El presidente admite en su
declaración jurada que tiene plata en un paraíso fiscal y un día
después lanza una “amnistía fiscal” para los fugadores seriales
de divisas como él y su familia. El anuncio, a su vez, lo
enmarca en otro gran anuncio de alto impacto: el pago a jubilados con
juicios contra el Estado por mala liquidación de haberes, en este
caso con un impuesto que se les cobrará a los que repatríen sus
capitales y, si hace falta, también con dinero disponible en el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
Es decir, habría una solución
legal para los que desfinanciaron al fisco, produciendo el bache que
perjudicó a los jubilados en los ‘90 y, en simultáneo, una
supuesta reparación en cash para las víctimas, que será solventada
por las arcas del Estado robustecidas por la supuesta recuperación
de divisas. Visto así, en apariencia, cierra perfecto: los que
tenían algo por cobrar lo van a cobrar –merecidamente- y la plata
estará disponible, en teoría, porque sus anteriores victimarios la
van a traer del exterior o van a introducirla al sistema financiero
que antes evadían.
Estamos en presencia de un gran
gesto confesional: los que saquearon, vueltos a poner al comando
del Estado, ahora prometen subsanar el desaguisado por ellos mismos
generado.
Después de seis meses de gobierno,
Mauricio Macri pareciera ofrecer una solución práctica a un
problema que aqueja en forma crónica al sector de jubilados y
pensionados que debían cobrar más de la mínima y cuyas cajas
fueron saqueadas por los funcionarios de la década neoliberal
anterior y el sistema previsional que crearon con el Frankenstein de
las AFJP mediante...
Todavía no se sabe si este plan
será ejecutable, pero estamos en presencia de un gran gesto
confesional: los que saquearon, vueltos a poner al comando del
Estado que vapulearon con políticas de rapiña, ahora prometen
subsanar el desaguisado por ellos mismos generado, si se les generan
las condiciones para que no haya reclamo que los hagan desistir de su
imprevista solidaridad.
La pregunta, detrás del anuncio que
fue recibido con aplausos por los opinadores que ya conocemos y con
alegría legítima por los litigantes, es si verdaderamente la
plata la van a poner ellos, los fugadores, en un mea culpa de
dimensiones históricas, o la seguirán poniendo los que siempre la
ponen, aunque por otros canales. Independientemente del justo
entusiasmo que envuelve a los beneficiarios, en su mayoría gente de
edad que ha reclamado por lo propio mientras veían como les pasaba
la vida, injusticia que no está en discusión, el universo en el
que impacta la medida, estimable en casi dos millones de personas,
aunque abultado, es minoritario en términos relativos si se
piensa en la totalidad de los incluidos en el sistema previsional
general.
No se tocan los haberes mínimos,
sino aquellos que están entre los medios y los altos ingresos de la
pirámide, que aunque son muchos, son los menos. El proyecto del
oficialismo pretende cerrar así, con un anuncio explosivo, un
capítulo del desfalco, pero no aclara ni dice de qué manera se
resolverá en el futuro el pago de jubilaciones y pensiones si los
presuntos repatriadores no lo hacen en volumen suficiente de dinero;
o si el dinero que retorne, en vez de generar inversiones en
producción, trabajo y nueva recaudación va a parar a la timba
financiera eximida de tributos.
En el horizonte, lo que aparece, en
verdad, es una amenaza solapada al FGS, integrado por las acciones de
las empresas que el Estado tiene en su poder tras la estatización de
las AFJP. La tentación oficial sería hacer líquido ese fondo,
es decir, vender esas acciones y con eso liquidar, entre otras cosas,
hay que decirlo, la deuda derivada por los juicios pendientes. Son
750 mil millones de pesos, siempre aproximadamente, contra 250 mil
millones, que serían los pasivos judiciales a saldar.
Esa plata, hasta ahora, servía
como reaseguro de las demandas generales del sistema, que se financia
con aportes de activos pero también, y sobre todo, con dos
impuestos, el IVA y Ganancias, que dependen del nivel de recaudación,
que a su vez depende del funcionamiento positivo de las variables
económicas.
