y había retirado documentación que,
obviamente, no agregó al expediente porque estaba en mis manos a la
espera de la respuesta del juez. No obstante, según el
subsecretario Lombilla, el juez no se tomó la molestia de explicarlo
en tres líneas o de avisar por teléfono que alguien había retirado
información. Sólo tomó el teléfono para quejarse ante Ritondo de
mis reiterados reclamos. A su vez, Grecco tuvo para sí durante un
mes y medio información relativa al pago de la recompensa sin poder
insertarla en expediente alguno".
Ante
el cese de sus funciones, Inchaurregui se preguntó: "¿por
qué un juez no responde a un Director Provincial, es quisquilloso?,
¿no tomó los recaudos cuando declaró el testigo y ahora resulta
que no reúne los requisitos para que se le pague la recompensa?,
¿el presidente de la Cámara lo habrá retado?"; que además
señaló que "cuando pidió hablar con Ritondo, no fue
atendido".
El
trabajo de Inchaurregui en lo que a los casos de búsqueda de origen
se refiere, quedó trunco. A Ritondo no le interesó los más de
800 casos resueltos en 10 años, expuestos en la publicación "Tras
la búsqueda", un film documental sin estrenar con el
testimonio de seis madres que no quisieron o no pudieron maternar a
sus hijos titulado "Mujeres invisibles"; en los aportes
sustanciales en los casos de Lesa Humanidad como haber ingresado en
primer término al archivo de la ex D.I.P.B.A; en haber sido en 2011
la persona que más denuncias efectuó por Trata de Personas ante
la entonces Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de
Personas.
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