Se
trata de restaurantes y boliches en la Costanera Norte,
estacionamientos bajo autopistas y casos icónicos como el del Buenos
Aires Design y el de Punta Carrasco. El dictamen de una fiscalía
porteña enumera cánones irrisorios y usos indebidos,y denuncia una
posible administración fraudulenta en la Dirección de Concesiones.
Detrás
de la fiesta electrónica, el debate por el uso de drogas sintéticas
y la connivencia de los organizadores con la seguridad, la
tragedia de Costa Salguero refleja un manto que cubre de ilegalidad
toda la Ciudad: el de las concesiones. Según denuncias
judiciales y un dictamen de fiscalía del año pasado, son al menos
45 las que se encuentran en una situación irregular, similar a la
del lugar donde se desarrolló la Time Warp.
El
1 de mayo de 1991, la empresa Telemetrix obtuvo una concesión de uso
por 30 años de Costa Salguero, a través de la Administración
General de Puertos. Vence el 30 de junio de 2021. La firma pertenece
a Federico Bensadon y Alberto Gutiérrez, también dueños de la
constructora Emaco SA, que tiene varios contratos con el Gobierno de
la Ciudad por casi $ 200 millones, entre ellos la construcción de
viviendas en la Villa Olímpica. Como accionista figura Fernando
Polledo Olivera, esposo de la diputada porteña del PRO, Carmen
Polledo...
Actualmente,
Telemetrix paga un canon irrisorio de $ 263.576,41, según el
registro oficial de la Dirección de Concesiones, por un terreno de
17 hectáreas que posee 24 espacios subconcesionados, cuyas firmas
abonan a Telemetrix al menos un millón de pesos mensuales. “La
Ciudad cobra $ 1,5 por m² por mes, cien veces menos que lo que
establece el mercado”, sostuvo Jonatan Baldiviezo, abogado del
Observatorio del Derecho a la Ciudad. La concesión original de Costa
Salguero habla de destinarlo a obras civiles y a un polideportivo.
Además, los terrenos poseen zonificación Urbanización Parque. Por
ley, un evento como el Time Warp jamás debió realizarse. La empresa
tampoco liberó hasta hoy los 35 metros del llamado “Camino de
Sirga”. La titular de la Auditoría porteña, Cecilia Segura,
anunció a Tiempo el inicio de una investigación desde su organismo.
Ante
el juez Sebastián Casanello se presentó el martes el ex diputado
porteño y dirigente del Partido Social, Facundo Di Filippo, con
información que reúne estas irregularidades y responsabilidades del
Ejecutivo porteño. Ya se había presentado en 2009 ante el juez
Andrés Gallardo, reclamando la incompatibilidad del uso del lugar
por la falta de Camino de Sirga, y por la ausencia de habilitaciones
de los locales casi desde su origen. Sólo cuatro de las
subconcesiones estaban habilitadas. Gallardo mandó a clausurar
varias, pero en tiempo récord (menos de dos días), la Ciudad las
habilitó a todas, menos a la estación de servicio que permanece
cerrada, en un tramo donde bajan los aviones hacia Aeroparque...
En
su dictamen, Asaro menciona al menos 45 concesiones con situaciones
irregulares, y apunta con dureza a la Dirección General de
Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico
(en ese momento a cargo de Francisco Cabrera, hoy ministro de
Producción de la Nación), que en los últimos períodos estuvo
a cargo de Ezequiel Sabor, Silvia Imas y Gabriel Astarloa, actual
procurador porteño. Astarloa habría realizado junto con otros
investigados “diversas maniobras de defraudación en perjuicio
de la administración pública”, afirma Asaro. “Habrían
otorgado a lo largo del tiempo diversas concesiones, adjudicaciones o
permisos de uso precario a título gratuito o bien bajo cánones
irrisorios a favor de los concesionarios, al tiempo que habrían
omitido el necesario control de esas concesiones y permisos”.
La fiscal habló de una posible “asociación ilícita”, de
“infidelidad defraudatoria”, y mencionó la metodología habitual
del PRO, de concesionar por menos de cinco años –en muchos casos
previo a su vencimiento– para evitar pasar por la Legislatura...
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