El FGS sostenía la posibilidad
de hacer frente a los aumentos semestrales del sistema de todos los
beneficiarios, desconectándolo de los ciclos con altibajos de la
economía. Es más, ese dinero fue, hasta la llegada del macrismo
a la administración estatal, a fondear planes anticíclicos (el
Pocrear, el Progresar, Procreauto, la AUH, el Ahora 12) que
sostuvieron el nivel actividad, la tasa de empleo y la recaudación
necesarios para pagar los haberes de la totalidad de los pasivos, los
de más bajos ingresos y también los de mayores ingresos,
garantizando previsibilidad y cobertura general: hoy, en la
Argentina, el 97 por ciento de personas en condiciones de jubilarse
recibe algún haber después de una vida de trabajo.
No estaba destinado, nunca lo
estuvo, a pagar los juicios en su totalidad. Porque en la teoría y
la práctica del gobierno anterior, que recompuso el sistema
previsional hasta hacerlo sustentable, primaba la idea de la
solidaridad intergeneracional y la intervención estatal para
mantener la gallina de los huevos de oro, que no es ningún encaje
bancario o la financiarización, sino altos niveles de producción,
consumo y empleo...
La sensación, en principio, es que
el macrismo utiliza un reclamo justo como tapadera para disimular
un mecanismo de blanqueo de dinero, que siempre tiende a generar
rechazo entre los pagadores de impuestos en tiempo y forma. El
uso de la resolución de los pleitos judiciales como escudo ante las
críticas por el beneficio a los evasores es casi una obviedad,
aunque no haya sido el enfoque de las coberturas periodísticas
mayoritarias en la radio y la TV. La promesa de eliminación en
tres años del único impuesto a la riqueza vigente, el de Bienes
Personales, lo más parecido a un tributo de nación desarrollada, va
en un único sentido: garantizarle al fugador arrepentido que el
dinero que traiga al circuito legal no será importunado por la AFIP,
porque el marco tributario será rediseñado de tal forma como para
que sea lo suficientemente laxo a las pretensiones históricas del
sector que fuga las divisas bajo mil excusas, y que el presidente
tan bien representa.
Saldada la deuda con el sector
litigante de los jubilados, lo que habría que plantearse es qué
ocurre con el resto, que depende de la recaudación en una economía
que tiende a reprimarizarse, a estancarse y a recaudar cada vez menos
impuestos. Del mismo modo que habría que indagar sobre cuál
sería el beneficio de los empoderados circunstancialmente con la
actualización de sus haberes, en un contexto de devaluación y alza
de tarifas que recortan sus capacidades reales de consumo y ahorro,
en un país que vuelve a trazar una línea entre incluidos y
excluidos a niveles noventistas.
Sin ánimo de ignorar que toda buena
noticia merece ser festejada por los alcanzados en sus beneficios, lo
que se tiende a avizorar, si se analizan las medidas del macrismo
como un todo, es que hay en mente una nueva política previsional
donde retornarían con fuerza las ideas que procuran derechos a los
que individualmente puedan proveérselos y se margina a los que no.
En teoría, claro. El sistema de AFJP comenzó así,
supuestamente empoderando a los que individualmente podían pagarse
una jubilación mejor y dejando al resto a la deriva.
Lo que pocos recuerdan es que todo
terminó siendo una estafa, el gran negocio de un pequeño grupo
de empresas y bancos, y que el único que estuvo ahí cuando
quebraron y se quedaron con la plata de los abnegados aportantes al
paraíso jubilatorio que prometían, el único que estuvo ahí para
garantizarles un ingreso fue el Estado, financiado, entre otros,
por los impuestos que también pagaban los excluidos con el 21% de
IVA, mientras los fugadores seriales llevaban su plata a Bahamas.
Esa que dicen, ahora, que van a retornar, para devolverles a los
jubilados una parte de lo que les robaron. «
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