El cisne negro

revistazoom - 12 Septiembre 2017 - por Ricardo Ragendorfer

A comienzos del año la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo pública su voluntad de aplicar el postergado “protocolo antipiquetes”; tanto es así que no le tembló la voz al advertir: “Cuando actuemos será mejor que nadie caiga en la paranoia argentina. Actuar con decisión puede tener consecuencias pero esas consecuencias no significan que vaya a haber un muerto”. Sabias palabras. ¿Por qué confiaba Macri en esa mujer menos inteligente que ambiciosa? Si algo enseña la historia reciente es la inexorable fisura de la gobernabilidad en casos extremos de sangre política. Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde le hubiesen podido contar sus experiencias al respecto. Ahora los resultados ya están a la vista. Desde que estalló el caso de Santiago Maldonado la respuesta oficial –a cargo de la señora Bullrich con las bendiciones sucesivas de Claudio Avruj, Germán Garavano, Marcos Peña Braun y el propio Mauricio Macri– tuvo tres ejes: la defensa a ultranza de la Gendarmería, la instalación de rumores falsos en escala mayorista y la obstinada negativa a considerar lo ocurrido como una desaparición forzada.

¿Quién hubiese imaginado que los dichos en sede judicial de un testigo mapuche de 18 años llevarían tal estrategia al precipicio? Semejante tropiezo, junto al ruidoso desplome de la hipótesis del puestero que habría apuñalado al joven artesano antes del ataque represivo en la Lof de Cushamen, comandado por el funcionario civil Pablo Noceti, lanzaron al Poder Ejecutivo hacia un retroceso en chancletas. Y con una primera parada en la teoría del gendarme solitario que se “excedió” en el ejercicio de la paliza para así correr del universo de los culpables a ese sinuoso abogado de genocidas y apologista de la última dictadura. Lo cierto es que este asunto se ha convertido en el Cisne Negro del gobierno macrista. Bien vale entonces su exploración retrospectiva.

El abanderado de la flagrancia

...Ya el 30 de agosto del año pasado el Ministerio de Seguridad elaboró un informe de gestión con el siguiente andamiaje argumental: los reclamos de los pueblos originarios no constituyen un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal porque “se proponen imponer sus ideas por la fuerza con actos que incluyen la usurpación de tierras, incendios, daños y amenazas”. Una dinámica cuasi subversiva, puesto que –siempre según ese documento– “afecta servicios estratégicos de los recursos del Estado, especialmente en las zonas petroleras y gasíferas”.

Ahora se sabe que ese paper es fruto del puño y la letra de Noceti, quien 20 días antes había sido detectado en Esquel por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Tal revelación provocó su segundo traspié: ser sorprendido por un reportero gráfico del medio Noticias de Esquel durante el juicio por la extradición a Chile del jefe mapuche Facundo Jones Huala al cual el funcionario asistía de incógnito. Su foto fue publicada esa misma tarde. Entonces le fue imposible eludir una entrevista con Radio Nacional de aquella ciudad en la que reveló sus intenciones; a saber: “Evaluar la comisión de un delito federal, porque aquí hay un grupo que pretende atemorizar a la gente con el método de la violencia”. Fue el inicio de la estigmatización del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Ya en ese instante él se jactó de poder encarcelar a sus integrantes sin orden de un juez, en base a una interpretación algo antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal referido a situaciones de flagrancia que ponen en riesgo la seguridad interna de la nación.

A partir de aquel día en Esquel, El Bolsón y otras localidades aledañas comenzaron a circular caras extrañas; personal encubierto de Gendarmería y la Policía Federal, junto con agentes de la AFI. Sin mucho disimulo todos ellos espiaban a la población, algo prohibido por la ley de inteligencia Nº 25.520. En medio de esa tensa calma transcurrieron los siguientes cuatro meses... Cuatro semanas después Noceti viajó otra vez a esa ciudad chubutense. El evento se efectuó en la localidad de Cushamen entre el 10 y 11 de enero del corriente año, auspiciado por las máximas autoridades de la provincia con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Su cronograma ofreció tres espectáculos de categoría: el martes a la mañana, apaleamiento de “indígenas” –incluidos niños y mujeres– por 200 gendarmes en un tramo de las vías del tren La Trochita; el martes a la tarde, saqueo de los animales de la comunidad mapuche y cacería de “indígenas” por patotas de la policía local; miércoles a la madrugada, prácticas de tiro al blanco –con postas de goma y plomo– sobre objetivos “indígenas”, también a cargo de aquella fuerza policial. El saldo de ambas jornadas fue fructífero: 11 detenidos y 15 heridos; dos, de gravedad. En la clausura de la celebración el gobernador Mario Das Neves se lució con una rima: “Entre los mapuches hay violentos que no respetan las leyes, la Patria y la bandera, y que agreden a cualquiera”.

