Un Presidente enrejado, una
fiesta nacional donde la casa se reserva el derecho de admisión, una
Plaza de Mayo que 206 años atrás se instalaba en un lugar central
de la historia como espacio de expresión de ciudadanía, ahora
cerrada al ciudadano. Es una postal de un gobierno que sabe que
está haciendo daño. “Hay que proteger al Presidente” dijo la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La pregunta es de quién
hay que protegerlo. La respuesta es obvia: de los afectados por la
devaluación, por los aumentos de los alimentos, por la pérdida del
trabajo, por la disparada brutal de las tarifas. Hay que protegerlo
del descontento ciudadano. Fue la postal de este 25 de Mayo: un
Presidente al que hubo que proteger de los ciudadanos. Y recién
empieza el baile. Si se piensa en términos de ciudadanía, del
motivo de la centralidad de la Plaza de Mayo en la historia y la
identidad de los argentinos, en realidad, la premisa tendría que
ser al revés: hay que proteger a los ciudadanos, del presidente
Macri. Los agredidos por las medidas del gobierno son los que van
a protestar, y no el gobierno que dice protegerse de esa agresión.
Una Plaza con vallas, Gendarmería,
Guardia de Infantería y motos policiales más carros hidrantes...
“No fue por la protesta, si
gobernamos rodeados de protestas”, respondió el jefe de Gabinete
Marcos Peña cuando le preguntaron el motivo de las vallas y de que
se hayan llevado los festejos a la residencia de Olivos. El
gobierno hizo lo que pudo para ocultar que el campo fortificado que
se montó en la Plaza era por la protesta social. La ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich aportó a esa causa al difundir que se
habían detenido a seis personas con bombas molotov, “que con
toda seguridad se dirigían al acampe” de los cooperativistas que
exigían aumentos al Gobierno de la Ciudad.
Pero rápidamente fue desmentida por
la misma Policía Federal: los detenidos eran quemacoches sin
intenciones políticas. Muchos quisieron ver en esa desmentida
una hilacha de la interna PRO, entre la ministra Bullrich –una
aliada– y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco –un PRO de
paladar negro–...
Hay una diferencia grande entre quemacoches y militantes sociales.
Pero al mismo tiempo, la ministra Bullrich, involuntariamente, puso
en consideración el nivel de confrontación que ya le asigna, al
borde de la violencia, a la tormenta social que han desatado las
medidas económicas.
Este gobierno de dueños de grandes
empresas y altos gerentes de bancos y financieras demuestra una y
otra vez que no tiene termómetro social ni entiende pensamientos
o actitudes más allá del que han aprendido en sus colegios y
universidades carísimas y privadas. Se entienden entre ellos,
sólo conocen bien lo que quieren las personas de su mismo palo. Y
las medidas que han tomado apuntaron todas al corazón de esos
intereses que ellos conocen tan bien. Son incapaces de ponerse en la
piel del emprendedor pequeño o mediano o del trabajador aunque fuera
tan sólo para entenderlos. Todo lo social que alcanzan a
vislumbrar es a partir de ellos mismos. Es la beneficencia o la
concesión paternalista del empresario o del romanticismo del corazón
blando de las mujeres o incluso por solidaridad, pero nunca porque
está obligado por los derechos del otro. El país se centra en un
pequeño grupo de personas con mucha plata que luchan por tener más.
