LAVACA.ORG
- 26/09/2017
El
organismo que planteó desde el primer día la hipótesis de la
desaparición forzada de Santiago Maldonado fue blanco de
espionaje por parte de Gendarmería. Así surge del expediente del
habeas corpus, en el que se adjunta legajo y fotos del vehículo de
Julio Saquero, integrante de la mesa nacional de ese organismo de
derechos humanos y actor clave en la causa: su denuncia constituye la
primera página del expediente. “Las reglas del juego están
siendo vulneradas por quienes deben protegernos. No es por
victimizarme: hicieron lo mismo con Matías Santana – el testigo
mapuche que señaló a Gendarmería-: lo tuvieron precintado durante
las 12 horas de rastrillaje a la comunidad”, dice a lavaca Saquero.
Y cuenta con detalles cómo trata la justicia a quienes aportan datos
para saber qué pasó con Santiago.
Julio
Saquero es integrante de la Mesa Directiva Nacional de la APDH
Argentina y de la Regional Noroeste del Chubut de ese organismo, y es
una persona vital en la causa por la desaparición forzada de
Santiago Maldonado. Su testimonio abre la foja 1 del expediente
penal que lleva adelante la fiscal federal Silvina Ávila con una
denuncia precisa, fechada del 2 de agosto, que incluye detalles del
día de la desaparición de Santiago. Saquero no sólo describió
el irregular y violento operativo de Gendarmería, sino que como
parte del expediente de habeas corpus detalló cuáles fueron las
irregularidades en la investigación judicial. Hoy la APDH emitió
un comunicado denunciando y repudiando la persecución y el espionaje
a Saquero, según surge del expediente penal: “En el detalle de
una de las desgrabaciones de un celular que corresponde a la
Agrupación Chubut, es decir, la Gendarmería de Chubut, se da cuenta
del envío de un archivo con el legajo completo de un vehículo que
se corresponde con el del compañero Julio Saquero, junto con fotos
de lo que parece una movilización”.
No
es la primera vez que en el marco de una desaparición forzada el
Estado desvía su investigación hacia las víctimas, los testigos o
los integrantes de organismos de derechos humanos. Es ese el
motivo, precisamente, por el cual la APDH había presentado el 25 de
agosto un habeas corpus preventivo para que se declaren ilegales
“todas las prácticas policiales y de Gendarmería Nacional, que
persigan, hostiguen, amedrenten o vulneren en cualquier aspecto, los
derechos y garantías de la comunidad mapuche como de los familiares
y amigos de Santiago Maldonado, los defensores de derechos humanos,
trabajadores de prensa y los testigos de cargo declarantes en las
causas que instruyen en éste Juzgado”.
El juez federal Guido Otranto lo rechazó.
La
hora de Gendarmería y Noceti
Saquero
sufrió una descompensación durante el último allanamiento en la Pu
Lof, donde retuvieron con precintos a los integrantes de la
comunidad, entre ellos el principal testigo de la causa, Matías
Santana. Luego de varios días de reposo, Saquero se dirigió a
la Fiscalía Federal para saber las novedades en el expediente de
desaparición forzada. Allí se encontró con esta noticia, que
cuenta en diálogo con lavaca.
-¿Qué
pasó?
-Vamos
con nuestro abogado para ver cómo habían avanzado las causas
respecto a las escuchas de los teléfonos de los gendarmes. Son más
de 200 horas de escuchas, un trabajo arduo, para analizar. El abogado
me dice: “Mirá lo que encontré”. Era algo que uno supone que
puede pasar, pero a uno no le había tocado todavía. El aparato
tiene una lógica impecable: es un informe del 4 de agosto -mismo
día que se abre la audiencia de habeas corpus en el Juzgado Federal-
con datos de mi vehículo y otros personales, que dice “Agrupación
Chubut”. Es Gendarmería. El mismo día en que a la audiencia de
habeas se presentaba el jefe del Escuadrón de El Bolsón, estaban
metiéndome y presentaban en el expediente un informe de espionaje,
con fotos de alguna manifestación. Eso no viene solo: viene
dentro de un cuerpo de Policía Federal y aparece en un contexto
donde estaba habiendo manifestaciones en Bariloche por la liberación
de Facundo Jones Huala.
-¿Dice
“Policía Federal”?
-Así
encabeza el cuerpo. Surge dentro de las escuchas telefónicas que van
señalando estos expedientes. Y en una parte ponen “comunicaciones
de la Agrupación Chubut”, y ahí aparecemos nosotros. Lo
incorporaron a partir de las escuchas, pero nosotros no sabíamos de
esto. Afectan así tu seguridad personal. El auto que fotografiaron
es un vehículo que utiliza toda mi familia, y no es tan fácil
manejar por estas rutas. Precisamente esto habíamos denunciado en el
habeas corpus preventivo que rechazó el juez Otranto.
-¿Esto
demuestra que no era paranoia sino prevención ante posibles
actuaciones ilegales?
-Exactamente.
Y se sumaba con presentaciones de otras querellas en Naciones Unidas
y la CIDH. Hay una medida cautelar vigente y eso quiere decir
que está vigente una medida de protección para familiares y para la
comunidad mapuche. Se supone que deberíamos tener esa protección
cautelar, que otra vez la APDH está presentando ante Naciones
Unidas. Los testigos están con temor, y si aún no se han
presentado a la Justicia es porque se sienten perseguidos, tanto los
integrantes de la comunidad como los amigos de Santiago de El Bolsón.
Nosotros todo este tiempo hemos hecho ese trabajo de protección
durante los rastrillajes, allanamientos y en cada presentación de
testigos en Tribunales. No hemos tenido hasta el momento ningún
tipo de cooperación desde la fiscalía o el juzgado federal. No
puede ser: las reglas del juego están siendo vulneradas por quienes
deben protegernos. No es para
victimizarse, no es personal. Lo que siento es que no se le da
importancia. Y todo este hostigamiento culmina con el
principal testigo, Matías Santana, a quien en el último
allanamiento lo tuvieron delante del juez y la fiscal precintado y
tirado en el suelo durante 12 horas. Fue ahí que me descompensé
de la indignación. Fue porque vi eso. Le dije al juez y a la fiscal
que por razones humanitarias debían sacárselo, porque las manos
ya estaban agarrotadas después de tantas horas. Pedí que, al menos,
le pusieran las manos adelante. “No ha lugar”, me dijo la fiscal.
¿Por qué razón? Me dice: “Porque se negó a identificarse”.
¡Ya lo conocían porque había ido a declarar! Eso es hostigamiento
y tortura. Y todo lo estaba presidiendo el funcionario Gonzalo
Cané ( secretario del Ministerio de Seguridad de nación) que ya
tendría que haber renunciado.
-¿Se
comunicó el nuevo juez con ustedes?
-No
aún. Sé que se ha comunicado con la familia, que era algo
imprescindible. Esperamos que apenas se instale podamos mantener
una relación normal con él. Esto es parte de la nueva etapa.
Queremos que las reglas sean claras para todos. ¿Nos van a
investigar a nosotros o a los responsables inmediatos, que señalamos
desde el primer momento, que es Gendarmería y también Pablo Noceti?
Hay elementos para empezar a indagarlos seriamente. Y creo que ya es
momento de hacerlo.
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