Costos inflados a gas - Por Raúl
Dellatorre
Un estudio elaborado especialmente
para Página/12 demuestra las maniobras contables de firmas
concesionarias para girar utilidades al exterior mostrando quebranto
al mismo tiempo en los balances, para justificar el incumplimiento de
inversiones y reclamar más tarifa.
La “falta de rentabilidad” para
los prestadores de servicios públicos y la necesidad de
“normalización” de precios y tarifas, es el argumento central
que esgrimió el gobierno para impulsar el megatarifazo, única vía
para evitar “una catástrofe” para el año próximo si no se
corregían urgentemente las retribuciones a las concesionarias, según
se dijo. Sin embargo, un exhaustivo estudio realizado por expertos a
pedido de Página/12 sobre los balances de las empresas
concesionarias del sector gasífero, deja en claro aspectos que
desarticulan la argumentación oficial. Y explican, en buena
medida, por qué el gobierno se resiste a abrir la información sobre
los costos de producción, transporte y distribución del gas. Bajo
la modalidad de los contratos de asistencia técnica con los propios
accionistas de las concesionarias, se giró utilidades al exterior
por miles de millones de dólares, mientras los balances que se
presentaban en el país declaraban quebrantos. Se justificó,
así, la “imposibilidad” de invertir y el reclamo de mayores
tarifas o transferencias del Estado. Y ahora, para el gobierno, como
argumento para sostener el tarifazo.
Según el estudio realizado por
auditores con marcado prestigio en la industria, sólo en el caso
de las dos transportistas de gas, TGN y TGS, se comprueban pagos por
supuestos honorarios de asistencia técnica a sus propios accionistas
por 63,2 millones de dólares en el primer caso, y 225,1 millones de
dólares en el segundo, entre los años 1998 y 2015. De los
primeros años de la concesión, de 1992 a 1997, no se pudo verificar
la información, porque las concesionarias no estaban aún obligadas
a presentar balance a la Bolsa de Comercio, pero se supone que es el
período en el que las empresas obtuvieron su mejor resultado. Los
especialistas estiman que las transferencias por el mismo
mecanismo podrían haber ascendido, en esos años, a unos 40 millones
de dólares para TGN y 135 millones en el caso de TGS, sumando en los
24 años de concesión más de 460 millones de dólares entre ambas
empresas. En los balances, dichas salidas figuraron como “gastos
operativos” deducibles de impuestos, y no como remisión de
utilidades a las casas matrices de los accionistas. Una forma de
eludir el pago de impuestos pero, además, justificar la no
realización de inversiones.
Esta práctica, se sospecha con
fundamentos, no sólo se aplicó al segmento del transporte sino que
se reiteró en los otros eslabones de la cadena. Manteniendo esos
números en las sombras, Aranguren marcha a la Audiencia Pública del
próximo viernes enarbolando un tarifazo del 235 por ciento para el
gas, y sólo como un primer paso de una recomposición que pretende
continuar hasta octubre de 2019.
El ministro de Energía, Juan José
Aranguren, pretendió cerrar la discusión en forma tajante: el
gobierno no entregará información sobre los costos de la
producción, transporte y distribución de gas antes de la Audiencia
Pública del viernes 16, ni considera que tenga obligación de
hacerlo. Sus dichos no sólo contradicen el reclamo de
transparencia de las organizaciones de usuarios y consumidores, sino
que también parecen ir en contra de lo establecido por la Corte
Suprema en el fallo en el que ordenó hacer la audiencia pública
antes de fijar un nuevo cuadro tarifario, y permitir que los
usuarios pudieran acceder a la información sobre el aumento en cada
uno de los segmentos: producción (gas en boca de pozo), transporte y
distribución.
Según los especialistas en
auditoría contable consultados por Página/12, del análisis de los
balances de las empresas gasíferas surge, “como una primera
curiosidad”, que las concesionarias computen como pagos a
beneficiarios del exterior, por cifras significativas, “honorarios
por asesoramiento técnico” en favor de las propias empresas
accionistas.
Señalan los expertos que “los
concesionarios lograron la adjudicación del servicio mediante una
licitación pública nacional e internacional, como consecuencia del
respaldo técnico y capacidad patrimonial, sus antecedentes y
experiencia técnica demostrada en la realización de la tarea, cuya
comprobación fue jurídicamente exigida; resulta extraño que, pesar
de ello, de manera sistemática y desde el mismo momento de inicio de
la concesión, contraten servicios de transferencia de tecnología,
asesoramiento técnico y gerenciamiento, entre otros, con los propios
accionistas que intervinieron en la oferta para su adjudicación”.
En el caso de TGS, el principal
accionista al momento de la adjudicación era el consorcio CIESA,
controlada en un 50 por ciento por Pérez Companc y el 50 restante
por el grupo Enron, dueños en conjunto del 70 por ciento del capital
social de la concesionaria. Los balances de TGS destacaban el
“sólido respaldo” que supone que Enron Pipeline Co, controlada
por el grupo Enron, forme parte del consorcio, brindando “una
importante experiencia en la operación de gasoductos”.
Pero los mismos balances de TGS
señalan que “la principal operación recurrente con las sociedades
relacionadas se vincula con el Contrato de Asistencia Técnica que la
Sociedad suscribió con el operador técnico Enron Pipeline Co.
Argentina”, que con el tiempo pasa a ser Petrobras Energía. A
través del mismo, se le encomienda el asesoramiento técnico para
la operación del sistema de transporte de gas, de las instalaciones
de procesamiento de gas y de otras instalaciones y equipos conexos.
Es decir, justamente la tarea para la que TGS fue concesionada, y
la que se le adjudicó precisamente por la capacidad y experiencia
demostrada en la materia. Por la tarea, Enron fue contratada por
ocho años desde el mismo día de la concesión (28 de diciembre de
1992), con prórrogas automáticas y sucesivas por similar período.
La última prórroga corresponde a diciembre de 2014, ya en favor de
Petrobras Energía, siempre a cambio de un pago de un honorario
mensual independientemente que la empresa obtuviera utilidades o no.
De acuerdo a los balances a los que
se tuvo acceso (1998 en adelante), las sumas que pagó TGS por
honorarios de este “contrato de asistencia técnica” fue
creciendo de 22,5 millones de pesos en 1998, a 28,8 millones en 1999,
21,8 millones en el 2000 y 19,3 millones en 2001 (hasta ahí, con la
paridad uno a uno, en dólares igual monto que en pesos). En los años
siguientes, la cifra creció en pesos pero se redujo en dólares
(valuada al tipo de cambio de diciembre de cada año), alcanzando
sumas en torno a los 52 millones de pesos en 2012, 2013 y 2015, y de
70 millones de pesos en 2014. El monto acumulado equivalente en
dólares alcanza, en los 18 años (desde 1998 hasta 2015) a 225,1
millones de dólares.
No son muy diferentes las
conclusiones que surgen del análisis de los balances de TGN. En este
caso, la empresa accionista principal era, al momento de la
concesión, Gasinvest SA, sociedad integrada por TecGas (grupo
Techint), Compañía General de Combustibles, Total Gas, Electricidad
Argentina, y Petronas. Entre 1998 y 2015 recibió honorarios por
asistencia técnica por 63,2 millones de dólares.
A criterio de los auditores que
participaron del análisis de los balances, “lo que
jurídicamente las concesionarias de gas denominan honorarios por
asesoramiento técnico, el criterio de interpretación de la realidad
económica sugeriría que se trata de dividendos encubiertos”. No
se trata sólo de los honorarios técnicos, sino que también se
observaron en otros casos (otras concesionarias) la existencia de
préstamos del exterior que, en realidad, encubren transferencias de
dinero entre empresas controladas o vinculadas, con el fin de hace
figurar como pago de intereses de esa deuda, lo que en realidad era
giro de dividendos o utilidades sobre balances que no mostraban las
ganancias.
Ese tratamiento contable de las
operaciones con los socios o accionistas tendría varias
consecuencias. Por un lado, el tratamiento impositivo: sobre el
giro de utilidades al exterior (sobre rentas de fuente argentina)
corresponde la retención de impuestos del 35 por ciento por
Ganancias. Si, en cambio,
sale como honorario vinculado a
una supuesta transferencia tecnológica, inscripta en
convenios bilaterales como el existente con España, sólo paga el 10
por ciento.
La otra consecuencia hace al debate
de tarifas actual. Si lo que en realidad es remisión de
utilidades al exterior, se computa como gastos (honorarios o
intereses), ello reduce el resultado económico de la actividad, y
permite a la concesionaria justificar el incumplimiento de los
programas de inversión en función de una retribución
insuficiente.
El mecanismo no es novedoso. Los
expertos que estudiaron los balances gasíferos sugieren que la
metodología es “análoga a la que utilizaba TBA, la concesionaria
de la línea Sarmiento”, que tras la investigación de la masacre
de Once (23 de febrero de 2012), tanto la Auditoría General de la
Nación como la Justicia Federal, en su fallo, señalan “la
centralidad del factor económico” que desencadena la tragedia:
la escasa inversión por el dinero que “se escurrió o desapareció
en el complejo entramado societario y contable conformado por la
Concesionaria, sus accionistas y diversas empresas del grupo
económico”. Mientras la concesionaria reclamaba por el
supuesto “retraso de los ajustes económicos y financieros de la
tarifa”, contrataba “de manera directa con sus accionistas, lo
que posibilitó trasladar la ganancia en cabeza de estos actores y
evidenciar rentabilidades nulas en cabeza de la concesionaria”.
Cualquier similitud no es mera
coincidencia: es una práctica perversa demasiado extendida.
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