Pese a que el proyecto oficial de
“emergencia en materia de litigiosidad previsional” ya obtuvo
dictamen en Diputados para su tratamiento en el recinto, siguen
abriéndose interrogantes sobre las consecuencias que tendría su
aplicación. Varios especialistas coincidieron en que el
mecanismo propuesto en el proyecto de ley como “Reparación
Histórica” con los jubilados no tendrá el efecto buscado. Es
decir, no terminará con la litigiosidad, porque una franja de
jubilados con sentencia firme o con juicios en curso tendrían la
opción de obtener un resultado muy superior al que se le ofrece
ahora para desistir de la demanda. Por otro lado, los cálculos
más moderados dan cuenta de que los compromisos que se asumen “van
a desfinanciar el sistema, creando un agujero que no se cubre ni
siquiera vendiendo las acciones en poder del Fondo de Garantía”.
Esto es, pondría en riesgo la continuidad del sistema
previsional solidario y abriría el camino hacia un nuevo ciclo de
endeudamiento creciente para el pago de las obligaciones de la
seguridad social.
Según las estimaciones que fueron
aportando los funcionarios del gobierno –entre ellos el titular de
la Anses, Emilio Basavilbaso–, los jubilados con sentencia firme
son alrededor de 70 mil. Otros 380 mil se encuentran en gestión
judicial, mientras que un millón 800 mil estarían en condiciones de
acceder a un ajuste en sus remuneraciones (sería del 40 al 50 por
ciento) que compensaría la deuda por diferencias de haberes de años
anteriores. Se trata, en todos los casos -sumarían 2,2 millones–,
de jubilados con haberes por encima de la mínima. Entre ellos,
muchos en condición de esperar los resultados de una demanda
judicial que, según confiaron fuentes de estudios legales
especializados, les podrían rendir “el doble de lo que hoy le
están ofreciendo”. El pronóstico de estos estudios de
abogados es que “salvo que haya necesidades urgentes, que en
general no es el caso de este grupo, optarán por seguir el juicio”.
Es lo que recomiendan, por otra parte, los principales estudios. Y en
tal caso, el costo para el sistema será muy superior al que hoy se
estima.
“En caso de aprobarse, el
proyecto del Poder Ejecutivo va a provocar el desfinanciamiento del
sistema previsional y, con ello, del sistema público y de reparto”,
opinó en tanto Horacio Rovelli, economista especializado en temas
presupuestarios e investigador de Eppa (Economía Política para
Argentina). “En la Argentina está rota la relación entre
trabajadores en actividad que aportan al Sistema, unas 9,8
millones de personas, y los que perciben jubilaciones y
pensiones, que son 7,2 millones. Es una relación de 1,4 a 1,
cuando tendría que ser de más de 3 a 1. Por eso se
cofinancia con impuestos (el 20 por ciento de la recaudación de
Ganancias y el 11 por ciento del IVA) y el rendimiento de los títulos
y valores en poder del Fondo de Garantía (FGS). No van a crear
más impuestos para aportar al sistema, y le están agregando
obligaciones mientras lo más probable es que los recursos ligados a
la actividad económica vayan declinando: están creando las
condiciones para generar necesidad de salir a endeudarse para pagar
las prestaciones, o directamente tentar al regreso del sistema de
capitalización de las AFJP”, advirtió.
El horizonte que ofrece la propuesta
oficial es un aumento en las retribuciones a los jubilados de más
altos ingresos por la política de reparación que significaría unos
85 mil millones de pesos adicionales al año, según Basavilbaso;
el pago del 50 por ciento de la deuda por sentencias firmes de
inmediato (para lo cual habilita la venta de las acciones del FGS) y
el resto, en cuotas trimestrales durante tres años. La Anses
recibiría los recursos que se obtengan del impuesto al blanqueo que,
aun en la hipótesis más optimista, están lejos de hacer frente
ni siquiera a los compromisos más inmediatos.
“El gobierno está subvalorando
el costo de los juicios por diferencias de haberes, con lo cual está
creando una situación de desfinanciamiento acelerado en los próximos
dos a tres años. Están dinamitando el sistema de reparto con esta
reforma, y encima la atan a un blanqueo que sólo va a beneficiar a
unos pocos que buscarán hacer negocios financieros y obtener una
renta rápida para volver a fugarla”, señaló Rovelli. “Como
en épocas de Martínez de Hoz (dictadura de Videla) y Domingo
Cavallo (década menemista y crisis delarruista), buscan crear las
condiciones de dependencia del país de la banca extranjera en la que
ellos, los grupos empresarios dominantes, se llevan los beneficios, a
costa del país”. En este caso, además, a costa del sistema
previsional, agrega.
No hay comentarios:
Publicar un comentario