Honduras
fue el primer ensayo en América Latina de golpe institucional, en
junio de 2009. Luego vendrían el derrocamiento de Fernando Lugo en
Paraguay, en 2012 y ahora el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil.
Las consecuencias de esos golpes se perciben en el plano económico
y político, con la vuelta del neoliberalismo. Pero también en
los Derechos Humanos. Eso lo sabe bien Salvador Zuñiga Cáceres,
quien para protegerse de persecuciones políticas emigró a la
Argentina en ese 2012 y acá recibió la noticia de que su madre
había sido asesinada, en marzo pasado.
No es que Honduras haya sido un territorio especialmente apacible
históricamente. Pero durante el corto período de Manuel Zelaya
hubo un soplo de aire fresco que permitía avizorar un futuro mejor
para ese país centroamericano. Hasta que una artera jugada
judicial-legislativa despojó al mandatario de su cargo y tropas
militares lo expulsaron a Costa Rica.
La reacción de los países latinoamericanos fue contundente y el
Brasil de Lula da Sliva jugó un papel clave. Barack Obama –que
había asumido en enero de ese año– y especialmente su secretaria
de Estado Hillary Clinton, también, pero para el otro lado..
Zuñiga es hijo de la militante social y ambientalista Berta
Cáceres. La mujer luchaba al frente del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) contra la
construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, en
tierras ocupadas por la comunidad lenca y desde aquel aciago 28 de
junio arreciaron las amenazas contra su vida. En este contexto
decidió que lo mejor para sus hijos era el exilio. Salvador y una
hermana vinieron para la Argentina y el joven estudia medicina en la
UBA con la esperanza de volver a su patria para servir a la
comunidad.
No se equivocaba Berta Cáceres: el 2 o el 3 de marzo pasado, no
se sabe bien, un grupo de sicarios entró en su casa y la acribilló
a balazos. Una persona que estaba en la vivienda, el mexicano
Gustavo Castro, salvó la vida porque se hizo el muerto y es el
principal testigo del homicidio. Con protección diplomática pudo
escapar de Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) no pudo salvar la vida de Berta, quien había acusado a
Hillary Clinton –ahora perfilada como candidata a la presidencia de
EE UU– por la extrema violencia desatada en Honduras desde el
golpe.
El crimen de esta mujer -que había recibido en 2015 el Premio
Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio
ambiente- mereció el repudio de organizaciones sociales y
personalidades de todo el mundo, desde los presidentes de Nicaragua,
Venezuela, el secretario de la OEA, hasta los actores Leonardo
DiCaprio y Mark Ruffalo.
"En el libro Decisiones difíciles, Hillary dice que lo de
Honduras era un proceso necesario -señala Zuñiga ante Tiempo- y ahí
se hace evidente su apoyo al golpe y su responsabilidad en la
violación de Derechos Humanos. EE UU nunca dejó de apoyar al
ejército y la policía con el pretexto de las maras y de la
violencia. Así militarizó diferentes lugares de Honduras y el
territorio del pueblo lenca.
–¿Directamente
lo hacen tropas estadounidenses?
–No directamente pero dan apoyo financiero. En Honduras está la
segunda base más grande de Latinoamérica, Palmerola. Históricamente
desde allí se intervino en Nicaragua, Guatemala y El Salvador,
países que sufrieron conflictos armados intensos. Desde Honduras
siempre apoyaron a las dictaduras de países vecinos. Hace poco
le preguntaron a Hillary Clinton sobre su mirada en perspectiva del
rol que había cumplido en Honduras y reiteró que era algo necesario
y llegó a decir que para garantizar la seguridad en Honduras debía
hacerse algo similar al plan Colombia. Se sigue fomentando golpes de
Estado disfrazados de institucionalidad que desatan violaciones a los
Derechos Humanos.
–Ella había recibido amenazas y estuvo detenida varias veces. La
CIDH había pedido protección para ella, pero evidentemente el
gobierno no se la dio. Luego del crimen dijeron, primero que era un
caso de robo, luego que era una pelea dentro de la organización, y
luego que fue un homicidio pasional.
–Pero
hay detenidos.
–Sí, y son hombres vinculados con amenazas y con las empresas
constructoras de la represa. Pero no nos dejan participar del proceso
judicial, no nos dejaron poner un perito en la autopsia. La idea es
que todo termine en esos cuatro detenidos, no seguir hacia los
máximos responsables. Nosotros pedimos investigación independiente
y justicia verdadera.
Lugo,
la otra víctima de sus aliados
El antecedente más cercano al proceso legislativo que alejó a
Dilma Rousseff del cargo fue el de Paraguay en 2012. Fernando Lugo,
ex obispo de la ciudad de San Pedro, había llegado al poder en
2008, mediante una alianza de sectores progresistas y el Partido
Liberal Radical Auténtico (PLRA), el segundo más grande del
Paraguay.
En un contexto regional favorable a esta experiencia, Lugo intentó
las pocas reformas que le permitía una relación de fuerzas
desfavorable. Desde el primer día de su mandato, recibió el acoso
de los medios y de una posición particularmente retrógrada.
Un incidente nunca debidamente aclarado entre policías y campesinos
que dejó un saldo de 17 muertos en la localidad de Curuguaty, en
mayo de 2012, fue la justificación para iniciar un proceso de juicio
político express bajo el cargo de mal desempeño de sus funciones.
De nada sirvieron las presiones regionales para evitar lo que a todas
luces era un exceso en el uso de las atribuciones parlamentarias
de aliados incómodos del gobernante. El PLRA cumplió el mismo
papel que en Brasil el PMDB, y de hecho el vicepresidente,
Federico Franco, fue uno de los principales impulsores del golpe y el
que completó el mandato.
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