Con el pretexto de elevar la
eficiencia del Estado, el gobierno de Macri realizó reformas
institucionales que no hacen más que restablecer la autonomía y
la falta de control político sobre sectores que han sido clave para
la desestabilización democrática. El más oscuro: la corporación
de la Inteligencia.
1. Los fierros administrativos
“Que por lo tanto, resulta
necesaria su modificación, instrumentando mecanismos que permitan
agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”, dice
como fundamento el decreto 656/2016 mediante el cual, el
pasado 6 de mayo, el Poder Ejecutivo Nacional pulverizó los
avances legales y reglamentarios que se habían producido respecto
del sistema de inteligencia y su control por parte de las autoridades
políticas.
“Que es primordial simplificar los
circuitos administrativos” fue la opción preferida en el decreto
721/ 2016, aprobado apenas 26 días después, mediante el cual el
Ejecutivo cedió un amplio espectro de decisiones sobre el
personal de las Fuerzas Armadas a sus jefes militares.
Esa apelación a la eficiencia en la
gestión atraviesa también el decreto de emergencia en seguridad
(218/2016) por el cual se relajaron los controles para gastos
y se habilitó a las fuerzas en su modo habitual de acoso violento a
jóvenes pobres, hoy mutando riesgosamente hacia persecución
política. La misma razón sustenta cambios que pulverizaron la
eficacia frente al crimen financiero. Basta con mirar varios
cambios sobre la Unidad de Información Financiera (UIF), en manos de
la crème de la crème de la asesoría legal para eludir controles
en materia de lavado, al servicio de los más sospechosos entre
los sospechosos y su retórica de flexibilizarlo todo.
“Eficiencia administrativa”
es el nuevo abracadabra con el que se restituye o fortalece la
autonomía de sectores clave, dando cauce al descontrol como toda
doctrina. Nos referimos a Fuerzas Armadas, de seguridad,
sistema financiero y la corporación de la Inteligencia, actores
claves -cada uno en su tiempo y con su peso- en el arte de poner en
vilo a la democracia.
Aquí haremos algunos comentarios
sobre el retroceso enorme que se viene dando en materia del control
del sistema de inteligencia y que el decreto 656/2016 pone al
descubierto. La disolución de la SIDE y la conformación de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en 2015 podría haber sido un
cambio inédito tras un (demasiado) largo camino de las estructuras
de inteligencia por la amplia avenida de la autonomía. El descontrol
que esa autonomía produjo, hay que decirlo, fue ignorada, consentida
o incluso aprovechada por todos los gobiernos desde 1983.
2. “La casa” vuelve a estar
en (el viejo) orden
Hace 16 meses, entusiasmaba el
anuncio de que la SIDE sería disuelta y reemplazada por una Agencia
Federal de Inteligencia que basaría su actuación en una doctrina
acorde a una sociedad democrática, que haría uso del secreto
sólo para garantizar el éxito de sus objetivos y no como un
privilegio al servicio del tráfico de información y las operaciones
políticas. Para ello, era fundamental dejar atrás el acceso
que los servicios tenían a fondos que eran gastados sin ningún
control o rendición. También se transfirió el monopolio de la
gestión de las interceptaciones de las comunicaciones que se
hicieran por razones de inteligencia o a pedido de los jueces en el
marco de causas penales a la Procuración General de la Nación.
En julio de 2015, el decreto
reglamentario de la nueva Ley de Inteligencia (N° 1311/15)
estableció procedimientos administrativos para que todos los
gastos de fondos reservados quedaran registrados y fueran
controlables. En el mismo decreto, se aprobaron otros anexos que
regulaban la doctrina de la AFI, su estructura y organigrama y los
regímenes de personal de los tres nuevos escalafones: inteligencia,
seguridad y apoyo.
Por primera vez, el secreto no
sería la regla de la estructura administrativa y presupuestaria de
la agencia de inteligencia, sino la excepción. Hasta ese
momento, sólo dos datos del funcionamiento de la vieja SIDE y de
la SI eran públicos: la identidad del secretario de Inteligencia y
el monto total de los recursos anuales asignados para su
funcionamiento. Pero los aires de transparencia que incomodaban,
y mucho, soplaron por pocos meses.
