Por Horacio Verbitsky
Maurizio Macrì no piensa en 1955
sino en 1992: su proyecto de ley de emergencia previsional y
sinceramiento fiscal (ambas son expresiones del texto) se inspira en
la vinculación que Carlos Menem y Domingo Cavallo establecieron
aquel año entre la privatización de YPF y el pago de deudas
previsionales y con las provincias. Página/12 tituló entonces:
“Ponga un jubilado en su tanque”. En ambos casos, los
jubilados son el recubrimiento edulcorado que disimula el mal gusto
de una medicina amarga e ineficaz. Aquel arreglo con jubilados y
pensionados precedió a la privatización y bancarrota del sistema
previsional, con el experimento de las AFJP, administradoras ad hoc
creadas por los principales bancos. El Estado dejó de percibir los
aportes de patronos y trabajadores pero sin librarse de su compromiso
de pagar las jubilaciones cada mes. Para cubrir ese agujero negro
debió endeudarse. En vez de crear un auténtico mercado de
capitales, como se postulaba, las AFJP le prestaron a altas tasas
al Estado el mismo dinero que el Estado les cedió. Cuando el modelo
neoliberal dejó a un cuarto de la población activa sin trabajo, las
AFJP les siguieron cobrando por sus servicios, hasta vaciarles las
cuentas individuales de capitalización. Los dejaron sin fondos
suficientes para jubilarse y el sistema previsional sólo cubría a
la mitad de las personas en la edad del retiro. Reparado con las
moratorias, la estatización, el regreso a un sistema público y de
solidaridad intergeneracional y con un fondo de sustentabilidad para
garantizar las prestaciones, la cobertura llegó el año pasado al
97 por ciento. Esta es la reparación histórica que la
Alianza Cambiemos se propone destruir, por más énfasis con que
el gobierno lo niegue.
Desde
el punto de vista de la técnica legislativa el proyecto es un
adefesio, que recuerda las leyes de emergencia económica y
administrativa del menemismo que permitieron el remate a precio vil
de las empresas estatales y la privación de derechos laborales a sus
trabajadores.
Son
por lo menos cinco leyes en una:
1. Blanqueo de capitales
sustraídos del pago de impuestos, tanto dentro como fuera del
país.
2. Moratoria de tributos
adeudados, incluso para los agentes infieles de retención.
3.
Pago de deudas con jubilados del tramo superior de la pirámide.
4. Una pensión universal del 80
por ciento de la jubilación mínima para quienes no tengan otro
beneficio.
5.
Devolución a las provincias del 15 por ciento de la coparticipación
que cedieron a la Nación para
el funcionamiento de la ANSES y el pago de sus prestaciones.
El ómnibus oficial los acomodó en
otro orden, pero el de esta nota refleja tanto la emergencia como
el sinceramiento del gobierno. Una primera comprobación: sólo
el blanqueo requiere de una ley. Pagarle lo debido a jubilados y
provincias son actos administrativos que entran en las atribuciones
del Poder Ejecutivo.
El académico argentino radicado en
Gran Bretaña Guillermo A. Makin, investigador en el Centro
Latinoamericano de la Universidad de Cambridge compiló en un
gráfico los resultados de los primeros cuatro meses de gestión de
Macrì, comparando abril de 2016 con abril de 2015. Cada dato lleva
su fuente de origen: según la consultora del ex viceministro Orlando
J. Ferreres, el nivel de actividad cayó el 4,9 por ciento; el
consumo el 6,6 por ciento (CAME); las exportaciones, el 8 por
ciento (consultora ABECEB); la industria, el 6,7 por ciento
(INDEC); la producción de las pequeñas y medianas
industrias, el 4,7 por ciento (CAME); la construcción, el 24
por ciento (INDEC); el salario real de los trabajadores
registrados, 11 por ciento (cálculo del propio Makin); el
gasto público real, 23 por ciento (según estimación de
Analytica). En cambio la inflación creció el 7,2 por ciento
(estudio Bein). El cuadro concluye con las ganancias de los
bancos en el primer trimestre de este año: 62,7 por ciento según
el Banco Central. Este gráfico es más ilustrativo y digerible
que el mazacote distribuido por la presidencia para afirmar que el
país vive una catástrofe consecuencia de la gestión anterior...
