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- 20 ago 2017
Tras
haberse aprobado la reforma laboral en Brasil, la economía más
importante de Sudamérica, con 207 millones de habitantes, los
trabajadores de países con legislaciones más protectoras para la
clase obrera, como Argentina y Uruguay, comenzaron a preocuparse por
las repercusiones que esto pueda causar en sus naciones. Sin embargo,
la región tiene zonas donde las vulneraciones ya eran considerables
incluso antes de los cambios en el Congreso brasilero: Chile es un
claro ejemplo de ello.
"Es
el país con mayor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de
América Latina, son 24.113 dólares para 2016 ,de acuerdo al último
informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), llamado
'Perspectivas de la Economía Mundial'", resalta el economista
chileno Gonzalo Durán. A pesar de ello, Durán destaca las grandes
inequidades para distribuir esta riqueza: "En
materia de sueldos mínimos reales (comparables por poder
adquisitivo), Chile se ubica por debajo de países como Panamá,
Paraguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica".
El
experto en salarios y desigualdad de la Fundación Sol comenta que
según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), "para
el 2016 la mitad de los trabajadores percibía 540 dólares al mes o
menos", pero añade: "Según
datos del Ministerio de Desarrollo Social, la línea de pobreza para
una familia con cuatro integrantes es de 620 dólares".
En efecto, para Durán "hay
muchos trabajadores que con lo que ganan no logran superar la pobreza
por ingresos", sobre
todo en hogares donde perciben un solo sueldo.
En
cuanto a la fragilidad de la clase trabajadora chilena, el
especialista calcula que si solo se consideran los ingresos
autónomos, es decir, sin ayudas o subsidios estatales, "la
pobreza pasa de un 11,7% a un 26,9%", demostrando así "la
debilidad estructural de la masa salarial al momento de generar
autonomía económica en los trabajadores y sus familias".
Además,
Durán comenta otro duro golpe para los bolsillos de sus
compatriotas: "De acuerdo a datos de la Universidad San
Sebastián y Equifax, hay
más de 11 millones de chilenos endeudados y más de 4 millones de
personas que directamente no pueden pagar estos compromisos".
El país cuenta con casi 18 millones de habitantes, es decir, más
de la mitad de su población está envuelta en este conflicto.
Muchos
de estos morosos pidieron préstamos a entidades bancarias para poder
ir a la universidad en busca de un futuro más próspero. El
endeudamiento ya se hizo costumbre en la ciudadanía del país
trasandino, que recibió un sistema económico heredado desde el Plan
Cóndor, que sobrevolaba la región en los setenta bajo gobiernos
militares.
La
reforma laboral chilena y la vigencia económica de la dictadura
Con
menos difusión mediática que Brasil, el Gobierno de Michelle
Bachelet también impulsó su nueva ley de relaciones laborales, que
rige desde el 1 de abril, pero había ingresado al Congreso a fines
de 2014. "Es
importante recordar que en Chile las reglas del juego en materia de
derechos colectivos en el trabajo tienen su tronco en las leyes
impuestas en 1979 bajo la dictadura de Pinochet. Por eso es
importante que a casi 38 años se pusiera término al legado
dictatorial", opina
el académico.
A
su vez, repasa que "según las palabras del Gobierno, esta
reforma buscaba 'emparejar la cancha entre trabajadores y
empresarios'", pero advierte que "hay algo mantenido tal
cual como lo impuso la dictadura: negociación
colectiva a nivel de empresas".
Sobre
este aspecto, Durán profundiza: "La
idea de la negociación más allá de la empresa, por sector
económico, oficio o territorio, no es discutida.
Este punto es muy importante para comprender la economía política
de las relaciones laborales, toda vez que la negociación por rama
permite mejoras en la distribución de ingresos y de poder". En
países como Argentina, los convenios colectivos por rubros, con
imposiciones remunerativas y otros derechos, como por ejemplo días
libres para estudiar, están garantizados para los empleados
registrados en blanco. Los sectores patronales deben acatar las
reglas. Las negociaciones entre los sindicatos, el Estado y las
empresas prevalecen por encima de las intenciones de las compañías,
al menos así lo establece el marco regulatorio. En estas naciones
con derechos consagrados, el
empresariado local insiste en reducir los costos, principalmente en
salarios, para ser más
'competitivos' en el mercado internacional.
El
poder político de las empresas
Chile
no es ajeno a esta clase de discusiones:
"Uno de los argumentos más debatidos en las rondas sobre la
reforma laboral fueron las quejas del empresariado en torno a que con
ella se sube el costo de la mano de obra y se hace más riesgosa la
inversión, argumento similar a lo que pasa en Argentina",
considera el magíster en Economía Laboral Aplicada al Desarrollo.
Pero va más allá: "La
idea de contener salarios apunta en esta lógica de preservar las
tasas de ganancias que tienen los empresarios. Esto refuerza la idea
relacional de la desigualdad, en donde unos pocos ganan a costa de
que la clase trabajadora pierda".
Además
de consideraciones ideológicas, Durán apunta hacia un aspecto clave
a la hora de implementar políticas en el país: el poder del capital
concentrado para incidir en las negociaciones.
"En
Chile, con una economía en pocas manos, la capacidad que tiene el
gran empresariado para detener las inversiones es efectiva,
instalando con ello una señal respecto a lo que pueden generar
ciertas reformas que atenten contra sus intereses",
resume.
Por
ello, según el experto, se desarrolla el concepto de la "profecía
autocumplida", donde "el
cambio de conducta, dirigida en este caso para defender una tasa de
ganancia, detona la crisis que ese mismo sector ha pronosticado".
Se trata de una forma efectiva de sostener un discurso corporativo
sobre la "economía política", finaliza Durán.
Líder
en desigualdad
Según
estadísticas de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), publicadas por Business Insider, hasta
el 2014 -no hay datos más recientes- Chile
era el país más desigual de la entidad compuesta por 35 naciones.
Para el cálculo se tuvo en cuenta el coeficiente de Gini, donde '1'
se traduce en absoluta desigualdad y concentración económica y '0'
en una justa y equitativa distribución de la riqueza. El país del
Cono Sur obtuvo un elevado y crítico 0,5 en su calificación, donde
también se considera la "redistribución" económica tras
la intermediación del Estado: cobro de impuestos, subsidios y
seguridad social, entre otras prestaciones para impartir mayor
justicia social. Debido a sus escasas políticas públicas, Chile
solo reduce la desigualdad a un 0,47, por eso lidera la tabla por
encima de naciones como México, Estados Unidos y Turquía.
Leandro
Lutzky
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