LA
NACION Domingo 24 de septiembre de 2017 - Hugo Alconada Mon
Horas
antes de que ocurriera, un ala del Gobierno bloqueó el arribo de
un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que iba a
investigar la desaparición de Santiago Maldonado, evaluar cómo
actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para
impulsar la búsqueda del joven desaparecido, según reconstruyó
La Nacion sobre la base de documentos y testimonios de funcionarios y
otras fuentes.
El
despliegue de esos expertos extranjeros ya había sido aprobado por
el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien debió retroceder
a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de
Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos
en las elecciones de octubre.
Esas
idas y venidas provocaron, además, que el representante para
América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos
veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con
las manos vacías. El frustrado arribo de los expertos dejó en
evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo
tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales
sensibles.
Garavano
protagonizó cruces con el secretario de Derechos Humanos, Claudio
Avruj, quien adoptó otra línea de negociación, más cercana al
presidente Mauricio Macri, quien no oculta puertas adentro su
fastidio con la cobertura periodística del caso Maldonado y su
impacto, según él, sólo en el "círculo rojo".
Esas
marchas y contramarchas oficiales se plasmaron en unas seis
reuniones. La primera fue el martes 29 de agosto, cuando Santiago
Maldonado llevaba cuatro semanas desaparecido y el ministro Garavano
se reunió con su hermano Sergio en La Plata, en la Defensoría ante
la Casación Penal bonaerense, cuyo titular, Mario Coriolano,
colabora con la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, y actúa
de puente con las autoridades.
La
familia le entregó a Garavano un petitorio. Pidió que autorizara a
ese grupo de expertos, que aprobara la participación de los
investigadores que trabajan con Coriolano en casos de violencia
institucional y que el Estado ayudara con los gastos como querellante
de la familia. Por ejemplo, con los pasajes aéreos entre Buenos
Aires y Esquel.
Dos
días después, hubo una segunda reunión en el Ministerio de
Justicia. Junto a Garavano estaban Avruj y la directora de Derechos
Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, mientras que
Incalcaterra viajó desde Chile para analizar el despliegue de los
expertos.
En
el encuentro, Incalcaterra estimó que, si se firmaba el acuerdo
el fin de semana, el grupo podía arribar el lunes 4. Y lejos de
esquivar una respuesta Garavano aceleró. Concluyeron que el
despliegue de esos expertos le reportaría dos beneficios al
Gobierno: mostrar su interés por impulsar la investigación y hallar
a los responsables, y, por el otro, evitar problemas ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2011, al condenar a
la Argentina por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, le
impuso "garantías de no repetición".
Los
riesgos de una segunda condena son, hoy, elevados. No sólo
porque la abogada que representó a la familia Torres, Verónica
Heredia, patrocina ahora a los Maldonado, sino también porque la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ya una
señal el 23 de agosto. Dictó una medida cautelar y le reclamó al
Gobierno que informara las acciones que había adoptado para
investigar lo ocurrido.
Ese
jueves 31, los equipos de Garavano, la ONU y los Maldonado avanzaron
con la letra chica del acuerdo en la sede del Programa de la ONU para
el Desarrollo (PNUD). Allí surgió el primer indicio de que algo
andaba mal puertas adentro del Gobierno: el emisario de la Secretaría
de Derechos Humanos pidió que en el borrador se mencionara esa
dependencia por separado del ministerio, del que quería
despegarse.
Al
día siguiente, la cuarta reunión fue en la ex ESMA, cuando los
Maldonado e Incalcaterra pensaron que cerrarían el acuerdo. Pero no
fue así. Tras hacerlo esperar dos horas y media, Garavano recibió
al representante de la Acnudh para comunicarle que debían retrasar
la firma porque la Cancillería había planteado "dudas"
sobre la inmunidad que el Estado debería darles a los expertos.
Detrás del ministro, que no ocultaba su incomodidad, Avruj lo
escuchaba sentado y sonriente, según reconstruyó La Nacion.
Garavano
procuró restarle relevancia a esa demora. Afirmó que "el
lunes" firmarían el acuerdo. Pero cosechó la inmediata
corrección de un emisario de la Cancillería, que dijo que podría
ser "el martes", pero que no podía garantizarlo. Al
enterarse, Sergio Maldonado enfureció e Incalcaterra se volvió a
Chile.
Para
entonces, la opción de los expertos internacionales seguía viva, a
tal punto que la oficina del Acnudh informó que Incalcaterra se
había reunido con Garavano, Avruj, Coriolano y la abogada de los
Maldonado y que "el ministro dio a conocer el acuerdo al que
habría llegado con los familiares de Maldonado para pedir la
cooperación y asistencia con la Oficina del Alto Comisionado".
No sólo eso. La agencia Télam detalló que el Gobierno le pediría
"formalmente a la ONU" su ayuda, pero fue el propio Peña
quien levantó el teléfono para corregir los cables de noticias y
aclarar que "no era tan así".
En
Santiago de Chile, el representante de la ONU mantuvo la quinta
reunión. Fue con el secretario de Derechos Humanos bonaerense y ex
secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón, quien había
viajado por otro compromiso, pero café de por medio le planteó a
Incalcaterra, su viejo amigo, qué ocurría.
Cantón
argumentó, en línea con técnicos de la Cancillería, que
convocar al grupo de expertos no era la mejor opción. Dijo que
afectaría la imagen internacional de la Argentina y que había
una "diferencia abismal" entre el caso Maldonado y la
desaparición de 43 estudiantes en México -donde sí intervino un
grupo de ese tipo-, pero que sí sería bueno el arribo de un
"observador internacional" que analizara el cuadro y
recomendara medidas al Estado argentino.
El
último encuentro fue, entonces, en la Casa Rosada. Y sólo comenzó
cuando Patricia Bullrich salió de ese despacho. Participaron Peña;
Incalcaterra; Avruj; el secretario de Asuntos Estratégicos de la
Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo, y, en teoría, Garavano. ¿Por
qué "en teoría"? Porque la reunión se adelantó 30
minutos y el ministro llegó cuando ya se había decidido que no
convocarían -al menos en el corto plazo- al grupo de expertos ni un
observador internacional. Así, el Gobierno había convocado a
Incalcaterra a Buenos Aires, por segunda vez, para desistir de lo que
el propio Gobierno había acordado.
El
ala del Gobierno que se opuso a ese acuerdo lo vivió como un
triunfo. Sintió que le evitó a la Argentina un escarnio de
proporciones mundiales. Pero terminó así, también, de dinamitar
la relación con la familia Maldonado, que lo sintió como un nuevo
manoseo e innecesario desplante.
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