LA
NACION - Jueves 28 de septiembre de 2017 -
ESQUEL.-
Mientras el caso por la desaparición de Santiago Maldonado transita
una vuelta de página por el cambio de juez, la fiscal Silvina Ávila
profundiza, con pies de plomo, la causa por presunta desaparición
forzada. Se trata del expediente que tiene bajo el radar el
proceder de la Gendarmería el 1º de agosto, el último día que fue
visto el joven tatuador, y que se concentra en reconstruir tanto lo
que ocurrió durante el tenso operativo en el Pu Lof de Cushamen
como en las horas posteriores.
Según
pudo conocer La Nacion de fuentes judiciales, la fiscalía, que tiene
delegada la investigación, espera los resultados de una batería de
medidas para desentrañar los movimientos de los gendarmes. Un equipo
de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), una unidad
especializada del Ministerio Público fiscal, viajó ayer a Esquel
para colaborar.
La
medida más importante es un peritaje encargado a la Policía
Federal sobre los GPS de los celulares de los efectivos que avanzaron
sobre el territorio ocupado por los mapuches. El objetivo es
tener una georreferenciación de los equipos en las horas
posteriores al operativo para poder reconstruir el trayecto que
siguieron las camionetas de la fuerza.
Determinar
los periplos de los móviles de la fuerza es crucial. Según se
determinó en la causa, la camioneta que trasladó al subalférez
Emmanuel Echazú, el efectivo que resultó herido en el
enfrentamiento con los manifestantes mapuches, volvió a su punto
de origen a las 5.30 del 2 de agosto, más de doce horas después del
operativo.
Otra
camioneta bajo la lupa es la que, según el testigo de la comunidad
mapuche Matías Santana, habría trasladado a Maldonado, algo que
hasta ahora no se pudo comprobar con otras pruebas. Así, el peritaje
que ordenó Ávila deja abierta una posibilidad que el anterior
juez del caso, Guido Otranto, había dado por descartada tras conocer
los cotejos de ADN: que Maldonado pudo haber sido trasladado por los
gendarmes. Se desconoce qué consideración tendrá sobre el
punto el nuevo magistrado, Gustavo Lleral.
Otra
de las medidas ordenadas por la fiscal es el estudio del contenido de
los discos rígidos secuestrados en los escuadrones de la
Gendarmería. Sobre todo, las CPU de los oficiales vinculadas al área
de inteligencia: si hubo un incidente con un manifestante, debería
constar en esos archivos.
En
proceso también está el peritaje telefónico sobre los móviles de
los oficiales y el entrecruzamiento de llamadas de los jefes de los
escuadrones y del jefe de la agrupación, el comandante mayor Diego
Balari. El objetivo es analizar las llamadas entrantes y salientes
posteriores al operativo en el Pu Lof y los impactos en las antenas
para determinar los movimientos.
Uno
de los puntos que ya descartó la fiscal es el de la adulteración de
las actas de la Gendarmería. La defensa de la familia Maldonado
había advertido que esos libros tenían hojas irregulares. Se
trataba de una hoja pegada con cinta Scotch, pero un peritaje
determinó que no se trató de una anomalía.
Si
la investigación prospera, no se descarta que se requiera la
citación de gendarmes que avanzaron hacia el río Chubut no como
testigos, sino como imputados. La fiscal tiene un largo camino
por recorrer: todavía no se reunió con el juez Lleral, que, en
paralelo, conduce la causa de habeas corpus para dar con el paradero
de Maldonado.
La
investigación tiene bajo una lupa especial a Echazú, gendarme que
está de licencia médica por la doble fractura de mandíbula que
tuvo, presuntamente, producto de una piedra lanzada por los mapuches.
Todavía no está determinado qué pasó con ese efectivo a la
vera del río, ya que mostraba distintas heridas en el rostro y los
investigadores quieren determinar si pudo haber tenido un
enfrentamiento con algún manifestante. En las imágenes del
operativo se lo ve subiendo desde el río con una escopeta Bataan
470 recortada, arma reglamentaria de postas de goma.
También
ubica como actor relevante al jefe de Gabinete del Ministerio de
Seguridad, Pablo Noceti, quien viajó a Esquel para establecer los
lineamientos a aplicar en los operativos contra las manifestaciones
mapuches.