Una primera señal de lo que
sucedería llegó en los primeros días de la presidencia de Mauricio
Macri, cuando mediante un decreto de necesidad y urgencia, se
modificó la Ley de Inteligencia Nacional y se dispuso el
traspaso de las funciones relacionadas con las interceptaciones de
las comunicaciones desde la Procuración al ámbito de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Parece que fue poco. Desde hace
algunas semanas varios sectores del gobierno anunciaron la
intención de devolverle a los espías esa joya del arcón de la
extorsión, que habían perdido cuando en política primó el
criterio de la profesionalización. Esto es tan clave que es
imposible pensar en los tribunales de Comodoro Py devenidos escenario
central de la política sin servicios de inteligencia con vocación
de escucha sobre todos y todas.
Ahora, hace pocos días, el nuevo
decreto derogó 6 de los 7 anexos dictados en 2015. Un gran salto
en garrocha hacia lo peor, el pasado. Sólo quedó en pie (por ahora)
el referido a la doctrina de la Agencia, que tiene grandes chances de
naufragar si las prácticas, la vieja organización y, sobre todo,
las mañas se mantienen intactas. El retroceso, en estos asuntos,
es peor que no haber intentado avanzar nunca.
En los demás aspectos se retornó
al régimen anterior a la ley y se delega en el director la
conformación de una nueva estructura orgánica que, gracias a que se
retomó “la disciplina del secreto”, volverá a ser desconocida.
Ahora, el director, especializado en la representación de
futbolistas, está liberado de todo control para conformar la
estructura en un ámbito donde históricamente el amiguismo, el
nepotismo y el favor político fueron criterios excluyentes para la
incorporación.
Para algunos, “La casa” se
está poniendo en orden: vuelven el secretismo y la disponibilidad de
fondos reservados que la historia reciente muestra que han sido
utilizados para sobornar voluntades de legisladores (como con la
famosa ley de flexibilización laboral) o para pagar por
testimonios que luego de años de juicio provocan nulidades
insalvables (causa AMIA). No se entiende por qué, con tamañas
lecciones aprendidas, el gobierno de la transparencia apuesta a la
conocida oscuridad.
Dado el paso fundamental de sacudir
las bases legales del sistema de inteligencia que se hizo a
principios de 2015, hubiera sido ideal ajustar ese proceso con la
renovación a fondo de la justicia federal que también fue alcanzada
por un interesante plan de reformas. Sin embargo, elecciones
mediante, la implementación de esas políticas fue perdiendo
intensidad.
El gobierno entrante tenía a su
alcance bases nuevas, procesos de reforma en marcha y tiempo de
gestión para dar sustancia política a ese andamiaje legal que había
sido ampliamente discutido en el Congreso. Un sistema político sano
lo habría agradecido porque coquetear con la extorsión como
combustible de la conflictividad política nunca puede ser una buena
noticia para la democracia. Podremos seguir viendo por la tele en
horario central, en dosis homeopáticas, montajes de esa
maquinaria extorsiva, que cuenta con periodistas dispuestos a repetir
libretos servicialmente escritos en lugar de despuntar tan noble
oficio como el de la investigación periodística en primera persona.
La reforma de la Ley de Inteligencia
propuesta por el Poder Ejecutivo en enero de 2015 y aprobada por el
Congreso en marzo de 2015 fue un intento de resolver la crisis
política que había desatado la denuncia del fiscal Alberto Nisman.
Aunque la iniciativa llegó tarde (¿qué duda cabe?), lo hizo en un
momento en el que el sistema político logró recuperar la iniciativa
y desnudar su propia debilidad, acosado por el chantaje y sus
servicios que, como el escorpión, tarde o temprano pican la mano de
aquellos a quienes ofrece cruzar el río.
Por: Ileana Arduino* y Natalia
Federman**
* Abogada con orientación en
derecho penal, actualmente integra la junta directiva del Instituto
de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y
desarrolla actividades en el Instituto Latinoamericano de Seguridad
y Democracia (ILSED).
** Abogada con orientación en
derecho internacional público, en particular en el área de derechos
humanos. Durante los últimos 15 años ha estado involucrada con las
políticas públicas de memoria, verdad y justicia por los crímenes
del terrorismo de Estado desde diversos sectores. Fue Directora
Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la
Nación.
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