La
desesperación
La necesidad del gobierno nacional
se comprende. En vez de la anunciada lluvia de inversiones
privadas, padece una sequía que no se compensa contabilizando
anuncios anteriores y aportes rutinarios de organismos
internacionales ni quitando con la lengua el polvo en los zapatos
de los fondos buitre y los empresarios españoles, por las tropelías
que hicieron en la Argentina. Sin inversiones significativas, la
única política antiinflacionaria del gobierno es la caída de la
actividad inducida por las tasas de interés, que llegaron a duplicar
el índice de precios al consumidor estimado por el gobierno para
todo el año... el loteo de los puestos de conducción entre los
bancos y las corporaciones transnacionales, con cargos menores para
los delegados del Círculo Rojo de los grupos económicos locales,
cada uno detrás del interés sectorial que lo llevó a su cargo,
produce incongruencias y contradicciones, a las que deben
sumarse las contramarchas obligadas por la magra representación
legislativa de PRO y sus chinchorros del panradicalismo... Luego
de endeudarse en unos 25.000 millones de dólares, el gobierno
todavía necesita otros 10.000 para terminar el mítico segundo
semestre. De ahí el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva.
Pero luego del veto a la ley antidespidos, de las grandes
movilizaciones de abril y mayo y del rechazo generalizado a los
descomunales incrementos en las tarifas de servicios públicos,
además de dinero el gobierno necesita alguna victoria resonante
que frene su caída en este tobogán político. Más escéptico
que Macrì, el economista de la UCR Javier González Fraga incurrió
en otra forma de sinceramiento: la prosperidad que los sectores
bajos y medios vivieron durante una década fue una fantasía
insostenible, dijo. Plasmas, autos, viajes se van, se van, y nunca
volverán.
Desde su dolarización, hace cuatro
décadas, la economía argentina funciona como una bomba
impelente, que vuelca fondos hacia el exterior. Esos recursos son
reemplazados con endeudamiento que a su vez realimenta la fuga y
fuerza los periódicos blanqueos. El único lapso en el cual se
detuvo la formación de activos en el exterior (según su elegante
nombre en la jerga tecnoburocrática) duró unos pocos años al
comenzar las privatizaciones en la década de 1990. Sólo esas
deslumbrantes oportunidades de pillaje hicieron girar la rueda en
sentido inverso y reunieron en un solo equipo a bancos globales con
títulos de deuda, operadores internacionales capaces de mantener los
servicios públicos en funcionamiento y grupos locales conocedores de
los timbres y los pasillos adecuados. Pero ya durante el segundo
mandato de Menem todo volvió a la normalidad. Las trasnacionales se
quedaron con las privatizadas y los expertos en mercados regulados
dolarizaron su ganancia y la sacaron del país. La pregunta
ineludible es por qué ahora el blanqueo debería ser distinto.
Hasta el cordial diario La Nación afirmó en una columna
destacada que por falta de la prometida lluvia de capitales
extranjeros “la Argentina lanza muestras de desesperación al
mundo”. Según el diario, aunque ya pasaron siete jefes de
Estado por Buenos Aires y Macrì visitó cuatro países más el Foro
de Davos, cosechó promesas pero no dólares.
El
salario del miedo
Desde el gobierno responden que esta
vez opera un factor nuevo: el miedo a ser descubiertos, como les
ocurrió con los Panama Papers al presidente y a una larga lista de
sus colaboradores más próximos, tantos que el ministro de Justicia
Germán Garavano acuñó el blooper más extraordinario en años:
“Somos muchos más los miembros del gabinete que no tenemos
empresas offshore”. El 1º de enero entrará en vigor el
acuerdo de intercambio automático de información tributaria con
fines fiscales al que se comprometieron un centenar de países. Desde
entonces no habría dónde esconder dinero ilegal. Sin embargo,
mientras no participen de ese nuevo trato Estados Unidos, Holanda,
Gran Bretaña y Suiza, nada significativo habrá cambiado. El
recién electo alcalde de Londres, Sadiq Khan dijo que no se oponía
a la construcción de mansiones de lujo en la ciudad, pero “lo
que no puede permitirse es que Londres sea la capital mundial del
lavado de dinero”, como lo es. Hace tres semanas, en el cierre
de la cumbre anticorrupción realizada allí, el primer ministro
David Cameron dijo que en el estado norteamericano de Delaware hay
muchas empresas registradas y poca transparencia... El primer
ministro de las islas Caiman, Alden McLaughlin, dijo que si los
esfuerzos de transparencia se concentran en pequeñas jurisdicciones
e ignoran a las mayores, “todos los negocios turbios van a
migrar a Delaware, Wyoming o Panama”. Por todo eso, el
gobierno argentino fue bajando el tono de sus expectativas, de 60 a
20 mil millones de dólares. Sólo por no comerme mis palabras,
como tuvo que hacer el columnista del Washington Post que vaticinó
que Trump no sería el candidato republicano, no soy tan categórico
en predecir que a lo sumo se blanquearán 15 mil millones,
incluyendo lo que se declare y se deje afuera. Al fisco le quedarían
ente 1500 y 2250 millones.
