" La
academia de Brasil denunció ante la comunidad internacional lo que
considera “el golpe en curso en Brasil”. Lo hizo a través de una
Carta Abierta organizada por el Grupo de Investigación sobre
Democracia y Desigualdades que logró un masivo apoyo de
investigadores y docentes de todo el país.
La
historiadora y vicedirectora del Instituto de Ciencia Política de la
Universidad de Brasília hasta setiembre de 2015, Flávia Biroli,
coordinadora del mencionado grupo que gestó la iniciativa, fue la
encargada de entregar la carta en mano a Dilma en el Planalto.
Consultada
por elebece.com.ar, Biroli dijo que “la Carta Abierta fue
organizada por el Grupo de Investigación sobre Democracia e
Desigualdades en conjunto con colegas de todo el Brasil. Son cerca de
6 mil firmas de profesores brasileños y más de 300 de profesores
extranjeros que nos expresaron su solidaridad”. Más de 4500 de
estas firmas ya están organizadas y compiladas y pueden ser vistas
en la página web www.brazilianobservatory.com.
Biroli
señaló que los firmantes son “profesoras y profesores de
distintas universidades de todo Brasil. Nuestras áreas de
investigación y de docencia son variadas y tenemos diferentes
posiciones en relación al gobierno. Pero nos nuclea la defensa de la
democracia. Entendemos que, en este momento, la defensa de la
democracia en el Brasil se corresponde con la defensa del mandato de
la presidenta Dilma Rousseff, electa por millones de brasileñas y
brasileños”.
La
carta denuncia la ruptura de la legalidad que está en curso en el
país vecino con el único objetivo de destituir a Rousseff. “Así
–dice Biroli– se vulneran las reglas liberales básicas de
presunción de inocencia, el debido proceso legal, el derecho a la
defensa. Todo está siendo atropellado”
Texto
de la Carta Abierta a la Comunidad Académica Internacional
Nosotros,
investigadores y profesores universitarios brasileños, nos dirigimos
a la comunidad académica internacional para denunciar un grave
proceso de ruptura de la legalidad actualmente en curso en Brasil.
Después
de importantes avances sociales en los últimos años, Brasil
continúa siendo un país profundamente desigual, con un sistema
político marcado por elevados niveles de clientelismo y corrupción.
La influencia de las grandes empresas en las elecciones, por medio
del financiamiento privado de campañas, provocó sucesivos
escándalos de corrupción en los que está implicada toda la clase
política.
El
combate contra la corrupción se volvió un clamor nacional. Los
órganos de control del Estado respondieron a esta exigencia y, en
los últimos años, las acciones contra la corrupción se
intensificaron, comprometiendo a la elite política y a grupos
empresarios.
Sin
embargo, hay una instrumentalización política de ese discurso, que
busca desestabilizar a un gobierno democráticamente electo para
profundizar la grave crisis económica y política que atraviesa el
país.
Uno
de los epicentros desde donde se instrumentaliza la crisis y se
desestabiliza al gobierno está vinculado a sectores de un poder que
debería celar por la integridad política y legal del país.
La
llamada “Operación Lava Jato”, dirigida por el juez de primera
instancia Sérgio Moro, que desde hace dos años centraliza las
principales investigaciones sobre corrupción, fue enturbiada por el
uso constante e injustificado de medidas que la legislación
brasileña establece como excepcionales, tales como la prisión
preventiva de acusados y la conducción coercitiva de testimonios.
Las prisiones arbitrarias son abiertamente justificadas como forma de
presionar a los acusados para obtener imputaciones contra supuestos
cómplices. Hay un vaciamiento permanente y selectivo de la
información de estos procesos en los medios de comunicación.
Existen indicios de que las operaciones policiales son combinadas con
vehículos de prensa, a fin de ampliar la exposición de los
implicados. Hasta la presidenta de la República fue víctima de
escuchas telefónicas ilegales. Los medios de comunicación
divulgaron públicamente fragmentos de escuchas, tanto legales como
ilegales, incluso en casos en los que solo trataban de asuntos
personales sin ninguna relevancia para la investigación, con la
exclusiva intención de perjudicar a determinadas personalidades
públicas.
Las
denuncias que emergen contra los líderes políticos de la oposición
fueron en gran medida desplazadas de las investigaciones y
silenciadas por los vehículos hegemónicos de prensa. Por otro lado,
aunque no pese ninguna denuncia contra la presidenta Dilma Rousseff,
la “Operación Lava Jato” fue usada para respaldar la tentativa
de juicio político en curso en la Cámara de Diputados, que es
conducida por el diputado opositor Eduardo Cunha, acusado de
corrupción e investigado por el Consejo de Ética de esa casa
legislativa.
Cuando
la forma de proceder de las autoridades públicas choca con los
derechos fundamentales de los ciudadanos, atropellando reglas
liberales básicas de presunción de inocencia, igualdad jurídica,
debido proceso legal, derecho a réplica, principio de contradicción
y derecho a la defensa, es preciso tener cautela. La tentación de
fines nobles es suficientemente fuerte para justificar atropellos
procedimentales, y ahí reside un enorme peligro.
El
juez Sérgio Moro no se encuentra en una situación de imparcialidad
necesaria para continuar al frente de las investigaciones en curso.
El combate a la corrupción se hizo dentro de los estrictos límites
de la legalidad, con respeto a los derechos fundamentales de los
acusados.
El
riesgo de ruptura de la legalidad, por una asociación entre sectores
del Poder Judicial y medios de comunicación históricamente
alineados con la oligarquía política brasileña, en particular la
Rede Globo de Televisión –que apoyó a la dictadura militar
(1964-1985) y fue su principal vehículo de sustento–, puede
comprometer a la democracia brasileña, llevando a una situación de
polarización y agresiones sin precedentes
Por
eso, queremos pedir la solidaridad y el apoyo de la comunidad
académica internacional, en defensa de la legalidad y de las
instituciones democráticas en Brasil.
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