Infobae
- Andrés Klipphan 8 de septiembre de 2017
La
causa judicial por la presunta "desaparición forzada" del
artesano Santiago Maldonado –que habría sucedido el 1° de agosto-
incorporó un documento oficial de Gendarmería, fechado el 8 de
ese mes, que brinda por primera vez detalles concretos sobre los
jefes de la fuerza que participaron en el desalojo de la ruta
nacional 40, a la altura del kilómetro 1848, por orden del juez
federal Guido Otranto.
El
escrito confirma que el jefe de Gabinete del Ministerio de
Seguridad, Pablo Noceti, participó de una reunión de "coordinación"
realizada en San Carlos de Bariloche la mañana del 31 de julio
durante la cual se comprometió a "ordenar personal de la
provincia" para colaborar en el operativo.
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pudo establecer que este fue uno de los elementos que el fiscal
federal Federico Delgado tuvo en cuenta para solicitar que se
investigue por los presuntos delitos de "encubrimiento" y
de "violación de los deberes de funcionario público y abuso de
autoridad" al presidente
Mauricio Macri, a la
ministra de Seguridad Patricia Bullrich,
al ministro de Justicia Germán Garavano,
al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj,
al titular de Gendarmería Nacional Gerardo Otero,
y a Noceti, entre otros.
Para
Delgado "existiría un pacto de silencio" del Gobierno
"intentando deslindarse de toda responsabilidad de la
desaparición forzada de Maldonado, generando una campaña de
desinformación".
En
un principio, el Gobierno había argumentado que Noceti estaba de
vacaciones en la zona y pasó a saludar. Días después, el propio
funcionario reconoció su participación en la reunión de Bariloche,
pero se deslindó del operativo del 1° de agosto en la ruta. La
Justicia espera los resultados de las pericias realizadas en los
teléfonos de los efectivos que participaron del procedimiento para
determinar qué grado de intervención tuvo el enviado de la ministra
Bullrich.
El
documento fue realizado por la Dirección General de Operaciones, y
lleva la nomenclatura alfa numérica "AA 7-5100/3284". En
la foja 3 de ese paper, y 977 de la causa se lee, en el punto 8 y
bajo el título de "Apoyo de otras Fuerzas Federales o
Provinciales", lo siguiente:
"El
31 de julio del corriente año a las 22, el Jefe del Operativo
Comandante Mayor, Diego Conrado Hector Balari, tomó contacto
telefónico con el señor ministro de Gobierno de la provincia de
Chubut, Pablo Durán, quien en horas de la mañana había
participado en la reunión de coordinación mantenida con el señor
Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Dr. Pablo Noceti, en
la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro), quien se
comprometió a ordenar a personal de la policía de esa provincia a
colaborar con la Fuerza, lo cual no se concretó pese a los
reiterados llamados telefónicos realizados al señor jefe de la
Policía de Chubut y Segundo Jefe de la Unidad Regional de Esquel".
"Respecto
de las demás Fuerzas Federales asentadas en la ciudad de Esquel
(Chubut), las mismas no cuentan con capacidad operativa".
En
la foja 1 del documento, y la 975 de la causa que desvela al gobierno
de Cambiemos, se informa que el "jefe del operativo" fue el
mencionado Balari "que nucleaba personal de los Escuadrones 35
del El Bolsón, 36 de Esquel, y personal de la Agrupación XIV
Chubut".
El
pormenorizado informe revela también que "a partir del 1° de
agosto se encontraba a cargo del personal apostado en la Ruta
Nacional 40 en proximidades del kilómetro 1848, lugar del corte de
ruta, el Comandante Juan Pablo Escola, segundo Jefe del Escuadrón 36
de Esquel".
Escola
es señalado como el jefe que lideró el pelotón de gendarmes que
ingresaron, sin orden judicial, a los campos propiedad del Grupo
Benetton –y que los mapuches reclaman como propios- en
Cushamen.
"El
1° de agosto no detuvimos a nadie, no matamos a nadie, no estuvimos
ni cerca de detener a alguien. Duermo tranquilo, actuamos
correctamente", se defendió cuando fue entrevistado.
Según
su edulcorada versión "él y un equipo de diez gendarmes de
Esquel, a los que conocía, y 21 de El Bolsón, de los cuales no
sabía sus nombres, entraron a Cushamen" y tomó la decisión
de hacerlo sin la autorización del juez Otranto "después
de que dos agentes resultaran heridos de gravedad sobre la ruta 40
ante una lluvia de piedrazos impulsada por unas 20 personas".
El
parte de Gendarmería elevado al juez Otranto sostiene que "la
totalidad del personal vistió uniforme de instrucción y campaña"
y que "los vehículos utilizados fueron provistos a ambas
unidades intervinientes", por la misma fuerza.
En
el escrito oficial se reconoce que la represión contra los que
cortaban la ruta y la persecución a campo traviesa "de ese
1° de agosto no hubo registro fílmico en razón de no contar con
los medios técnicos adecuados".
Por
último se informa que "con posterioridad" y ante la
negativa de Noceti de enviar refuerzos policiales, como se había
comprometido, "se solicitó apoyo de personal al Escuadrón 37,
José de San Martín, y del destacamento Móvil 4 con asiento en la
ciudad de General Acha, provincial de La Pampa".
La
investigación judicial por la desaparición de Maldonado avanza a
paso lento, muy lento. Los familiares aún tienen esperanzas de que
el mochilero que simpatiza con los reclamos aborígenes aparezca con
vida.
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