Lunes 5 de septiembre | El
economista Juan Valerdi, docente en la UNLP e integrante de Tax
Justice Together en Argentina opina sobre la ampliación de la
denuncia sobre Macri en sociedades off shore.
La
semana pasada Alejandro Olmos realizó una presentación ante la
justicia en la que aporta datos que al parecer complican la situación
de Mauricio Macri en las investigación que tiene abierta por
aparecer en sociedades off shore. ¿Qué opinas al respecto?
Ya que no soy abogado no podría
afirmar si la presentación de Alejandro Olmos tendrá influencia en
la causa en proceso contra Mauricio Macri y si es relevante entre las
pruebas presentadas. Sin embargo, lo que está fuera de toda duda es
que estos datos aportan una visión de largo plazo de la operatoria
en la que se enmarca la presencia de Mauricio Macri como autoridad de
una sociedad offshore en Bahamas (según lo revelado inicialmente en
los Panama Papers) y de varias otras empresas offshore vinculadas
(según revelan las investigaciones posteriores).
En
estas actividades que Olmos describe y que comienzan al menos hace
más de tres décadas, queda
claro como
la família Macri es un caso prototípico del empresariado "nacional"
en el que se aprovecho el estado no solo para expoliarlo cobrando
valores inflados por la obra pública y comprando empresas de
servicios a valor de remate en las privatizaciones de los ´90. Sino
que también
se le traspasaba deuda externa con seguros de cambio otorgados desde
una institución que siempre estuvo al servicio de la fuga de
capitales y el endeudamiento, el BCRA.
Posteriormente
el
actual presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos
Melconian, archiva cualquier intento de revisión de lo hecho por el
grupo Macri y en estos días dice en la TV que "todos"
tenemos cuentas en el exterior y que allí quedan los fondos para
asegurar el futuro de "nuestros" hijos y nietos.
La gravedad de los dichos no es solo por el hecho de ser el
funcionario que ahora queda vinculado al accionar cómplice del BCRA
en los ´80 con la empresa familiar del presidente Macri sino además
con provenir de la máxima autoridad del principal banco Argentino y
que es, además, propiedad del Estado Nacional.
Si estos hechos complican la
situación judicial del presidente Mauricio Macri solo pueden saberlo
abogados y jueces, pero que esto debería complicar la legitimidad de
la investidura presidencial desde un punto de vista político es un
hecho de difícil discusión.
Me parece que el proceso judicial al
presidente Mauricio Macri nos lleva entonces a un debate pendiente en
la Argentina. ¿Porqué solo unos pocos delitos económicos que han
tenido vinculación con el proceso militar del ´76 se encuentran en
proceso judicial y en cambio no lo están tantos otros que han
ocurrido en democracia e implicado un saqueo sistemático al estado y
fuga de activos al exterior, con consecuencias de endeudamiento
público interno y externo y un inmenso impacto negativo sobre toda
la sociedad?
¿Consideras que puede afectar la
legitimidad de la sancionada ley de blanqueo impulsada por el
oficialismo, para que sea aprovechada por funcionarios o ex
funcionarios?
La
utilización del blanqueo 2016 por parte de funcionarios o ex
funcionarios está vedada en teoría en la letra de la propia Ley que
le dio origen, sin embargo los familiares de dichos funcionarios
están solo excluidos en caso de ser padres, conyugues o hijos de los
mismos. Lo cual parece muy poco amplio y se
abre además la posibilidad obviamente a amigos y testaferros que
siempre son una opción de difícil detección por parte de las
autoridades y en este caso por parte del periodismo y la sociedad
civil ya que tendrán vedado el acceso a los datos de quienes se
presenten al blanqueo de
modo directo y mucho más aún por medio de informantes ya que estos
se enfrentarían a riesgos gravísimos no solo en la justicia penal
sino a nivel económico,
siendo la multa para quien filtrara la información equivalente al
valor blanqueado por quienes estén en los datos que se filtraran.
Desde un punto de vista político,
parece grave y de difícil asimilación el hecho de que un presidente
y varios ministros, estando salpicados por el escándalo Panamá
Papers y otras filtraciones, sean quienes impulsen un amplio y
generoso blanqueo de capitales.
Blanqueo que incluso prevé la
excepcional medida de permitir dejar los capitales blanqueados en el
exterior y que es acompañado de una, también, generosa moratoria
fiscal aprovechable incluso por procesados en la justicia penal
tributaria.
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