Aquellas fueron sus exactas palabras. Una frase por cuya terrorífica simpleza se desliza un auténtico progrom en clave telúrica.

Noceti volvió a Buenos Aires, dejando atrás una agria disputa entre Das Neves y Otranto por las repercusiones negativas del asunto a nivel nacional.

“¡Fue el juez quien armó todos este lío! Fue él quien ordenó reprimir”, proclamaba el gobernador ante todo micrófono que tuviera a tiro.

Entre ambos había un encono preexistente originado por la nulidad del proceso de extradición contra Facundo Jones Huala decretada por Otranto al probarse que el único testigo había aportado datos bajo tortura. Entonces Das Neves lo denunció en el Consejo de la Magistratura.

Pero Otranto argumentó que su orden a la Gendarmería solo se limitaba a “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías del tren y que ello no contemplaba arrestos”, apuntando –sin nombrar a nadie– hacia el enviado del Poder Ejecutivo nacional...

El siguiente capítulo de esta historia comenzó a palpitar durante la visita oficial de Macri a su par chilena, Michelle Bachelet. Era el martes 27 de junio... Después trascendió que entre otros asuntos ambos hablaron sobre la situación de Facundo Jones Huala, requerido por la justicia trasandina por su presunta autoría en el incendio de una propiedad rural. También se supo que Macri prometió hacer lo posible por dar curso favorable a su extradición. Ese mismo día el líder mapuche fue detenido por la Gendarmería en la ruta 40 y encerrado en la cárcel federal de Bariloche. No había ninguna orden de arresto en su contra. El hecho de que su captura haya sucedido en ese sitio indica que lo venían siguiendo. El responsable de dicha tarea de inteligencia ilegal fue nada menos que Noceti, quien hasta se dio dique por ello. El asunto causó una nueva escalada de fricciones entre los mapuches y los uniformados. Y en la mañana del 31 de julio Noceti convocó en Bariloche a los secretarios de Seguridad de Río Negro y Chubut, a los jefes policiales de ambas provincias junto a los de todas las fuerzas federales destinadas en la región, incluidos los comandantes de los escuadrones de la Gendarmería con asiento en Esquel y El Bolsón. El temario fue “confidencial”.

Esa noche un grupo de mapuches reclamó ante la fiscalía federal de esa ciudad la liberación de Jones Huala. Por toda respuesta hubo una andanada de balas de goma sobre los manifestantes. Varios resultaron heridos y se hicieron nueve detenciones.

Recién el 2 de agosto Noceti blanqueó –en diálogo con Radio Nacional Esquel y FM Sol– lo decidido durante el cónclave de Bariloche: “Comenzar a tomar intervención y detener a todos y a cada uno de los miembros de la RAM que causen delitos en la vía pública y en flagrancia”. Otra vez se jactó de que para eso no necesitaba la intervención de un juez. Y casi en clave de lapsus supo reconocer el espionaje sobre aquella organización al afirmar: “Sabemos quiénes son; los tenemos identificados y estamos investigando sus fuentes de financiación”. Por último, ya con un extraño brillo en los ojos, implicó en sus acciones al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a “gente vinculada al gobierno anterior” y también al “extremismo kurdo”.

¿Acaso en ese momento fue consciente de que 24 horas antes su bomba había explotado en mil pedazos?

