Por
David Cufré
Un aumento de 5,5 puntos en el
índice de pobreza como el que midió la Universidad Católica
Argentina en el primer trimestre del año no se daba desde la crisis
de 2001-2002. En el segundo trimestre la situación sería igual
o peor, por la evolución de la inflación. Para tomar dimensión del
shock social que produjo la devaluación y el tarifazo eléctrico –en
el segundo trimestre incidirán los ajustes del gas, el agua y los
combustibles– sirve comparar lo que ocurrió en los primeros
tres meses del gobierno de Cambiemos con lo sucedido en el segundo
mandato de Cristina Fernández Kirchner... De acuerdo al
informe de la UCA, una institución que nadie podrá tildar de
kirchnerista, entre 2011 y 2015 la pobreza por ingresos pasó del
24,7 al 29,0 por ciento de la población. Una suba de 4,3 puntos
porcentuales. Pero en solo un trimestre, de enero a marzo de 2016,
el incremento fue de 29,0 al 34,5 por ciento, 5,5 puntos más. Es
decir que el nuevo gobierno superó en apenas tres meses toda la
pobreza generada en los cuatro años anteriores, cuando
supuestamente todo era un desastre. En términos porcentuales, entre
2011 y 2015 la tasa de personas pobres se elevó un 17,4. Con
Macri, en un trimestre, la pobreza subió 18,9 por ciento.
Más impactantes, sin embargo, son
los datos de la indigencia. El informe del Observatorio de la Deuda
Social Argentina de la UCA señala que entre los años 2011 y 2015
la indigencia por ingresos cayó del 6,1 al 5,3 por ciento de la
población. El descenso fue de 0,8 puntos porcentuales. En
cambio, entre enero y marzo de 2016 la indigencia se catapultó
del 5,3 al 6,9 por ciento, una suba meteórica de 1,6 punto.
Dicho de otro modo: durante el segundo mandato de Cristina la tasa
de indigencia bajó 15 por ciento, en tanto que en un trimestre de
Mauricio subió 30 por ciento.
El aumento de las canastas de
pobreza e indigencia se sostiene a un ritmo igual o superior en el
segundo trimestre. En el primero, el índice de precios al
consumidor de la Ciudad de Buenos Aires escaló 11,9 por ciento,
mientras que en San Luis lo hizo al 10,2. En ambos distritos los
aumentos se aceleraron en abril, con registros de 6,5 y 3,4 por
ciento, mientras que para mayo consultoras privadas estiman subas del
3 al 3,5 por ciento...
Los anuncios de ayer del Presidente
que involucran a jubilados benefician a quienes se ubican de la
mitad hacia arriba de la escala salarial previsional, por lo cual
esa mejora no tendrá impacto directo en los índices de pobreza... En cuanto a la pensión por vejez, en principio ofrece
peores condiciones para quienes no completaron aportes que la
moratoria vigente, pues esta permite llegar al haber pleno al cabo de
cinco años, en tanto que en las pensiones dependería de la cantidad
de años adeudados a la seguridad social hasta completar los
necesarios para acceder a una jubilación plena. Aquellas personas
que no consigan seguir aportando ya pasados los 65 años quedarían
con el 80 por ciento del ingreso mínimo, que es el piso de la nueva
pensión. Con la moratoria, en cambio, después de cinco años
los adherentes acceden como piso a la jubilación mínima.
El Gobierno no presentó los
anuncios como un intento de reactivar la economía con una inyección
de demanda, sino que enfatizó el carácter reparador hacia los
jubilados que más ganaban después del estallido de 2001-2002,
quienes no consiguieron los mismos aumentos que aquellos que
estaban en peor situación. El Presidente y el equipo económico no
cambian en ese sentido la orientación de la política: siguen
apostando al derrame como ordenador social. Los datos de la UCA
sobre el crecimiento exponencial de la pobreza en el primer trimestre
exhiben las consecuencias de esa decisión.
