El fiscal federal Carlos
Stornelli le requirió al juez Luis Rodríguez abrir una
investigación contra el ministro de Energía y Minería, Juan José
Aranguren, denunciado penalmente por los diputados del Frente
para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes lo
acusan de beneficiarse, debido a su doble rol de funcionario
público y accionista de Shell, con los aumentos de tarifas de gas
así como por la compra de gas a Chile sin licitación pública y con
supuestos sobreprecios. A su vez, fueron imputados también en
la causa los funcionarios José Luis Sureda, Secretario de
Combustibles y a Pablo Popik, subsecretario de Refinación y
Comercialización.
El fiscal pidió al juez la
realización de una serie de medidas de prueba, entre ellos oficios
al Ministerio de Energía para que le envíe documentación que
conste sobre la empresa Shell y sobre los cuadros tarifarios, según
indicaron fuentes judiciales.
En la denuncia se recuerda que
Aranguren ingresó en 1979 a Shell Compañía Argentina de Petróleo
S.A., empresa que forma parte del Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS),
y en la cual llegó a ocupar el cargo de presidente entre 2003 y
junio de 2015. Según consta en sus declaraciones juradas,
mientras estuvo en la empresa recibió una cantidad variable de
opciones y/o acciones de RDS que se acrecentaron en función de los
dividendos declarados por la firma hasta llegar a la suma de
13.188.436,49 pesos en diciembre de 2014.
Los legisladores afirman que debido
a esa situación el ministro incurriría en las incompatibilidades
previstas en el artículo 13 de la ley de Etica Pública 25.188. Esa
norma establece a su vez en el artículo 15 que quien se encuentre
alcanzado por alguna incompatibilidad debe renunciar a su cargo o
abstenerse de tomar intervención “en cuestiones particularmente
relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado
en los últimos tres años o tenga participación societaria”.
“Claramente el ministro Aranguren no ha renunciado a su
participación societaria como lo exige la ley, como tampoco se
abstuvo de participar en las decisiones que puedan llegar a ocasionar
un conflicto de intereses”, remarca la denuncia.
Luego se detallan una serie de
hechos que demuestran la supuesta incompatibilidad. El primero es
la decisión de aumentar las tarifas de gas, incrementando el valor
de lo pagado a los productores, entre los cuales está Shell.
Además, se remarca que Aranguren cerró a través de la estatal
Enarsa un contrato de compra de gas a Chile con un precio de de
6,90 dólares por millón de BTU, que resulta un 53 por ciento más
caro que el gas natural licuado que llega por barcos a un promedio de
4,50 dólares por millón de BTU y un 128 por ciento más elevado que
los 3,02 dólares por millón de BTU abonado por las importaciones
provenientes de Bolivia. A su vez, se advirtió que a diferencia
de los despachos de Bolivia que se pagan a mes vencido y las cargas
de los barcos que se liquidan horas antes de la entrega del
combustible, el volumen total del gas adquirido a Chile se tiene
que abonar por adelantado. El contrato también determina que
cualquier controversia deberá ser resuelta por la legislación de
Nueva York y obliga a las partes a mantener el acuerdo bajo un marco
de “estricta reserva y confidencialidad”. El contrato de
suministro que suscribieron Enarsa y Solgas –una firma
intermediaria del grupo internacional GDF Suez– prevé la entrega
de 86 millones de metros cúbicos de gas entre mediados de mayo y el
15 de agosto por medio del gasoducto Norandino que une la planta
regasificadora chilena de Mejillones y la provincia de Salta.... “Con
Bolivia tenemos un contrato. Bolivia le vende a Brasil y a la
Argentina y no tiene más gas, no nos puede vender más. El
contrato dura 30 años, hasta 2027. En realidad, no está
cumpliendo todavía la cuota que corresponde a este mes porque
también ellos en el invierno lo necesitan”, agregó. Sin embargo,
ese día el ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis
Alberto Sánchez, declaró que su país estaba cumpliendo con el
contrato de venta de gas natural a la Argentina. “Nosotros hoy
tenemos un contrato con Argentina y estamos cumpliendo a cabalidad de
acuerdo a las nominaciones. Argentina nómina y nosotros cumplimos”,
sostuvo entonces.
La denuncia recordó también que
Aranguren le adjudicó a la petrolera Shell siete de las ocho
licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil
por barcos al país.
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