La
Nacion - Domingo 10 de septiembre de 2017
El
debate sobre las tierras aborígenes que suscitó repentinamente el
caso de Santiago Maldonado tendrá un pico de tensión antes de
fin de año, cuando vence la ley 26.160, que evita que se ejecuten
desalojos de los territorios que ocupan comunidades indígenas.
En
ese debate, que ya se empezó a recalentar, entran en juego el
futuro de más de 8 millones de hectáreas distribuidas por todo el
país, los intereses de gobernadores y de privados, el derecho de los
indígenas a reclamar sus tierras y la función que debe cumplir el
Estado. Además, saca a la luz la falta de registro formal de las
comunidades y el valor, en términos de recursos naturales, de esos
territorios.
Su
eventual prórroga dependerá de la aprobación o no del Congreso,
que deberá tratarla antes del 23 de noviembre, plazo en el que
caduca.
El
jueves se frustró en el Senado el tratamiento sobre tablas de la
prórroga de la ley y se postergó para fin de mes. Al mismo tiempo,
algunos indígenas se apostaron a las puertas del Parlamento para
reclamar por la extensión de la ley y otros tantos denunciaron al
Gobierno que ya sufren el hostigamiento y un incremento de la
violencia en sus provincias.
En
2006 se sancionó la ley 26.160 que declaraba la emergencia por
cuatro años y que impedía, en ese plazo, "la ejecución de
sentencias cuyo acto sea el desalojo de las tierras cuya personería
jurídica esté inscripta en el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas". La legislación se fue prorrogando
sucesivamente y ahora el caso Maldonado, provocó un clia enrarecido
al respecto de algo que, en otro contexto, probablemente habría
pasado desapercibido.
El
texto de la ley original contemplaba que durante los primeros tres
años se debía realizar un "relevamiento técnico" de la
situación nominal de las tierras en donde están asentadas. Para
ello se habían destinado $ 30 millones. Además,de ese dinero
saldrían también los recursos necesarios para pagar la asesoría
legal para los indígenas durante el relevamiento. Ese monto venció
en 2009 y no fue prorrogado.
Según
datos que aportó a La Nacion el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) -órgano que depende del Ministerio de Justicia-
actualmente hay 1600 comunidades identificadas en todo el país.
De ellas, hay 423 casos en los cuales culminó el relevamiento y 401
que están aún en proceso. Para el resto, todavía ni siquiera
se inició la tarea, lo que quiere decir que hasta ahora sólo se
hizo la mitad del trabajo que correspondía...
"Lamentablemente
el jueves no pudimos consensuar y se desordenó el acuerdo de tratar
la prórroga. Los ánimos han cambiado y no se están cumpliendo con
los acuerdos que hicimos. De todos modos tenemos el compromiso de
tratarlo en la próxima sesión y creo que la prórroga va a salir",
dijo a La Nacion la senadora de Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR) que
impulsa el proyecto.
Como
condición antes de tratarlo, los legisladores pidieron un informe de
situación que actualice el estado de estas comunidades. Justamente,
las tierras que ocupan corresponden a la órbita provincial y
muchos, incluso, se encuentran sobre recursos naturales muy valiosos.
Sin
ir más lejos, los mapuches neuquinos están a pocos kilómetros
de Vaca Muerta y su reclamo de tierras entró en conflicto con la
extracción. Muchos gobernadores siguen con atención el debate.
Si
la prórroga pasa el Senado deberá tratarse en Diputados. Allí el
oficialismo tiene posturas divididas sobre qué hacer, según
constató La Nacion a través de fuentes en contacto con la mesa
chica de Cambiemos. O se promueve la prórroga o se deroga la vieja
ley para promover otra.
La
nueva legislación contemplaría las mismas garantías para los
pueblos originarios, pero con una mayor institucionalización en la
designación de los representantes de estas comunidades. De todos
modos, el tiempo apremia, sin contar que hay que considerar cómo
jugarán los otros bloques.
"Solicitamos
urgente la prórroga de esta ley. Hubo una profundización de los
intentos de desalojo de nuestras tierras y estamos recibiendo
amenazas", dijo a La Nacion Néstor Jerez, cacique del pueblo
Ocloya de Jujuy, que el jueves se movilizó hasta el Congreso.
Jerez también denunció que desde el 2016 que no cuentan con la
asesoría legal que debería proveerles el INAI y que están en una
situación de desamparo. Según lo que recolectó la AGN de los
datos del INAI, el 62% de las comunidades poseen conflictos
territoriales y un 24% tienen un conflicto judicial asociado a la
posesión de las tierras que están ocupando...
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