Rogelio Frigerio no pudo disimular
una mueca de desagrado al presentar en público junto a Juan José
Aranguren las conclusiones de la tensa reunión que ambos acababan de
mantener con gobernadores, vices y ministros provinciales sacudidos
por la conmoción que generó en sus distritos la llegada de las
boletas de gas a hogares y empresas. “Nos parecen excesivos”,
atinó a balbucear sobre los incrementos de hasta el 2.000% que
aceptó limitar al 400% para los hogares, sin que el exCEO de Shell
moviera a su lado un solo músculo de la cara. Ya sin él, a
solas con Mauricio Macri y Marcos Peña en la Rosada al anochecer del
mismo lunes, el titular de la cartera política vomitó su malestar
por la “improvisación” con la que el ministro de Energía
había llevado adelante el reajuste tarifario. Aranguren, a su vez,
venía de descargarse con su secretario de Hidrocarburos, José Luis
Sureda, ex vicepresidente de gas de Panamerican Energy que los
hermanos Bulgheroni lograron colar en la función pública como parte
del pacto post—balotaje en el que Macri aceptó olvidar su apoyo
financiero a la campaña de Sergio Massa. “¿Cómo se nos pasó
esto?”, le oyeron reclamarle desde su despacho en el sexto piso de
Economía.
El ministro al que todo el Gobierno
responsabiliza por el virtual alzamiento de una Patagonia que ya
estaba en shock por la crisis petrolera, la parálisis de la obra
pública y los virulentos conflictos estatales de Tierra del Fuego y
Santa Cruz fue ratificado ante los micrófonos por el jefe de
Gabinete, pero cada vez cuenta con menos respaldos. Dos semanas
atrás, la suba del gas fue criticada incluso por la Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el think tank
ortodoxo donde aún figura como vocal en uso de licencia. Según
su Informe Trimestral de Coyuntura Energética, el subidón del
precio del gas en boca de pozo —ahora el doble del que se paga en
Estados Unidos y el triple en dólares del promedio de la
convertibilidad— “transfiere rentas a los productores de modo
muy apresurado” y era “innecesario desde el punto de vista de la
eficiencia económica”. El famoso péndulo argentino: en apenas
unos meses, del congelamiento devidista con sus patagónicos en
remera a las estufas más caras del mundo.
El peor de los escenarios sería que
tanto costo político se haya pagado en vano y que las petroleras
sigan levantando equipos de perforación y enviando a sus operarios a
sus casas pese a la prodigalidad oficial. Por eso el martes antes
del feriado patrio, en un encuentro a puertas cerradas con 280
empresarios top organizado por el Club de Petróleo en el Plaza Hotel
de Retiro, Aranguren aprovechó para facturarles a sus viejos
camaradas su falta de acompañamiento. Tras su presentación, un
directivo de Tecpetrol (la petrolera de Techint) le preguntó por los
futuros precios del shale gas de Vaca Muerta para definir un
desembolso en el área. El ministro lo cortó en seco con una broma a
medias: “¡Espero que la inversión llegue antes de 2019!”.
Meritócratas
Para dejar atrás cuanto antes el
semestre del ajuste y conjurar la oscura profecía de campaña del
ahora vapuleado Jaime Durán Barba (“Tengo tres amigos que
llegaron al gobierno e hicieron ajustes: Gonzalo Sánchez de Losada,
Fabián Alarcón y Jamil Mahuad; los tres están o estuvieron presos
o prófugos”), Marcos Peña puso en marcha la maquinaria
publicitaria que montó en el antiguo Salón de las Mujeres de la
Rosada, sin siquiera retirar los cuadros que lo decoraban. Su
misión es dotar de una nueva épica a la gestión, con énfasis en
tres ideas: al esfuerzo individual lo corona el éxito, la suma de
esos éxitos individuales traerá el bienestar del conjunto y del
Estado solo debe esperarse el marco propicio (“la cancha con el
pasto corto”, diría Macri) para desplegar esos esfuerzos. Los
creativos encontraron rápido inspiración en la oda al lápiz del
padre del neoliberalismo, Milton Friedman, a quien puede verse
ensalzar “el poder del mercado” en el spot http:/ /goo.
gl/2FdovI. Cualquier parecido con la historia de la empanada puso
a rodar Peña en las tandas de la TV, en Youtube y en Facebook no es
mera coincidencia.
¿Será el de Macri un gobierno
liberal a ultranza, minimalista, como desearían los discípulos
criollos de Milton Friedman? ¿O virará a un neodesarrollismo más
pragmático, ofertista, con un Estado presto a jugar fuerte a favor
de las empresas como hizo Aranguren con las petroleras y así
apalancar una ola de inversiones que hasta ahora solo llegó a las
Lebacs? La disputa pervive en el seno mismo del gabinete de los
CEOs, donde las rencillas internas son cada vez menos
disimulables. Pero los partidarios de la segunda opción son
franca mayoría. También la apoya la Casa Blanca, a juzgar por el
optimismo que desplegó el martes por separado ante los magnates
Paolo Rocca y Marcelo Mindlin el subsecretario de Comercio de Barack
Obama, Stefan Selig. Claro que las primeras encuestas que arrojan
ganador a Donald Trump frente a Hillary Clinton pueden dar vuelta el
tablero.
El paquete de proyectos de ley a
cuya redacción se abocó el ala del gabinete que no consumió su
semana apagando incendios sociales apunta a sentar las bases de ese
modelo neodesarrollista, meritocrático, donde ganen más quienes más
aporten y hagan las cosas bien. Es el espíritu que guió la
propuesta que girará al Congreso para pagar al fin los juicios por
reajuste previsional y “desachatar” la pirámide de ingresos de
los 7 millones de jubilados. En definitiva, la contracara de la
política de moratorias que permitió jubilarse durante 10 años a
más de 4 millones de trabajadores en edad de hacerlo que no contaban
con los aportes suficientes... Cuando venza la actual moratoria,
que no se renovará, habrá una pensión universal, más baja aún
que la mínima.
El detalle es que para poner en
marcha ese neodesarrollismo y para evitar que los efectos del
brusco ajuste inicial se traduzcan en un desastre electoral en 2017
hace falta mucho dinero. De ahí la apelación a un nuevo blanqueo de
capitales, cuya esencia se da de bruces con la pretendida
meritocracia y el “premio al cumplidor”. Alfonso Prat-Gay
tuvo a su cargo la tarea de convencer a Elisa Carrió de que no
torpedee la iniciativa una vez que se anuncie, lo cual consiguió a
cambio de un artículo, el 16 en el borrador que circulaba ayer entre
estudios contables de la City. La “cláusula Lilita” establece
que lo recaudado irá a las arcas de la ANSES, de modo que quien no
apoye el jubileo de los evasores pretéritos quede como un enemigo
del pago de la deuda histórica a los jubilados.
Delfines
El joven jefe de la ANSES, Emilio
Basavilbaso, aspira a seguir los pasos de sus antecesores Sergio
Massa, Amado Boudou y Diego Bossio y aprovechar la mayor caja del
Estado para catapultarse en el cursus honorum de la política a un
puesto electivo el año que viene o en 2019. Frigerio se dio
cuenta cuando leyó azorado sus críticas al trabajoso acuerdo con
las provincias al que acababa de ponerle el moño, que incluye un
crédito subsidiado por la ANSES para girar a los distritos el 15% de
coparticipación que ordenó devolverles la Corte Suprema. “Está
mal informado”, lo cruzó por radio, una vez que identificó su
prosa detrás de notas periodísticas que atacaban el mismo aspecto
del pacto federal. Un mes atrás, cuando Prat-Gay echó mano a
más de u$s 500 millones de la misma caja, no había habido pataleos.
Días atrás, Basavilbaso aceptó una invitación a comer de Jorge
Brito (hijo), cuya difusión en círculos VIP de la City aventó las
versiones de que la ANSES había inclinado la cancha a favor de
Delfín Ezequiel Carballo, el socio histórico y cuñado de Brito
(padre) que no solo volvió de su exilio estadounidense sino que
avanzó en la última asamblea sobre varios puestos clave en la
conducción de su banco, el Macro. Conversaron sobre el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo que concentra los
activos heredados de las AFJP y que posee el 31,5% del paquete
accionario del Macro. Los viejos lobos de la City no creen
todavía que el sucesor de Bossio sea capaz de convencer a Macri de
derogar por DNU la ley que impide vender esas acciones en las
empresas más grandes del país. Para hacerlo sin DNU debería
conseguir dos tercios de ambas cámaras, una tarea hoy imposible.
Venderlas de golpe, además, es muy difícil. Todos recuerdan el
desplome que generó el BANADE en 1980 y 1981, cuando se deshizo de
las participaciones que tenía en más de 300 compañías a las que
había financiado antes de la dictadura. Y si saliera a vender
ahora, además, lo haría a bajos precios, porque las acciones
todavía no recuperaron sus precios en dólares pre-devaluación.
Australia y Chile, dos de los
países que se suelen invocar como modelos en el oficialismo,
iniciaron en el último mes y medio investigaciones sobre los Panama
Papers. El Servicio de Impuestos Interno (SII) chileno fue tan
lapidario al validar las pruebas que acá comprometen cada vez más a
Macri que obligó a renunciar al presidente del capítulo trasandino
de Transparency International, Gonzalo Delaveau Swett, dueño de una
offshore que no había declarado. La Australian Taxation Office
(ATO), por su parte, pidió a 28 países que le entreguen datos sobre
sus 800 ciudadanos que eran clientes del estudio Mossack Fonseca.
En ninguno de esos dos países se
le ocurriría al gobierno lanzar un blanqueo de capitales en pleno
debate sobre las revelaciones de los papeles panameños. Tampoco
condicionar a la aprobación de ese blanqueo un pago más que
justo a sus jubilados. Ninguno de sus presidentes declararía
sin titubear una cuenta en las islas Bahamas con más de un millón
de dólares en medio de esa discusión y con una causa penal abierta
para establecer si mintió sobre su patrimonio. Acá ocurre y no
escandaliza a nadie, gracias a una extraña naturalización de la
elusión fiscal y confesiones como la que le hizo hace un mes Eduardo
Eurnekian a Jorge Lanata (“es imposible pagar todo lo que
corresponde”). Quizá Argentina sí sea un caso único en el
mundo.
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