Para la Red Europea de ONGs sobre
Deuda y Desarrollo, Eurodad, el intercambio automático de
información no serviría si sólo reemplazara, o fuera una
alternativa, a la revelación de datos que deberían ser públicos,
como quién es el verdadero beneficiario de la propiedad de una
empresa, desde donde operan las compañías multinacionales o qué
normas secretas permiten evadir impuestos en el exterior... Cuando la
filtración ocurre, como en el caso del ex empleado del HSBC Hervé
Falciani, se corre el riesgo de que un juez persiga al recaudador
que intente utilizar los datos. Es lo que acaba de hacer el doctor
Claudio Glock, por la denuncia penal que la AFIP presentó contra uno
de los integrantes de la lista del HSBC, el actual ministro de
Hacienda y Finanzas. La denuncia penal contra De Prat-Gay es la causa
del procesamiento de Ricardo Echegaray. Tax Justice Network
sostiene que aun los datos que vayan a intercambiarse en forma
automática deberían ser públicos, para que no sólo puedan acceder
a ellos las autoridades sino también los bancos que necesitan
conocer a sus clientes para asegurarse que no estén lavando plata
sucia, los periodistas y las ONG’s. El proyecto de ley ómnibus
va en la dirección opuesta.
Apunten
a los periodistas
Su extenso y detallado artículo
85 garantiza “el más absoluto secreto” de toda la información
obtenida por la AFIP, la Unidad de Información Financiera, los
jueces, funcionarios o empleados judiciales sobre el proceso de
blanqueo. Más aún, el castigo en caso de filtración abarca
también a los periodistas y las ONG’s que menciona Tax Justice
Network, englobados sin nombrarlos entre “los terceros que
divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier
modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales”
de los blanqueadores. No sólo se les aplicarán hasta dos años
de prisión como marca el artículo 157 del Código Penal, sino
también “una multa igual a una vez el valor de los bienes
exteriorizados”. Sin duda, cuanto mayor sea el monto exteriorizado
y más notoria la personalidad del blanqueador, mayor interés
público tendrá la noticia. Pues mayor será el castigo. Si un
periodista contara que Nicky Caputo se propone blanquear 100 millones
de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock podría detenerlo,
poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares.
Como Caputo no es funcionario ni pariente, sólo amigo y deudor del
presidente, nada le impediría presentarse. Tal protección
extraordinaria a los evasores es inconstitucional, pero este mes será
ley. En un artículo para la edición de junio de la revista
Turba, el economista Jorge Gaggero dijo que el blanqueo, la
moratoria y la eliminación de los impuestos patrimoniales “no sólo
terminarían premiando a sectores del poder económico que se han
puesto fuera de la ley, mofándose de los cumplidores, sino que
podrían transformar al propio país en un paraíso fiscal”.
(¿Por qué paraíso y no guarida, si es la traducción de haven, no
de heaven?). Según los datos de la Secretaría de Hacienda de la
Nación los tributos sobre el ingreso, las utilidades y ganancias
de capital no pasaron en 2014 del 6,15 por ciento de la recaudación,
de los cuales sólo el 0,33 por ciento sobre bienes personales.
El impuesto a los bienes personales se eliminará como premio para
quienes cumplieron con sus tributos, pero también se extiende el
premio a los que blanqueen, con una reducción progresiva y su total
desaparición en 2019. Lo que no se dice es que con lo que no
pagó de bienes personales un blanqueador que haya mantenido un
patrimonio offshore por 5 o 6 años podría pagar ahora la tasa de
blanqueo y quedarse como ganancia neta con todos los otros impuestos
nacionales evadidos en ese período. ¡Formidable estímulo para los
cumplidores! El beneficio del blanqueo se extiende no sólo a la
esposa del contribuyente, sus padres, abuelos, hijos, nietos y
respectivas parejas sino también a los testaferros, que el artículo
36 menciona en forma neutra como “terceros”, a cuyo nombre
estuvieran registrados los bienes ocultos. También incluye en el
37 a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o
cualquier ente constituido en el exterior con la finalidad de
evadir... En un país en que la tributación de los patrimonios (en
especial los más altos) es insignificante, eliminar un impuesto
directo sin reemplazarlo por otro patrimonial constituye una reforma
regresiva. En un guiño a los amigos de la CGT, el artículo 50
del proyecto permite regularizar sin multas ni intereses los aportes
previsionales retenidos pero no ingresados pero no los aportes a las
obras sociales... Está claro que tanto como las necesidades del
fisco pesó la conveniencia de los amigos que quieren regresar sus
dineros al solar patrio. La política es de ajuste, pero tanto
Nicky como el primo Ángelo necesitan financiamiento para su plan
privado de obras públicas
No hay comentarios:
Publicar un comentario