El Gobierno plantea que para crecer
primero se deben dar una serie de condiciones, y que luego el
crecimiento reparará las heridas e incluirá a los excluidos. La
gestión anterior consideraba que para crecer había que incluir. La
inclusión tiende a reducir las asimetrías sociales, a equilibrar la
balanza entre capital y trabajo, a achicar diferencias entre regiones
ricas y pobres, a reconocer derechos universales. En ese camino
puede haber viento de cola o viento de frente, situaciones internas y
externas más o menos favorables...
La primera condición que identifica
el Gobierno para crecer es generar confianza en los inversores, en
especial en quienes tienen su dinero fuera del país. Por esa
razón liberó la compra de dólares, devaluó, eliminó y bajó
retenciones, subió de manera explosiva las tarifas de servicios
públicos y generó el triple de inflación que en el semestre previo
a su llegada. También firmó acuerdos con los fondos buitre que
resultaron muy elogiados por el FMI y la prensa del poder financiero
internacional. Y cambió del rechazo radical al blanqueo anterior
a considerar que la medida es casi una tabla de salvación. Casi
como un megacanje para De la Rúa. Todo eso para ganar confianza. La
lógica, que se repite de país en país y en distintas
circunstancias, es que la confianza del mercado se logra con
políticas de ajuste y con una transferencia regresiva del ingreso.
El macrismo postula la idea del
derrame. Para derramar primero hay que acumular. ¿Pero quién
acumula? El capital. Hay que seducir a los inversores. Hay que
darles garantía de que la inclusión no será un obstáculo en su
acumulación. Eso divide aguas. En el proyecto del PRO, está
permitido agigantar la brecha entre clases sociales, conceder
beneficios a los empresarios a costa de la calidad de vida de los
trabajadores, restringir el acceso a bienes materiales y culturales a
millones de personas, aunque sea supuestamente por un tiempo,
porque eso redundará en acumulación, y la acumulación traerá
derrame.
El PRO pide sacrificios y promete
recompensas. Pero no a todos por igual. Los pools de siembra de 30
mil hectáreas no se están sacrificando. Están acumulando. Por la
devaluación y por la quita de retenciones. Lo mismo las mineras o
los bancos, cuya rentabilidad creció 78 por ciento en febrero, el
nivel más alto en una década, hasta 23.158 millones de pesos.
Hay sectores minoritarios y concentrados de la economía que viven
una fiesta inolvidable. Paul Singer llamó a Macri el campeón de las
reformas económicas. Las empresas que dependen del mercado
interno no acumulan, se descapitalizan. Les toca sacrificarse
mientras otros atraviesan la supuesta etapa del esfuerzo, que
empezaría a retroceder en el segundo semestre, según la promesa
oficial, con los bolsillos llenos. Al interior del mundo empresario
se repite la dicotomía entre inclusión o derrame.
La primera falla de la teoría del
derrame es la creencia de que los sacrificados tendrán
posibilidad de esperar el tiempo de la cosecha. No es verdad. Hay
quienes quedan en el camino. Eso ya es un fracaso como proyecto
económico y social. Del 1,4 millón de nuevos pobres que
identificó la Universidad Católica Argentina en el primer trimestre
habrá quienes no gozarán la eventual etapa de recuperación. Es
posible que pasen años hasta que vuelvan a salir de esa condición,
si es que lo logran, mientras otros acumulan. El daño producido
mientras tanto es irreparable en la vida de las personas y en el
tejido social, un factor que los promotores del derrame no parecen
visualizar...
Si el crecimiento económico no
es inclusivo se agiganta la desigualdad. Eso es un fracaso. El modelo
neoliberal de los ‘90 fue un fracaso, aun en los pocos años de
expansión del PIB. Norma Plá podría atestiguarlo. La evaluación
de si una política económica es viable o no debe considerar al
conjunto de la sociedad. Que crezcan unos sectores y otros se hundan
es sinónimo de fracaso. Es inviable. Si la idea es sacrificar
generaciones para que otras puedan disfrutar del mítico momento de
la bonanza, la pregunta sobre la viabilidad del modelo hay que
hacerla a los que están en la trinchera. No alcanza con los
elogios de Singer, los sojeros o los bancos. Ellos son los que
acumulan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario