Un sismo político sacude a la
civilización occidental y expresa el malestar social en un presente
dominado por el control del capital monopólico sobre todos los
ámbitos de la vida social. Oleadas de convulsiones políticas
desnudan la crisis de legitimidad institucional. Desde la elección
presidencial en los Estados Unidos hasta la salida de Inglaterra de
la Comunidad Europea, un populismo de distintos signos ideológicos
agrieta a las instituciones republicanas en el primer mundo
reclamando autonomía nacional, representación política y bienestar
económico. Al mismo tiempo, “golpes blandos” jaquean al
populismo en América Latina e imponen los intereses de los más
poderosos. Esta conjunción de fenómenos no es casual. El capital
monopólico se expande por el mundo generando estancamiento de la
producción global, destrucción del medio ambiente y creciente
desigualdad social. Las instituciones de la democracia liberal no
pueden digerir esta destrucción y obstruyen la participación y
representación popular. El bloqueo del “gobierno del pueblo y para
el pueblo” desnuda la creciente desintegración de la
gobernabilidad democrática. En este contexto, un orden social nuevo
emerge y se globaliza. Formas de organización subterráneas, de tipo
mafioso y en abierta contradicción con las normas y valores de la
democracia se ramifican dentro de las instituciones existentes, las
vacían de sentido y cooptan su cáscara. Constituyen un entramado
que desde las sombras, cultivando la coerción y la corrupción,
busca el control absoluto del poder y del dinero. Esta metamorfosis
de lo “viejo” se suma a la generación de nuevos espacios
institucionales de índole privada desde donde se cooptan funciones
esenciales a los estados soberanos. Por una u otra vía, esta nueva
institucionalidad busca el control monopólico de las decisiones que
se toman a nivel global, tanto en el ámbito económico, y político
como en el cultural.
Rastros de la existencia de este
entramado institucional aparecen, en mayor o menor grado, tanto en el
primer mundo como en la periferia. Desde tiempo atrás, la Argentina
muestra las huellas de la nueva institucionalidad. La caída del
terrorismo de Estado inauguró un periodo democrático caracterizado
por una enorme fragilidad institucional. A pesar de la política de
derechos humanos, del enjuiciamiento del terrorismo de Estado y de
otros importantes cambios ocurridos en democracia, una trama de
relaciones mafiosas y clandestinas impregna a las instituciones del
país. Hundiendo sus raíces en el riñón del poder económico
concentrado y escondiendo su cabeza en el tenebroso mundo de la
“inteligencia,” este entramado mafioso ocupa hoy el primer plano
del escenario político.
La alianza “Cambiemos” llegó al
gobierno a través de elecciones e inició su mandato convirtiendo a
las promesas de la campaña electoral en su antitesis. Detrás de las
masivas transferencias de ingresos que sus políticas producen,
emerge un objetivo estratégico: “salir del populismo” a través
de cambios estructurales destinados a “maniatar” al Estado y
producir una gobernabilidad sin inclusión social. La rapidez y
profundidad de los cambios en los precios relativos, la apertura
indiscriminada de importaciones, la desocupación masiva, la perdida
del poder adquisitivo de la población y el endeudamiento externo
buscan imponer la preeminencia de las rentas de todo tipo en una
economía crecientemente primarizada. En estas circunstancias, no
bastan las leyes y decretos. El elemento central será la coerción,
en sus distintas formas: desde el disciplinamiento social a través
del miedo a la desocupación y al hambre hasta los intentos de
moldear la agenda política del día con operaciones
mediático-judiciales que, al mismo tiempo que pretenden identificar
al populismo con corrupción, buscan “naturalizar” al entramado
de complicidades mafiosas que corroe al sistema institucional
argentino.
