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- 16/09/2017
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accedió en
exclusiva a un dictamen de la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal que
invalida la investigación que el Ministerio de Seguridad entregó a
la Justicia Federal con las
“actuaciones administrativas” a los efectivos de Gendarmería que
participaron de la represión que culminó con la desaparición
forzada de Santiago Maldonado. El dictamen denuncia el
direccionamiento de las entrevistas y los diálogos actuados.
Describe algunas preguntas como de una “superficialidad análoga
a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un
supermercado”. Cuestiona que no hace foco sobre el rol de
Pablo Noceti, el funcionario de Bullrich presente en el lugar de los
hechos. Describe el uso que
hizo el Gobierno de esta investigación, que presentó en los medios
como si resolviera el caso. Y define como “chapucera” la forma en
que el Estado eludió su responsabilidad de responder ¿dónde está
Santiago Maldonado? Concluye el dictamen: “El erróneo
cauce administrativo iniciado por el Ministerio de Seguridad, y la
comunicación equívoca que la autoridad administrativa ha realizado
a la comunidad respecto de esta actividad, atenta justamente contra
la respuesta eficaz, regular, objetiva y oportuna que se pretende de
la investigación de los hechos, reflejada en la forma chapucera en
que el Ministerio de Justicia se ha referido reiteradamente a las
actuaciones analizadas, como si se tratara justamente de la
investigación regular, bajo la forma de sumario administrativo que,
como se ve, aún no se ha dispuesto iniciar”.
El
titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA),
fiscal nacional Sergio Rodríguez, solicitó el 18 de agosto a la
ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que le remita
“a la brevedad” todas las actuaciones administrativas que se
hubieran realizado con motivo de la desaparición de Santiago
Maldonado. Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio,
el organismo reiteró el pedido el 24 de agosto, mismo día que la
fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, caratuló la causa como
desaparición forzada. El Ministerio recién respondió el 28 de
agosto con una carpeta confeccionada por la Dirección de Seguimiento
de Causas de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal.
Es la misma carpeta que entregó el 3 de septiembre al titular del
Juzgado Federal de Esquel, Guido Otranto. Son las “actuaciones
administrativas” realizadas por la cartera y filtradas
generosamente a los medios para construir la nueva hipótesis
oficial: un grupo de gendarmes podrían haber cometido “excesos”
en la bajada del río de la Pu Lof. La carpeta sirvió de base
para que el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, manifestara
que la investigación está avanzando y rechazara así la
conformación de un grupo de expertos internacionales encabezados por
el Alto Comisionado de la ONU para investigar de forma independiente
la desaparición de Santiago.
-
El manojo de papeles
El
fiscal cuestiona la investigación realizada por Bullrich y el
ministerio de Seguridad y resalta sus graves defectos de forma y
contenido. Advierte: “Lo remitido por el Ministerio de Seguridad
en forma tardía, a simple vista se advierte que el manojo de papeles
acompañado no responde a las formalidades previstas para la
sustanciación de una investigación administrativa”. Lo que
sigue es una descripción que denuncia la forma, el contenido y el
uso de esta investigación, que el Gobierno nacional convirtió en
una operación de prensa para eludir que el delito de desaparición
forzada sea debidamente investigado:
“Su
informalidad es tal que aparecen múltiples entrevistas al personal
que participó del operativo sin ningún tipo de resguardo legal,
llegándose al extremo de producirse diálogos donde el entrevistador
le recuerda al entrevistado que debe decirle la verdad y, en algún
caso, describiéndole incluso una supuesta conducta ilícita en la
que el entrevistado habría tomado parte, que el entrevistado
niega”.
“En
algunas de esas entrevistas, que se encuentran grabadas, la
reproducción de los audios permite advertir que hubo diálogo previo
sobre aspectos del caso entre entrevistado y entrevistador que no han
quedado registrados”.
Califica
las entrevistas como un material “contaminado y sin resguardos
legales; puede agregarse que ciertos pasajes de las entrevistas se
asemejan más a un diálogo actuado, cercano al ridículo”.
“Las
preguntas formuladas no exhiben, por otra parte, ninguna
sofisticación, más bien una superficialidad análoga a
una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un
supermercado”.
“No
hace foco en ningún momento en las circunstancias que rodearon la
presencia del Dr. Pablo Noceti en el lugar, cuando no puede
soslayarse, a juicio de esta
Unidad, dicha circunstancia. El Dr. Noceti es el Jefe de
Gabinete del Ministerio de Seguridad, su presencia en el lugar lo
convirtió automáticamente en la referencia de quienes allí
estaban, y resulta ineludible como así también inexplicable que
no se busque deslindar correctamente el alcance de su presencia
allí”.
-
Las conclusiones
Las
conclusiones del dictamen fiscal sobre lo realizado por la ministra
Bullrich para esclarecer la desaparición forzada de Santiago
Maldonado:
“A
la fecha no se ha iniciado una investigación administrativa conforme
las reglas previstas para la sustanciación de sumarios
administrativos. La carpeta autodenominada ‘investigación
preliminar’, no constituye ni podría serlo una actuación regular
ajustada a las reglas establecidas por el Estado para este tipo de
actuaciones”.
“El
cuestionamiento a la validez de lo actuado se extiende a lo actuado
bajo la forma de entrevistas, de las cuales se aprecia, a primera
vista, se han efectuado sin mínimos recaudos legales, y en
algunos casos, con exteriorización de interrogatorios que
vulnerarían garantías esenciales de las personas sometidas a esas
llamadas ´entrevistas´”.
“Se
aprecia que la forma emprendida por el Ministerio de Seguridad para
formar opinión acerca de las circunstancias que rodearon los
hechos acaecidos el día 1 de agosto pasado, no resulta ni adecuada
ni proporcional a la gravedad de la imputación que se formula a
distintos agentes que revisten bajo la órbita del Ministerio de
Seguridad”.
“Es
deber del Estado argentino de investigar y esclarecer el caso, en la
rama administrativa de gobierno, no puede enmascararse bajo formas
de actuación informales y poco transparentes, sujetas al único
control discrecional de la autoridad política, sino que por el
contrario debe llevarse adelante con las mejores herramientas legales
disponibles”.
“El
erróneo cauce administrativo iniciado por el Ministerio de
Seguridad, y la comunicación equívoca que la autoridad
administrativa ha realizado a la comunidad respecto de esta
actividad, atenta justamente
contra la respuesta eficaz, regular, objetiva y oportuna que se
pretende de la investigación de los hechos, reflejada en
la forma chapucera en que el Ministerio de Justicia se ha referido
reiteradamente a las actuaciones analizadas, como si se tratara
justamente de la investigación regular, bajo la forma de sumario
administrativo que, como se ve, aún no se ha dispuesto iniciar”.
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