Ellas son las que dan trabajo, las que hacen donaciones, las que
deciden adónde va la plata en general. El universo de los
derechos no entra en ese mundo más que para entender sus derechos a
la propiedad, del cual ellos deducen todos los demás, incluyendo el
derecho a la vida o a la libertad de expresión, que también está
relacionada con ser dueño. Ser dueño es la fragua de todos los
otros derechos. Todos los demás derechos están subordinados al
de la propiedad que, cuanto mayor es, más derechos está en
condiciones de dar... El massismo, que esperaba algún rango de
interacción con el gobierno para tratar de aniquilar al
kirchnerismo, se agarra la cabeza porque la insensibilidad social y
política con que se tomaron las medidas económicas les comió el
tiempo político para atacar a sus adversarios. La diputada Graciela
Camaño, a la que nadie podrá imputar de simpatías con el
kirchnerismo, lo expresó claramente cuando criticó al oficialismo
por la burrada de haber aumentado hasta más de mil por ciento la
tarifa de gas, sin distinguir entre provincias que tienen climas más
benignos y las provincias patagónicas, donde en invierno no se puede
vivir sin el fluido. El gas es un derecho en esas provincias porque
es una cuestión de vida o muerte. El macrismo no entiende de
dónde salen ni si existen esos derechos. No lo concibe. Cuando los
gobernadores se fueron a quejar, según relató después uno de
ellos, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, les explicó
figurativamente sus motivos con una metáfora; les dijo que él tenía
que llenar “un formulario Excel”. O sea: hacer numeritos y que
reviente el que tenga que reventar porque el mercado así lo dispone.
El sinceramiento económico del que hablan los funcionarios del
gobierno es que en el mercado no existen esos derechos –los que
serían una mentira populista–, porque solamente existen los que el
mercado, como gran seleccionador darwiniano, acepta. En la selva
del libre mercado, el más apto para sobrevivir es el que tiene más
poder económico y lo demás es una mentira, según el
neoliberalismo. Las libertades y derechos son administrados por ese
juez supremo. Las declaraciones de Javier González Fraga, un
ortodoxo moderado, son reveladoras: “Le hicieron creer (el
populismo-kirchnerismo) al empleado medio que podía comprarse
celular, un plasma y viajar al exterior”...
Esa postal está llena de imágenes
superpuestas. El Gobierno dice que la pobreza existía con el
gobierno anterior. Pero el gobierno anterior, en vez de encerrarse
los 25 de Mayo para protegerse de esos pobres, hacía una
convocatoria popular, los convocaba. Los festejos del 25 de Mayo
y de las fechas patrias en general no son para los funcionarios, sino
principalmente para el pueblo y eso no es populismo sino
participación y construcción de ciudadanía. El gobierno macrista
no quiso convocar y se encerró detrás del vallado.
Cuando se produjeron las primeras
protestas por los despidos en el Estado, el macrismo pretendió dar a
entender que eran todos ñoquis de La Cámpora. Las protestas se han
multiplicado pero el gobierno ya no acusa al kirchnerismo porque no
quieren sobredimensionarlo. Sin llegar a abarcarlo ni sentirlo, en el
gobierno saben que están haciendo daño y que las protestas no se
asientan en una cuestión política. González Fraga puso el dedo
en la llaga y dijo lo que el macrismo piensa pero no dice. Cada
vez que intentan dar respuesta a esas protestas con concesiones y
anuncios, demuestran una incapacidad sorprendente para entender la
problemática de los que reclaman. Hacen anuncios rimbombantes que no
solucionan nada. A los comerciantes desesperados por las tarifas,
les dicen que les financiarán en cuotas la mitad de la tarifa
invernal. A los gobernadores patagónicos les prometen que solamente
aumentarán hasta el 400 por ciento el gas. A los que reclaman
viviendas, les ofrecen 500 mil créditos de 15 mil pesos. A los que
reclaman por los precios no les pueden dar respuestas porque varios
altos funcionarios son miembros de familias dueñas de supermercados
y farmacéuticas, ellos son los formadores de precios que los
pusieron en las nubes. A los que reclaman por el desempleo les
anuncian programas de empleo basura para los jóvenes, con los que no
ganarán ni la mitad del salario mínimo ni tendrán estabilidad
laboral. Y también eso explica lo que fue Macri este 25 de Mayo
con la Plaza vallada, y encerrado en la Quinta de Olivos con algunos
pobres finamente seleccionados por las ONG de ricachones caritativos
que trabajan en su gobierno.
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