El manejo del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, los compromisos de pagos por
deudas a jubilados, con sentencia judicial o sin ella, y la
posibilidad abierta de que el gobierno nacional intente desarmar la
participación accionaria del organismo previsional en empresas que
cotizan en Bolsa abre un gran interrogante sobre el futuro: si el
sistema previsional público podrá seguir teniendo la
sustentabilidad ganada en la última década. “De algún modo,
el compromiso que se está asumiendo de pagar los juicios pendientes,
las demandas sin sentencia, e incluso las diferencias de haberes con
aquellos que ni siquiera iniciaron juicio, al mismo tiempo que se
crea una pensión a la tercera edad, significa el desfinanciamiento
del Fondo de Garantía, que son las jubilaciones de los actuales
trabajadores de acá a los próximos años”, resumió un
especialista consultado por este diario. “No me sorprendería que,
de acá a cinco años, reaparezca un nuevo debate acerca de si,
con la estructura de activos que tenga en ese momento el sistema, se
está en condiciones de seguir haciendo frente al pago de todas las
jubilaciones o seguir manteniendo el régimen de movilización
jubilatoria semestral”, advirtió.
Estos interrogantes cruzan los
análisis de los expertos que intentan bucear acerca de los anuncios
que, de a tramos, va haciendo el gobierno nacional acerca de una
“reparación histórica a los jubilados y pensionados”, al tiempo
que lanza un generosos blanqueo para quienes fugaron millonarias
fortunas del país en los últimos años, provocando una crisis
cambiaria que no hubiera tenido explicación a partir de déficit de
la balanza comercial ni los compromisos de deuda del período.
El gobierno nacional asume que
cumplirá con la cancelación de las sentencias judiciales con
aproximadamente 300 mil jubilados, y le propondrá al resto (cerca
de dos millones) una actualización del 40 al 50 por ciento de sus
haberes a cambio de desistir de los juicios pendientes. La
adhesión es voluntaria, pero ayer el titular de la Anses, Emilio
Basavilbaso, advirtió que si adhirieran todos “el sistema
demoraría unos dos años en regularizarlos”, porque no puede
incorporar más de cien mil por mes. A menos de 24 horas de los
anuncios, lo que se proponía como una “reparación inmediata”,
pasó a tener sus propios reparos.
Sólo por la actualización de
valores de las retribuciones y las nuevas pensiones a la vejez que se
implementarán, Basavilbaso estimó que el costo fiscal ascendería
al equivalente a 85 mil millones de pesos al año. Si se cumpliera la
expectativa del gobierno de que se presentaran al blanqueo, activos
fugados por 20 mil millones de dólares, que pagaran en su totalidad
la tasa del 10 por ciento, los recursos que ingresarían al fisco
serían, en pesos, unos 28.500 millones de pesos (equivalentes a 2000
millones de dólares, el diez por ciento de lo que
hipotéticamente se blanquearía, a 14,25 pesos). Es decir,
aproximadamente la tercera parte del costo fiscal de un solo año
de retribuciones adicionales. El resto saldría de los fondos
normales y habituales de la Anses: de sus utilidades (dejaría
entonces de acumular aumentos del 20 al 40 por ciento anual) o de la
venta de sus activos, en el peor de los casos, que el gobierno no
descarta.
Ariel Setton, economista del Plan
Fenix, docente universitario y un meticuloso estudioso de temas
impositivos y previsionales, se anticipó al debate que podría
originarse acerca de una virtual insuficiencia de recursos de la
Anses para cumplir con los compromisos que ahora se asumen, para
justificar la venta de las participaciones accionarias en empresas
privadas. “Es muy probable que en algún momento se diga que si
no se venden las acciones, no se le puede pagar a los jubilados. Y es
una dicotomía falsa. En la estructura de activos del FGS, a fin
del año pasado, dos terceras partes eran títulos públicos (el
62 por ciento). Por cada peso en acciones privadas que tiene el Fondo
(en conjunto, representan el 14 por ciento), tiene más de cuatro
pesos en bonos. Si el FGS vende los bonos, la única consecuencia
ulterior sería una baja en el valor de los títulos, si no crea
algún mecanismo con el que puede evitarlo (no saliendo directamente
al mercado). En cambio, si se desprende de las acciones, no es por
necesidad, porque el monto es muy inferior al que representan los
bonos, sino porque el Estado no quiere estar ahí, no quiere tener
presencia en el Directorio de las principales empresas cotizantes,
participando de sus ganancias, de su valorización y de sus
decisiones. Es más una decisión política que por necesidad. Lo
que está en juego es el rol que llegó a cumplir la Anses con su
presencia y la propia sustentabilidad del Fondo, que se pone en
riesgo liquidando sus activos. Mi sensación es que, a pesar de
ser un argumento falso, van a utilizar como recurso discursivo la
necesidad para cumplir con los jubilados, para justificar la venta de
las acciones”, concluyó.
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