El arrullo de la impunidad

En la mañana del 1º de agosto partió un automóvil de la Lof de Cushamen en dirección al sur. Entre sus tres ocupantes estaba Soraya Malcoño, la vocera de la comunidad mapuche. Ellos pretendían difundir en Esquel la inminencia de la intrusión de la Gendarmería en dicho territorio. No pudo ser; el vehículo fue obligado a frenar por un retén de aquella fuerza en la ruta 40, a la altura de la entrada a la estancia Benetton. Esas personas permanecieron “demoradas” hasta la caída de la noche. Eso las convirtió en espectadoras privilegiadas de la retaguardia del operativo.

A primera hora de aquel martes Noceti había dejado Bariloche a bordo de una camioneta blanca con una tira de lucecitas led en la trompa. Cerca de las 11:30 se detuvo ante la tranquera amarilla de la Lof al ocurrir el virulento ingreso de los uniformados. Y quedó allí sin su conductor hasta casi una hora después. Aquel lapso coincidió con la captura de Santiago.

Alrededor de las 13:00 se lo vio llegar a Noceti al lugar donde estaba Soraya y sus acompañantes. Tras saludar a los gendarmes, se acercó a ellos, y soltó: “Soy el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad”.

–Entonces –dijo Soraya– usted me puede decir por qué nos tienen acá.

Noceti ensayó una sonrisa sobradora antes de contestar:

–Mirá, si queremos, te podemos tener seis horas acá.

Dicho esto, volvió a la camioneta para arrancar hacia Esquel.

Ahora se sabe que allí tuvo una tensa reunión con el juez federal Guido Otranto. Según una fuente próxima al juzgado, se dio entre ellos el siguiente diálogo:

–Le adelanto que Gendarmería actuó sin orden judicial –informó Noceti– porque, usted sabe, con la figura de flagrancia nos basta.

–Vea –contestó Otranto–, con eso usted puede despejar la ruta. Pero no entrar al territorio mapuche. Para eso necesitaba una orden mía…

Noceti insistió con su idea sobre la autonomía de las fuerzas. Y remató:

–De todos modos, el operativo ya está hecho.

Dicen que por toda reacción, Otranto se quedó en el molde.

“Quienes lo han cruzado en los pasillos tribunalicios dicen que aquel individuo parco y taciturno se cree protagonista de una gesta civilizatoria”

Ya eran casi las 17:00 cuando Soraya volvió a verlo pasar, esta vez en dirección al norte. Nuevamente bajó para conversar con los gendarmes.

El tipo lucía traje gris y sobretodo oscuro. Con tal vestimenta en medio del paisaje cordillerano su silueta pasaba tan desapercibida como una tarántula en un plato lleno de leche. Así fue fotografiado a hurtadillas por un reportero gráfico. Esa imagen contribuiría al vidrioso presente que ahora lo envuelve. Una situación que se expande como una mancha venenosa.

Había caído en el engañoso arrullo de la impunidad. Un beneficio que ya se le había vuelto en contra al bravuconear a Soraya al regresar de la Lof de Cushamen. En ese preciso instante quedó bajo sospecha por su presunto rol en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pero no contento con ello, sus declaraciones radiales del día siguiente enturbiaron aún más su nombre.

Sin embargo ahora, a más de cinco semanas de aquello, trascendió que Otranto –amparado en el secreto de sumario– no dudó en negarse a cruzar las comunicaciones telefónicas de Noceti con los oficiales de los escuadrones de la Gendarmería en la región. La excusa esgrimida: “Al doctor no se lo vincula con la investigación”. ¿Acaso temía que ese entrecruzamiento pudiese detectar llamadas entre ese funcionario y su propia línea antes, durante y después de que Santiago fue visto por última vez?

El magistrado también se abrazó a la “presunción de inocencia” durante la tarde del domingo 10 de septiembre, luego de reunirse con Gerardo Milman y otro funcionario del Ministerio de Seguridad. Fue en la puerta del juzgado a su cargo al atender por primera vez a la prensa. “Creo que Noceti no dirigió el operativo”, fueron sus exactas palabras.

Pero el alivio del polémico jefe de gabinete ministerial –al igual que su cargo– no será eterno: la desaparición forzada es un delito imprescriptible.

Mientras tanto, una pregunta: ¿rige actualmente en este país el estado de Derecho?

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