Para imponer el reverso de las
políticas prometidas, el gobierno utiliza a los medios concentrados
como punta de lanza de un dispositivo que, incluyéndolos, los
trasciende. Usando una aceitada red de relaciones subterráneas que
conecta a los servicios de inteligencia con miembros del Poder
Judicial, legisladores, funcionarios, periodistas, dirigentes
políticos, empresarios etc. Los medios implantan en la opinión
pública información cuya veracidad nunca es puesta en duda. Con un
formato que apela al entretenimiento por el horror, estos medios
mimetizan la política del gobierno anterior con ilícitos de todo
tipo ocultando al mismo tiempo los ilícitos actuales. Más allá de
la verdad de los hechos denunciados, las operaciones
mediático/judiciales no solo buscan “embarrar la cancha”
engañando y ocultando los objetivos de la política oficial sino que
naturalizan la existencia de esta red mafiosa y las “operaciones”
que produce. Con un mensaje único y una divulgación mediática
monolítica, masiva y reiterada, los medios crean una realidad que se
independiza de la trama mafiosa que la origina. Por arte de magia,
toda la política del gobierno anterior se identifica con la
corrupción y la red de complicidades que producen las operaciones
mediático-judiciales se naturaliza.
Esta manipulación institucional no
agota los intentos de imponer los cambios deseados. Para ello el
gobierno también incursiona por otros caminos, siendo uno de ellos
la inclusión del país en un orden institucional global y
extraterritorial que, pretendiendo consagrar el libre comercio
internacional, impone el dominio del capital monopólico sobre la
producción y sobre funciones esenciales a los Estados soberanos. De
ahí que la “apertura al mundo” que propone Macri (Página/12
17.5 2016; 16. 6. 2016) se complemente con la incorporación del país
a la Alianza para el Pacifico, antesala inevitable a la inclusión en
uno de los tres mega tratados de comercio internacional impulsados
por los Estados Unidos: el Acuerdo Estratégico Transpacífico de
Asociación Económica o TPP. Este último es el norte silencioso de
la política de Macri.
En efecto, el TPP profundiza cambios
estructurales de enorme trascendencia en lo que hace a la integración
productiva y la soberanía nacional. Por un lado busca privatizar a
las empresas públicas y sacar del ámbito del Poder Judicial la
atribución de dirimir eventuales conflictos con las corporaciones
multinacionales. Para ello propugna el desarrollo de tribunales de
arbitraje de índole privada y extraterritorial, conformados por
abogados de empresas multinacionales. Exento de todo tipo de control
social, este arbitraje privado no se atiene a precedentes legales y
sustituye funciones básicas del Estado en diversas áreas de la vida
social: desde la economía, la salud y la educación hasta el medio
ambiente. Por otra parte, el TPP impone el derecho de las
corporaciones multinacionales a compensación económica por la
eventual frustración de “expectativas de futuras ganancias” y
profundiza el control que estas corporaciones tienen actualmente
sobre la división internacional del trabajo. Basada en cadenas
globales de valor (CGV) controladas en puntos estratégicos por un
reducido numero de empresas multinacionales, esta división del
trabajo integra el proceso productivo a nivel global y lo desintegra
a nivel local generando así un contexto donde las decisiones de
inversión y producción a nivel local dependen de la racionalidad
del complejo empresario multinacional. Esto bloquea la capacidad que
el Estado tiene de articular una política productiva acorde con los
recursos de su territorio y las necesidades de su población. Estas
CGV han tenido un impacto negativo sobre la industrialización de los
países, sean estos del primer mundo o de la periferia. Así por
ejemplo, en los Estados Unidos han producido una creciente des-
industrialización acompañada por la decadencia de ciudades
anteriormente pujantes, la precarización del trabajo y el
empobrecimiento de vastos segmentos de la población. El impacto de
la crisis brasilera sobre nuestra producción industrial es sólo un
ejemplo de las consecuencias negativas de las CGV en la periferia.
El momento que vivimos no surgió de
la nada. Las políticas aplicadas por este gobierno no son casuales
ni producto de la ineficiencia. Más allá de esto último, estas
políticas se enraízan en un proyecto mundial de expansión
económica y gobernabilidad social. También se explican por lo que
ha ocurrido en nuestro pasado más reciente. De ahí la importancia
de analizar no solo el contexto global sino también los éxitos y
los fracasos de la década pasada, incluyendo el rol del Estado, la
política industrial y la inclusión social resultante. Solo
conociendo de donde venimos podremos saber hacia donde vamos. Solo
con conciencia de nuestras limitaciones podremos encontrar un camino
que, superándolas, conduzca a una integración nacional con
inclusión social sustentable.
Por Mónica Peralta Ramos –
Socióloga
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